Medellín desde la comuna 13
Aunque cifras de seguridad, como la del índice de homicidios, mejoran en la capital antioqueña, delegados de la Personería advierten un “reacomodamiento de poder” y otros factores de riesgo.
Redacción Judicial
“Yo no quiero hablar. Para qué, si dicen que aquí en la Comuna 13 no pasa nada. Ayer mataron a un amigo mío y estamos buscando plata para enterrarlo”, fue una de las lacónicas respuestas que recibió El Espectador al averiguar por denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos en este controvertido sector de Medellín. Denuncias ahora asociadas con nuevos operativos en la comuna, tal como hace cinco años ocurrió con la Operación Orión.
La Operación Independencia, en la que se desplegaron más de 1.000 hombres de la fuerza pública, revivió este diciembre un capítulo imborrable de la Comuna 13 y la ciudad de Medellín. Para algunos líderes que residen en esta zona —en la que habitan cerca de 130.000 habitantes—, la supuesta imagen de paz post-Orión, que fue promovida por varios sectores estatales, no corresponde a la realidad de muchos barrios, aunque es palpable el optimismo por los avances en materia de seguridad e inversión social.
Muchos analistas se preguntan por qué, mientras se habla del ‘control’ de la fuerza pública, cinco años después de la Operación Orión se sigue denunciando la existencia de zonas vedadas, vacunas, enfrentamiento entre bandas, disputa territorial, reclutamiento juvenil y desplazamiento intraurbano forzado. “Después de Orión las estructuras paramilitares siguen intactas en Medellín. Ahora no son utilizadas como fuerza contrainsurgente, pero sí ejercen presión sobre las comunidades”, señala el delegado de la Personería para los Derechos Humanos, Jorge Ceballos.
Tanto la fuerza pública como los delegados de la secretaría de Gobierno de Medellín no desconocen la problemática y admiten que hay presencia de bandas. No obstante, ambos organismos y la propia Personería recalcan que el fenómeno no es particular de la Comuna 13 ni mucho menos nuevo frente al resto de la ciudad, sino más bien un asunto que toma relevancia por el estigma de violencia que permanece en la zona desde que se presentó la retoma por parte de la fuerza pública en 2002, en los orígenes mismos de la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe Vélez.
Y del informe anual de la Personería de Medellín se desprenden nuevas alarmas que una vez más ponen en primer plano a esta zona. A pesar de que es la comuna con mayor presencia de fuerza pública por persona —en total, más de 600 efectivos entre Policía y Ejercito—, paradójicamente también es el sector que, después de la Comuna 12, sufrió el mayor incremento en homicidios durante este año y de donde más personas tuvieron que salir desplazadas.
De los 1.027 casos de personas que tuvieron que dejar sus viviendas por hostigamientos, 298 denuncias —el 29%— provenían de la Comuna 13. La mitad de los casos denunciados ante la Personería ocurrieron entre los meses de octubre y noviembre. Cerca de 20 familias han tenido que abandonar sus casas en el Sector Seis del barrio El Salado. La Personería también reveló que, mientras hacia finales de octubre se habían reducido los homicidios en Medellín en 14,4%, en comparación con el mismo lapso del año pasado, en la Comuna 13 aumentaron 24,3%.
Aunque estas estadísticas —en particular la del desplazamiento intraurbano—, según la Personería, pueden explicarse por una mayor facilidad para denunciar, las nuevas alertas de defensores de derechos humanos y el concepto de los analistas coinciden con un diagnóstico desfavorable de los habitantes de la comunidad.
¿Estigma o realidad?
“Esto siempre ha estado maluco y de unos días para acá viene empeorando”, sostiene Amalia Cifuentes*, habitante del barrio La Independencia Número Dos. Residentes del sector de El Salado también coinciden en que, de un año para acá, y en especial en los últimos tres meses, viene ocurriendo un rebrote de violencia. En El Salado fueron capturadas varias personas en la llamada Operación Independencia que realizaron las autoridades a principios de este mes.
