Medidas cautelares por disputa de tierras benefician a 16 pueblos indígenas del Amazonas

Que a los indígenas de Colombia se les devuelvan las tierras que la guerra les quitó, es una tarea titánica que lleva ya décadas sin resolverse. En el Amazonas, por ejemplo, hay por lo menos cinco resguardos legalmente constituidos que desde 1985 están tratando de que el Estado reconozca que dos predios, de más de 11 mil hectáreas, hacen parte de la comunidad que ha estado allí desde hace siglos, entre los que están indígenas yucunas, macunas, tanimucas, cubeos, mirañas, carijoas, boraa y matapís.

Una decisión del Juzgado de Restitución de Tierras de Cundinamarca, emitida el pasado 14 de marzo, es la primera de una serie de decisiones judiciales encaminadas a restituir la tierra de por lo menos 16 pueblos indígenas asentados en el corregimiento de La Pedrera y Mirití Paraná, en las cuencas del río Caquetá, el Mirití y el Apaporis, justo donde Colombia se conecta con Brasil. Tras una petición de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para proteger con medidas cautelares a la comunidad, el Juzgado accedió a la petición y falló en favor de los indígenas.

La petición de la URT se presentó a finales del año pasado cuando, en su investigación para comenzar el proceso formal de restitución, la entidad se dio cuenta de que un “mestizo” había vendido parte de la tierra que reclaman los indígenas a una persona completamente ajena a la región. “No lo conocíamos. Después de un tiempo, el terreno comenzó a ser una planta de distribución de droga y de minería ilegal. Eran los duros en eso”, relató a El Espectador Hernando*, miembro de la comunidad, quien tuvo que salir de la zona y dejar su trabajo por amenazas.

Antes de la venta, la tierra en disputa estuvo desde 1985 en los registros del Estado como terreno baldío. En esa época, cuando el Incora formalizó el territorio indígena, que desde entonces representan las Asociación de Capitanes Indígenas de Mirití Amazonas (Acima) y la Asociación de Autoridades Indígenas de Pedrera Amazonas (Aipea), no incluyó los dos terrenos de la pelea. Ni el Tribunal que estudió la petición, ni los indígenas, ni investigadores expertos en estos pueblos encuentran una explicación sensata a esta omisión del Incora.

La magistrada ponente de este caso, Dora Elena Gallego, advirtió del peligro que corre este terreno en manos de colonos y, todavía peor, bajo el control de grupos armados ilegales, dueños de las rutas de narcotráfico entre el sur del país y Brasil. Desde 2014, dice el fallo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha reseñado que en esta región grupos como Los Caqueteños y las Fuerzas Irregulares Armadas de Colombia (que son desmovilizados del Erpac) son quienes controlan la salida de cocaína y marihuana hacia el Brasil.

Además, recuerda el fallo, esta zona del país estuvo históricamente ocupada por el Frente Primero de las Farc y, como lo reseñó la agencia AFP, desde septiembre del año pasado se han asentado disidentes de la guerrilla que no se han querido acoger al proceso de paz. Según Hernando, son ellos quien conforman un anillo de seguridad sobre el terreno que llevan reclamando más de 31 años y que hoy es utilizado para actividades ilegales.

“Nosotros quisimos acercarnos a los invasores para mermar las amenazas y poder vivir tranquilos. Fue imposible. Después de que se enteraron de que yo impulsé la petición de las medidas cautelares, me empezaron a llamar y a preguntarme que en dónde estaba y a qué hora volvía a mi casa”, comentó Hernando, quien tomó la decisión de salir de la zona y dejar su trabajo. La Unidad Nacional de Protección (UNP) analizó su caso y hoy vive amarrado a un chaleco antibalas, un botón de pánico y un esquema de seguridad.

En conversación con El Espectador, Hernando confesó que la situación en la que está su comunidad es dramática pues en la tierra, el elemento fundamental de su cultura, se instaló la guerra. “Allá están movilizando dos toneladas de droga de dos a tres veces por semana. Cualquier persona en cualquier lugar del país, defendería su territorio. Nadie va a permitir que en su casa se propague la guerra. Esa es la lucha que tenemos, aun cuando se habla de que llegó la hora de paz”.

“Es preciso que el Estado les brinde (a los indígenas) toda la protección necesaria para garantizar sus derechos fundamentales y, en igual sentido, se definan las medidas necesarias para proteger el territorio colectivo y garantizar la vida y la integridad de las demás autoridades y personas indígenas miembros de las asociaciones Acimay Aipea, en situación de riesgo”, dice el fallo, en el que además se consignó una orden a la Defensoría y la UNP para que en tres meses formulen y ejecuten un Plan de Protección Colectivo para estos resguardos históricamente acechados por la guerra.

“La Agencia Nacional de Tierras empezó a trabajar en este tema desde antes de este fallo. Ya se profirieron los autos para la apertura de los procesos y las reuniones con la comunidad para iniciar estudios”, le explicó a El Espectador Miguel Samper, director de la Agencia que, en cuanto sea notificada de la decisión judicial, deberá ratificar oficialmente, en un plazo no mayor de seis meses, que los dos predios en disputa son de los indígenas.

