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La Corporación Colectiva Justicia Mujer (CCJM) ha decidido finalizar su contrato con la Alcaldía de Medellín para la prestación del Mecanismo de Defensa Técnica, que brindaba representación legal a 490 mujeres en 580 procesos penales, de protección y disciplinarios por violencias basadas en género (VBG). Esta decisión se debe principalmente a la reducción del presupuesto necesario para ofrecer una atención óptima, pues la Secretaría de las Mujeres de Medellín suspendió el servicio público de asistencia técnico legal y representación jurídica, afectando la capacidad de atender a las víctimas de violencia de género y a las familias que sobreviven a los feminicidios en sus procesos por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Nathalia Álvarez Cadavid, subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer (CCJM), denunció que la disminución del 71 % en los recursos destinados al plan de profesionalización del equipo que atiende a las víctimas ha generado riesgos psicosociales, desmejorado la atención y precarizado las condiciones laborales. Además, criticó las medidas regresivas adoptadas por la Alcaldía, que, según ella, violan la Constitución y exponen a mayores riesgos a las mujeres y al personal encargado de su defensa.
“Con el mecanismo se garantiza el derecho de las mujeres víctimas de violencias basadas en género y de las familias que sobreviven a los feminicidios, a contar con asistencia técnico legal y representación jurídica a lo largo de los procesos en los que demandan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A la actual administración se le sustentó el modelo de atención humanizada y de calidad que se venía implementando y los estándares que lo hacían posible”, dijo la subdirectora.
El servicio público de asistencia técnico legal y representación jurídica para mujeres víctimas de violencias basadas en género estuvo suspendido durante la primera administración del actual alcalde, Federico Gutiérrez. Sin embargo, fue reactivado en 2021, y desde entonces, la Corporación Colectiva Justicia Mujer (CCJM) implementó sus metodologías y prácticas organizativas, logrando prestar el mecanismo de manera ininterrumpida durante más de tres años. En 2021, bajo un contrato de cinco meses, se atendieron a 286 mujeres; en 2022, a 469; en 2023, a 490; y en lo que va, de 2024, a 468.
“Realmente ante la justicia de nuestro país no esperaba mucho, pero he sido afortunada de tener una excelente representación legal de mi apoderada. Recibí más de lo que idealicé y me siento muy agradecida por la profesional que me asignaron, recibí mucho acompañamiento y me sentí muy protegida”, le expresó una de las beneficiarias a la colectiva.
Así mismo, debido a la experiencia de la CCJM, desde 2022 se adecuó el mecanismo para dar respuesta en tiempo récord a las necesidades de las mujeres víctimas de VBG en las instituciones de educación superior públicas con presencia en el distrito, tras evidenciar las enormes brechas de acceso a la justicia que las colectivas estudiantiles posicionaron en el Estallido Feminista. Como resultado se logró un litigio estratégico que adelantó 410 acciones psicojurídicas y de incidencia.
“El Consejo de Estado, en noviembre pasado, declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Alcaldía de Medellín y al ITM, por el lamentable homicidio de la contratista Marjorie Kisner Mira, quien, en desarrollo de su labor fue asesinada, en 2008. Con la reducción del 71% del presupuesto dirigido a mitigar los riesgos que afrontan las contratistas del mecanismo, la Alcaldía desconoce la orden judicial de garantizar la no repetición de tan dolorosos hechos. Hacemos un llamado a la institucionalidad, para que suspenda las medidas regresivas, mantenga la calidad de la atención a las víctimas, el cuidado del equipo y le cuente a la ciudad sobre la idoneidad de la institución que implementará en el futuro este servicio”, concluyó Álvarez Cadavid.
La CCJM ha finalizado su relación con la Secretaría tras cumplir el contrato vigente, dejando un legado de más de 238 decisiones jurisdiccionales favorables y un 94 % de satisfacción entre las beneficiarias. Por esta razón, la organización hace un llamado a las autoridades para que se garantice la calidad del servicio y la seguridad del equipo, mientras persisten las críticas hacia la administración por la falta de compromiso con la protección de las víctimas y el incumplimiento de órdenes judiciales.
Justicia Mujer es el primer bufete interdisciplinario en Antioquia especializado en justicia, género y derechos de las mujeres. En sus nueve años, ha alcanzado a más de 2´000.000 de personas, y desde su Centro de Justicia, que opera desde 2021, ha gestionado 524 casos y representado a 252 mujeres. La colectiva afirma que seguirá defendiendo las necesidades de las mujeres a través de la asesoría psicosocial y la representación en casos de violencias basadas en género, además de ofrecer formación en atención y prevención.
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