Tanto Amalia como Carmina Torrado*, una líder juvenil, concuerdan en que quienes han formado bandas son los mismos jóvenes que siempre han vivido en el sector, muchos de los cuales no superan la mayoría de edad y principalmente combaten por el control territorial. “Cada vez un número más elevado de niños, e incluso niñas, cuyas edades oscilan entre los 10 y los 18 años, participan en actividades como el transporte de armas, la vigilancia de expendios de droga, la comisión de asesinatos selectivos y el cobro esporádico de vacunas”, informó el Instituto para la Capacitación Popular.
Torrado tiene dos hermanos y, aunque ninguno de ellos ha recibido amenazas, ambos viven fuera de la Comuna 13. Ella y su familia temían que fueran vinculados a estos grupos y desde hace unos meses ya no viven con ellos. Este tipo de desplazamiento intraurbano forma parte del gran subregistro.
La preocupación de la familia Torrado se basa en hechos donde jóvenes que simplemente se rehúsan a vincularse a estos grupos, han terminado asesinados. Habitantes de El Salado le contaron a El Espectador que éste fue el caso de un joven de 16 años, proveniente de Chocó. En el barrio lo conocían como ‘Kiko’ y fue torturado frente a los ojos de la comunidad. Más tarde apareció muerto en el barrio Eduardo Santos.
Entretanto, sigue preocupando que algunas de las denuncias que se originan en distintos puntos de la ciudad se produzcan por un intento de reclutamiento juvenil. “El 10 de octubre, jóvenes de la Comuna 13 fueron reunidos por un sujeto que dijo pertenecer a la banda Los Triana y, tras enseñarles una cantidad de dinero y armas, les ofreció trabajar para dicha organización. De otro lado, en el mismo sector, un hombre que dijo ser desmovilizado presionó a algunos muchachos para que trabajaran para ellos; se indicó que quienes se niegan son golpeados, amenazados e incluso obligados a desplazarse”, dice uno de los apartes del informe de la Personería.
Estos grupos, conformados por jóvenes, han dibujado un mapa invisible que sería muy peligroso ignorar. Medellín ha venido trabajando con 139 jóvenes del barrio Las Independencias en un proceso de acompañamiento similar al de reinserción, y a pesar de que fuentes oficiales sostengan que los territorios controlados por ellos ya no son tan comunes, gente de la comunidad cuenta que el temor en algunas zonas es evidente y han sido varios los asesinados por no ‘respetar’ los ‘límites’ entre los barrios.
Son varios los factores de riesgo que podrían estar presentes no sólo en la Comuna 13, sino en otros puntos de la ciudad. Sobre todo, peligrosos para los jóvenes. Esta es una alarma temprana que tendrá que capotear el próximo gobierno de Alonso Salazar, un hombre que en la época más violenta de Medellín escribía la historia de unos jóvenes que confesaban no haber nacido pa’ semilla, una generación pérdida con la que se escribió una historia que la ciudad se niega a repetir.
¿Quiénes están detrás?
Son muchos los rumores. Y existe uno particular: el de la guerra de información que se extiende a toda la ciudad.
Fuentes policiales informaron que el llamado grupo ‘Cocuyo’, ‘Renacer’ o ‘Los negros’, como se les empezó a llamar en la comunidad, jamás operó en la zona, pero habitantes del barrio La Independencia denunciaron la publicación de una lista negra. La secretaría de Gobierno de Medellín y la fuerza pública explicaron el fenómeno como una proliferación de bandas o combos de delincuencia común. No obstante, las alarmas están prendidas debido a rumores de posibles planes para conformar bandas o transar con las existentes.
Se comenta que algunos desmovilizados de las Auc estarían propiciando la creación o integración de estas bandas, como habría ocurrido con organizaciones ilegales como la de Los Triana, la de ‘Don Mario’ —hermano mayor del paramilitar ‘El Alemán’—.
Y algo más: se dice que integrantes del cartel del norte del Valle, comandado por Wílber Varela, ‘Jabón’, ha empezado a reclutar jóvenes en las comunas que podrían enfrentarse con la temible Oficina de Envigado, en momentos en que delegados de la Personería advierten un reacomodamiento de poderes.
