Médico y enfermera son acusados de practicar abortos a integrantes del Eln en Arauca

Se les imputaron los delitos de aborto sin consentimiento, rebelión, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.

Foto: Fiscalía

El médico Carlos Antonio Valdés Zuluaga y la enfermera Bellany Castro Quintero, fueron acusados por la Fiscalía por, supuestamente, practicar abortos a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Según el ente investigador, los dos profesionales de la salud atendían y ayudaban a miembros de esta guerrilla en un centro médico de Saravena (Arauca). Además, el ente acusador los señaló de haber ido hasta Venezuela a capacitar a algunos guerrilleros.

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La ayuda que, según la Fiscalía, habrían brindado estas dos personas, sería a la estructura Ernesto ‘Che’ Guevara del Eln. El hombre sería el gerente de una clínica de Saravena (Arauca) y profesional adscrito al hospital municipal; mientras que la mujer, el ente acusador, la identifica como alias La Caballota, Bella o Gladys.

Estas dos personas prestarían los servicios de salud a los guerrilleros siguiendo las instrucciones de William Efraín Higuera Chacón, “señalado de comunicar las instrucciones de los cabecillas y de transportar a las personas que harían parte del grupo ilegal”, dice la Fiscalía.

De acuerdo con lo manifestado por el ente investigador, “los dos profesionales de la salud, al parecer, facilitaban el ingreso a los centros asistenciales de integrantes del ELN heridos o con graves enfermedades tropicales”, dándoles un trato preferencial. La Fiscalía asegura tener evidencia de que “habrían viajado a los campamentos de la estructura criminal en Venezuela para realizar tratamientos, dar capacitaciones en diversos temas de salud y llevar dinero”.

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Dentro de la audiencia, la Fiscalía presentó el testimonio de una mujer que, al parecer, abandonó el grupo armado, quien asegura haber sido víctima del médico y la enfermera. Según el testimonio, ellos le habrían practicado el aborto no consentido. En el mismo relato, la mujer asegura que fue testigo de al menos 40 procedimientos más, en el que las dos personas habrían interrumpido embarazos a la fuerza. La mayoría de víctimas, dice la Fiscalía, habrían sido menores de edad.

Las pruebas de la investigación darían cuenta de que estos presuntos hechos han ocurrido desde 2014 a la fecha. La imputación que hizo el ente investigador fue por los delitos de aborto sin consentimiento, rebelión, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.

En el caso de Higuera Chacón, solo se le imputó por rebelión. Ninguno de los tres aceptó los cargos. Las tres personas fueron puestas bajo medida de aseguramiento en sus domicilios “al considerar que no registraban antecedentes judiciales y tenían arraigo”, explicó el ente acusador.

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