*Nombre modificado por solicitud de la persona entrevistada.

Que a los indígenas de Colombia se les devuelvan las tierras que la guerra les quitó, es una tarea titánica que lleva ya décadas sin resolverse. En el Amazonas, por ejemplo, hay por lo menos cinco resguardos legalmente constituidos que desde 1985 están tratando de que el Estado reconozca que dos predios, de más de 11 mil hectáreas, hacen parte de la comunidad que ha estado allí desde hace siglos, entre los que están indígenas yucunas, macunas, tanimucas, cubeos, mirañas, carijoas, boraa y matapís.

Una decisión del Juzgado de Restitución de Tierras de Cundinamarca, emitida el pasado 14 de marzo, es la primera de una serie de decisiones judiciales encaminadas a restituir la tierra de por lo menos 16 pueblos indígenas asentados en el corregimiento de La Pedrera y Mirití Paraná, en las cuencas del río Caquetá, el Mirití y el Apaporis, justo donde Colombia se conecta con Brasil. Tras una petición de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para proteger con medidas cautelares a la comunidad, el Juzgado accedió a la petición y falló en favor de los indígenas.

La petición de la URT se presentó a finales del año pasado cuando, en su investigación para comenzar el proceso formal de restitución, la entidad se dio cuenta de que un “mestizo” había vendido parte de la tierra que reclaman los indígenas a una persona completamente ajena a la región. “No lo conocíamos. Después de un tiempo, el terreno comenzó a ser una planta de distribución de droga y de minería ilegal. Eran los duros en eso”, relató a El Espectador Hernando*, miembro de la comunidad, quien tuvo que salir de la zona y dejar su trabajo por amenazas.

Antes de la venta, la tierra en disputa estuvo desde 1985 en los registros del Estado como terreno baldío. En esa época, cuando el Incora formalizó el territorio indígena, que desde entonces representan las Asociación de Capitanes Indígenas de Mirití Amazonas (Acima) y la Asociación de Autoridades Indígenas de Pedrera Amazonas (Aipea), no incluyó los dos terrenos de la pelea. Ni el Tribunal que estudió la petición, ni los indígenas, ni investigadores expertos en estos pueblos encuentran una explicación sensata a esta omisión del Incora.

La magistrada ponente de este caso, Dora Elena Gallego, advirtió del peligro que corre este terreno en manos de colonos y, todavía peor, bajo el control de grupos armados ilegales, dueños de las rutas de narcotráfico entre el sur del país y Brasil. Desde 2014, dice el fallo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha reseñado que en esta región grupos como Los Caqueteños y las Fuerzas Irregulares Armadas de Colombia (que son desmovilizados del Erpac) son quienes controlan la salida de cocaína y marihuana hacia el Brasil.

Además, recuerda el fallo, esta zona del país estuvo históricamente ocupada por el Frente Primero de las Farc y, como lo reseñó la agencia AFP, desde septiembre del año pasado se han asentado disidentes de la guerrilla que no se han querido acoger al proceso de paz. Según Hernando, son ellos quien conforman un anillo de seguridad sobre el terreno que llevan reclamando más de 31 años y que hoy es utilizado para actividades ilegales.

“Nosotros quisimos acercarnos a los invasores para mermar las amenazas y poder vivir tranquilos. Fue imposible. Después de que se enteraron de que yo impulsé la petición de las medidas cautelares, me empezaron a llamar y a preguntarme que en dónde estaba y a qué hora volvía a mi casa”, comentó Hernando, quien tomó la decisión de salir de la zona y dejar su trabajo. La Unidad Nacional de Protección (UNP) analizó su caso y hoy vive amarrado a un chaleco antibalas, un botón de pánico y un esquema de seguridad.

En conversación con El Espectador, Hernando confesó que la situación en la que está su comunidad es dramática pues en la tierra, el elemento fundamental de su cultura, se instaló la guerra. “Allá están movilizando dos toneladas de droga de dos a tres veces por semana. Cualquier persona en cualquier lugar del país, defendería su territorio. Nadie va a permitir que en su casa se propague la guerra. Esa es la lucha que tenemos, aun cuando se habla de que llegó la hora de paz”.

“Es preciso que el Estado les brinde (a los indígenas) toda la protección necesaria para garantizar sus derechos fundamentales y, en igual sentido, se definan las medidas necesarias para proteger el territorio colectivo y garantizar la vida y la integridad de las demás autoridades y personas indígenas miembros de las asociaciones Acimay Aipea, en situación de riesgo”, dice el fallo, en el que además se consignó una orden a la Defensoría y la UNP para que en tres meses formulen y ejecuten un Plan de Protección Colectivo para estos resguardos históricamente acechados por la guerra.

“La Agencia Nacional de Tierras empezó a trabajar en este tema desde antes de este fallo. Ya se profirieron los autos para la apertura de los procesos y las reuniones con la comunidad para iniciar estudios”, le explicó a El Espectador Miguel Samper, director de la Agencia que, en cuanto sea notificada de la decisión judicial, deberá ratificar oficialmente, en un plazo no mayor de seis meses, que los dos predios en disputa son de los indígenas.

*Nombre modificado por solicitud de la persona entrevistada.