* Nombres cambiados.
“Yo no quiero hablar. Para qué, si dicen que aquí en la Comuna 13 no pasa nada. Ayer mataron a un amigo mío y estamos buscando plata para enterrarlo”, fue una de las lacónicas respuestas que recibió El Espectador al averiguar por denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos en este controvertido sector de Medellín. Denuncias ahora asociadas con nuevos operativos en la comuna, tal como hace cinco años ocurrió con la Operación Orión.
La Operación Independencia, en la que se desplegaron más de 1.000 hombres de la fuerza pública, revivió este diciembre un capítulo imborrable de la Comuna 13 y la ciudad de Medellín. Para algunos líderes que residen en esta zona —en la que habitan cerca de 130.000 habitantes—, la supuesta imagen de paz post-Orión, que fue promovida por varios sectores estatales, no corresponde a la realidad de muchos barrios, aunque es palpable el optimismo por los avances en materia de seguridad e inversión social.
Muchos analistas se preguntan por qué, mientras se habla del ‘control’ de la fuerza pública, cinco años después de la Operación Orión se sigue denunciando la existencia de zonas vedadas, vacunas, enfrentamiento entre bandas, disputa territorial, reclutamiento juvenil y desplazamiento intraurbano forzado. “Después de Orión las estructuras paramilitares siguen intactas en Medellín. Ahora no son utilizadas como fuerza contrainsurgente, pero sí ejercen presión sobre las comunidades”, señala el delegado de la Personería para los Derechos Humanos, Jorge Ceballos.
Tanto la fuerza pública como los delegados de la secretaría de Gobierno de Medellín no desconocen la problemática y admiten que hay presencia de bandas. No obstante, ambos organismos y la propia Personería recalcan que el fenómeno no es particular de la Comuna 13 ni mucho menos nuevo frente al resto de la ciudad, sino más bien un asunto que toma relevancia por el estigma de violencia que permanece en la zona desde que se presentó la retoma por parte de la fuerza pública en 2002, en los orígenes mismos de la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe Vélez.
Y del informe anual de la Personería de Medellín se desprenden nuevas alarmas que una vez más ponen en primer plano a esta zona. A pesar de que es la comuna con mayor presencia de fuerza pública por persona —en total, más de 600 efectivos entre Policía y Ejercito—, paradójicamente también es el sector que, después de la Comuna 12, sufrió el mayor incremento en homicidios durante este año y de donde más personas tuvieron que salir desplazadas.
De los 1.027 casos de personas que tuvieron que dejar sus viviendas por hostigamientos, 298 denuncias —el 29%— provenían de la Comuna 13. La mitad de los casos denunciados ante la Personería ocurrieron entre los meses de octubre y noviembre. Cerca de 20 familias han tenido que abandonar sus casas en el Sector Seis del barrio El Salado. La Personería también reveló que, mientras hacia finales de octubre se habían reducido los homicidios en Medellín en 14,4%, en comparación con el mismo lapso del año pasado, en la Comuna 13 aumentaron 24,3%.
Aunque estas estadísticas —en particular la del desplazamiento intraurbano—, según la Personería, pueden explicarse por una mayor facilidad para denunciar, las nuevas alertas de defensores de derechos humanos y el concepto de los analistas coinciden con un diagnóstico desfavorable de los habitantes de la comunidad.
¿Estigma o realidad?
“Esto siempre ha estado maluco y de unos días para acá viene empeorando”, sostiene Amalia Cifuentes*, habitante del barrio La Independencia Número Dos. Residentes del sector de El Salado también coinciden en que, de un año para acá, y en especial en los últimos tres meses, viene ocurriendo un rebrote de violencia. En El Salado fueron capturadas varias personas en la llamada Operación Independencia que realizaron las autoridades a principios de este mes.
