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En la Corte Suprema de Justicia no salen todavía de la sorpresa que les provocó la decisión que tomó vía tutela la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ordenando separar al magistrado Ariel Torres del proceso penal que avanza contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por parapolítica en la Sala de Primera Instancia del alto tribunal. La insólita decisión no solo acusa sin prueba alguna al magistrado de la filtración del borrador del fallo en medios de comunicación en julio de este año, sino que le pidió a la Corte hacer una nueva ponencia “diferente” a esa, sin tener conocimiento alguno del proceso penal.
Como pocas veces lo hace, la Corte Suprema de Justicia en pleno respondió a esta decisión en un comunicado público, en el que afirmó que la Sala Disciplinaria no era competente para estudiar la tutela que presentó la defensa de Luis Alfredo Ramos, ya que quien conoce de tutelas dirigidas contra decisiones tomadas por las salas de la Corte Suprema es la sala siguiente en orden alfabético de la misma Corte. Se suma que, desde la reforma de equilibrio de poderes, esa la Sala Disciplinaria dejó de existir y la reemplazó la Comisión de Disciplina Judicial. Como esta última no se ha podido conformar, la Sala Disciplinaria ha seguido funcionando en interinidad con magistrados que incluso ya terminaron sus períodos, como Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, que llevan 11 años en sus cargos (los periodos son de máximo 8 años).
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De hecho, quien proyectó la inédita decisión de separar del cargo a Ariel Torres el pasado 28 de septiembre fue Julia Emma Garzón, quien desde agosto tiene una orden explícita de la Corte Constitucional de salir del cargo junto con Sanabria. El tribunal constitucional tomó la decisión al estimar que estaban provocando un bloqueo inconstitucional a la Comisión de Disciplina y, sin embargo, los dos magistrados “eternos” se limitaron a dejar sus cargos “a disposición del Congreso” el pasado 21 de septiembre —una semana antes de que se profiriera la decisión del caso Ramos—. Para la Corte Suprema, esta situación es inaudita y es claro que la interinidad mina la credibilidad de la Sala Disciplinaria y deslegitima sus competencias.
Así, la Corte acató la tutela, procedió a separar a Ariel Torres del caso y sorteó como nuevo ponente al magistrado Jorge Caldas, quien deberá definir cómo proceder en este caso que ya tiene sentido de fallo proyectado, según reveló Noticias Uno, con una condena a 19 años de prisión para el político antioqueño. Según la Corte Suprema, es inexplicable que el fallo de tutela pida hacer una ponencia diferente a la que se filtró (sin que, además, se tenga certeza de su veracidad). El magistrado Torres, además, solicitó la nulidad del fallo de tutela en un fuerte pronunciamiento dirigido a Julia Emma Garzón, en el que advierte primero que la publicación de julio de 2020 de Noticias Uno no afecta su imparcialidad como juez del caso.
Entre otros, porque la ponencia se radicó en marzo, es decir, cuatro meses antes de la publicación de Noticias Uno. “De anotar, además, que los fragmentos de la noticia no contienen la valoración plena de la prueba realizada en la ponencia, sino extractos descontextualizados de un documento que nadie sabe si es el proyecto que está en estudio por los demás magistrados de la Sala”, advirtió Torres en documento conocido por El Espectador. El magistrado afirmó que la divulgación de una noticia “en modo alguno podría tener la potencialidad de generar presión en el suscrito, puesto que el proyecto de fallo fue registrado con mucha anterioridad a la supuesta filtración, plasmando mi criterio independiente e imparcial como corresponde proceder a un juez de la República, ni incidir en las discusiones en el seno de la Sala”.
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El magistrado además cuestiona que en la decisión no se tuviera en cuenta como un episodio diferente la filtración del 20 de enero de 2018 de una ponencia que habría proyectado la Sala Penal de la Corte Suprema, cuando el caso de Luis Alfredo Ramos estaba allí, antes que se creara la doble instancia en el alto tribunal y el expediente se enviara a la Sala de Primera Instancia. Cuestionó que la tutela se presentara cuando estaba en trámite la recusación en su contra que presentó la defensa de Ramos y que se negó el 5 de agosto de 2020. “Es claro que ninguna afectación a la imparcialidad, independencia y debido proceso podía presentarse en este caso, si se da en considerar que la decisión es colegiada y no unipersonal, y que un proyecto es apenas eso, un documento de trabajo para discutir [...] con los demás integrantes de la Corporación”, dijo.
“No puedo menos que rechazar enfáticamente el señalamiento realizado por la Sala Disciplinaria, pues de manera infundada y con falta de consideración y ligereza, sindica al suscrito de ser el autor de una supuesta filtración, sin darse a la tarea de indicar el medio de conocimiento del que derivó la afirmación de que la mencionada conducta efectivamente tuvo realización, así como de la participación que pude haber tenido en ese hecho. (…) Es más, en la decisión demeritada se habla de la supuesta publicación de una «providencia», más no de un proyecto, pero no se indica el elemento probatorio del cual se infiera directa o indirectamente que como ponente fallé en la custodia de éste, o que incumplí algún específico deber funcional”, agregó.
Para Ariel Torres, lo más grave de la decisión de la Sala Disciplinaria son las consecuencias que el fallo puede tener en otros procesos judiciales, pues en este caso la Sala de Primera Instancia ya había desestimado en derecho dos recusaciones que presentó la defensa de Ramos pidiendo apartarlo del caso. Esa era la vía legal que tenía el exgobernador para presentar sus reparos sobre el juez que lo investigaba y con este fallo de tutela se permite que una autoridad externa al proceso, que desconoce sus pormenores, saque del mismo a quien funge como ponente. Esto, en palabras de Torres, es “arbitrario” y podría llevar a que otros procesados busquen formas ilegales de acceder a información reservada y publicarla para cambiar a sus jueces.
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“Al separarme arbitrariamente del conocimiento del asunto, ni más ni menos se da en cohonestar la alternativa de que sea el procesado quien escoja su juez natural y no el normativamente preestablecido, lo cual tiene repercusiones insospechadas en el sistema jurídico que nos rige, conduciría, hipotéticamente, a que cualquier sujeto procesal por medios ilegales y ante la maleabilidad de algún servidor público insensato, lograran acceder a información privilegiada de un asunto sometido a reserva con el fin de publicarlo y así utilizarlo para de este modo sacar del camino al funcionario judicial que supuestamente resolvería en contra de particulares intereses, y dar lugar a que la actuación sea entregada a otro que pudiere brindarle un tratamiento favorable”, afirmó.
“Esta situación no puede tolerarse, mucho menos callarse”, agregó el magistrado Torres al solicitar la nulidad que pide que sea resuelta antes de enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. El magistrado además insistió en que Luis Alfredo Ramos tenía otro medio de defensa judicial, diferente a la tutela, para pedir la separación del cargo del magistrado ponente: la recusación. Figura a la que acudió el exgobernador sin éxito. Sin antecedente alguno, y sin que el Congreso haya tomado una decisión sobre los cargos de Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón, ahora la Sala Disciplinaria deberá responder a esta petición de nulidad de la controversial decisión que originó un verdadero choque de trenes.