Tanto Amalia como Carmina Torrado*, una líder juvenil, concuerdan en que quienes han formado bandas son los mismos jóvenes que siempre han vivido en el sector, muchos de los cuales no superan la mayoría de edad y principalmente combaten por el control territorial. “Cada vez un número más elevado de niños, e incluso niñas, cuyas edades oscilan entre los 10 y los 18 años, participan en actividades como el transporte de armas, la vigilancia de expendios de droga, la comisión de asesinatos selectivos y el cobro esporádico de vacunas”, informó el Instituto para la Capacitación Popular.
Torrado tiene dos hermanos y, aunque ninguno de ellos ha recibido amenazas, ambos viven fuera de la Comuna 13. Ella y su familia temían que fueran vinculados a estos grupos y desde hace unos meses ya no viven con ellos. Este tipo de desplazamiento intraurbano forma parte del gran subregistro.
La preocupación de la familia Torrado se basa en hechos donde jóvenes que simplemente se rehúsan a vincularse a estos grupos, han terminado asesinados. Habitantes de El Salado le contaron a El Espectador que éste fue el caso de un joven de 16 años, proveniente de Chocó. En el barrio lo conocían como ‘Kiko’ y fue torturado frente a los ojos de la comunidad. Más tarde apareció muerto en el barrio Eduardo Santos.
Entretanto, sigue preocupando que algunas de las denuncias que se originan en distintos puntos de la ciudad se produzcan por un intento de reclutamiento juvenil. “El 10 de octubre, jóvenes de la Comuna 13 fueron reunidos por un sujeto que dijo pertenecer a la banda Los Triana y, tras enseñarles una cantidad de dinero y armas, les ofreció trabajar para dicha organización. De otro lado, en el mismo sector, un hombre que dijo ser desmovilizado presionó a algunos muchachos para que trabajaran para ellos; se indicó que quienes se niegan son golpeados, amenazados e incluso obligados a desplazarse”, dice uno de los apartes del informe de la Personería.
Estos grupos, conformados por jóvenes, han dibujado un mapa invisible que sería muy peligroso ignorar. Medellín ha venido trabajando con 139 jóvenes del barrio Las Independencias en un proceso de acompañamiento similar al de reinserción, y a pesar de que fuentes oficiales sostengan que los territorios controlados por ellos ya no son tan comunes, gente de la comunidad cuenta que el temor en algunas zonas es evidente y han sido varios los asesinados por no ‘respetar’ los ‘límites’ entre los barrios.
Son varios los factores de riesgo que podrían estar presentes no sólo en la Comuna 13, sino en otros puntos de la ciudad. Sobre todo, peligrosos para los jóvenes. Esta es una alarma temprana que tendrá que capotear el próximo gobierno de Alonso Salazar, un hombre que en la época más violenta de Medellín escribía la historia de unos jóvenes que confesaban no haber nacido pa’ semilla, una generación pérdida con la que se escribió una historia que la ciudad se niega a repetir.
¿Quiénes están detrás?
Son muchos los rumores. Y existe uno particular: el de la guerra de información que se extiende a toda la ciudad.
Fuentes policiales informaron que el llamado grupo ‘Cocuyo’, ‘Renacer’ o ‘Los negros’, como se les empezó a llamar en la comunidad, jamás operó en la zona, pero habitantes del barrio La Independencia denunciaron la publicación de una lista negra. La secretaría de Gobierno de Medellín y la fuerza pública explicaron el fenómeno como una proliferación de bandas o combos de delincuencia común. No obstante, las alarmas están prendidas debido a rumores de posibles planes para conformar bandas o transar con las existentes.
Se comenta que algunos desmovilizados de las Auc estarían propiciando la creación o integración de estas bandas, como habría ocurrido con organizaciones ilegales como la de Los Triana, la de ‘Don Mario’ —hermano mayor del paramilitar ‘El Alemán’—.
Y algo más: se dice que integrantes del cartel del norte del Valle, comandado por Wílber Varela, ‘Jabón’, ha empezado a reclutar jóvenes en las comunas que podrían enfrentarse con la temible Oficina de Envigado, en momentos en que delegados de la Personería advierten un reacomodamiento de poderes.
* Nombres cambiados.