Al menos no debe pasar de largo sin rendir homenaje a esos dos héroes contemporáneos de Colombia: el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril, hace 28 años, y el ministro de Justicia Enrique Low Murtra, asesinado el 30 de abril, hace 21 años.
Dos homicidios que marcan el prólogo y el epílogo de una guerra narcoterrorista que tuvo en Pablo Escobar Gaviria a su promotor principal. Un ciclo de violencia que dejó centenares de víctimas inocentes y muchas personalidades de primer orden engrosando el listado de los sacrificados, sin que la justicia hubiese podido castigar debidamente a quienes fueron los principales artífices de tantos actos de barbarie como magnicidios, la mayoría débilmente asomados a la memoria reciente del país.
La presencia de Rodrigo Lara Bonilla en el escenario nacional está asociada a su ingreso al ministerio de Justicia a mediados de 1983, cuando el entonces gobierno de Belisario Betancur trataba de darle forma a sus iniciativas de paz con los grupos insurgentes. Lara, procedente del Nuevo Liberalismo, ingresó al Gobierno con un propósito inmediato: desnudar ante el país al creciente poder del narcotráfico que hábilmente se había mimetizado en la sociedad colombiana.
Una tarea que desde el primer día fue titánica. No era fácil enfrentar a los grandes capos del narcotráfico que vivían a sus anchas y en algunos sectores se codeaban con la flor y nata de la sociedad. Pablo Escobar, por ejemplo, oficiaba como representante a la Cámara por Antioquia. Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, eran los dueños públicos del equipo de fútbol América de Cali que acumulaba títulos. Gonzalo Rodríguez Gacha hacía lo propio en Millonarios. Pocos equipos estaban a salvo de los dineros del narcotráfico.
Y así como el fútbol, en muchos otros sectores legales del país, la mafia se paseaba a sus anchas. El ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla fue el primero que en el Congreso de la República señaló por sus nombres a los capos del narcotráfico. Y también el promotor de la primera cruzada contra sus ejércitos privados, encontrando apoyo en otros tres valientes líderes: el coronel Jaime Ramírez, comandante de la Policía Antinarcóticos, su aliado principal; el juez Gustavo Zuluaga, y el periodista Guillermo Cano, director del diario El Espectador.
Fueron días de abierta confrontación entre el Estado y la mafia, que por primera vez sintió la mano de las autoridades contra su imperio criminal. Pero la reacción del narcotráfico no se hizo esperar. El lunes 30 de abril de 1984, dos jóvenes sicarios al servicio del cartel de Medellín asesinaron al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Al día siguiente, durante el sepelio del dirigente público, el presidente Belisario Betancur le hizo saber al narcotráfico que en defensa de la sociedad, el Estado iba a apelar al tratado de extradición con Estados Unidos.
Firmado en septiembre de 1979, este tratado se había convertido en el detonante de la violencia narcotraficante, pues en aquella época era a lo único que le temían los mafiosos. Y como fue anunciado, el Gobierno Betancur empezó a aplicar la extradición de mafiosos o lavadores de activos a Estados Unidos. Trece colombianos fueron extraditados hasta agosto de 1986 en que hubo cambio de Gobierno. Al sucesor de Rodrigo Lara, el exministro Enrique Parejo, no le tembló la mano para firmar las autorizaciones de extradición de los capturados.
Sin embargo, la acción del Estado provocó una agresiva reacción del narcotráfico que tomó perfiles de terrorismo sin control. Además, la mafia declaró una guerra por aparte a sus principales enemigos. No contenta con haber asesinado al ministro Rodrigo Lara, en menos de dos meses segó la vida de sus tres aliados. El juez – ya magistrado- Gustavo Zuluaga fue asesinado en octubre de 1986; el coronel Jaime Ramírez Gómez corrió la misma suerte en noviembre del mismo año; el periodista Guillermo Cano fue acribillado a tiros en diciembre de ese aciago 1986.
En medio de un país amedrentado por la mafia, a mediados de 1987, hace ya 25 años, asumió como ministro de Justicia Enrique Low Murtra. Un hombre con una hoja de vida impecable que decidía medírsele al reto más complejo de su tiempo en Colombia: enfrentar a la mafia. Y lo hizo con la misma rectitud y deber con que se había desempeñado cuando había oficiado sucesivamente como Contralor del Distrito, Secretario Económico de la Presidencia, Director de Impuestos Nacionales, Rector de la Universidad del Valle, Consejero de Estado o Director del Sena.
Su primera decisión fue salir públicamente a señalar a la mafia y sus conexiones con los grupos de autodefensas como los responsables del magnicidio del máximo dirigente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, ocurrido en octubre de 1987. Después, personalmente se encargó de estructurar la decisión más temida en su momento: las órdenes de captura con fines de extradición contra Pablo Escobar. Gonzalo Rodíguez Gacha y los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa Vásquez. La mafia del narcotráfico nunca le perdonó esta valiente determinación.
Pero además Low Murtra dio otro paso esencial para fortalecer al Estado frente al desafío de los carteles de la droga. A principios de 1988, después del asesinato del entonces procurador Carlos Mauro Hoyos, el ministro Low estructuró el llamado Estatuto para la Defensa de la Democracia, un severo régimen penal para poder enfrentar al narcotráfico. No obstante, la crítica situación personal del ministro por las amenazas contra su vida, obligaron al Gobierno Barco a promover su salida al exterior, pasando a ocupar la embajada de Colombia en Suiza.
Desde el exterior, Low Murtra tuvo que sufrir como los demás colombianos, el terrible 1989 en que la mafia del narcotráfico hizo sentir más que nunca su crueldad. Los carro bombas en diferentes ciudades, los magnicidios de tres candidatos presidenciales –Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro Leongómez- , la explosión de un avió de Avianca con 107 inocentes a bordo, o el ataque con un bus bomba a la sede del DAS en Bogotá causando medio centenar de víctimas mortales. El coletazo del narcoterrorismo y sus aliados en lo oculto.
En agosto de 1990 hubo cambio de Gobierno y la administración de César Gaviria le aplicó una variante a la guerra contra el narcotráfico. La negociación política que tuvo en el sometimiento a la justicia al nuevo modelo en las relaciones Estado-mafia. En ese contexto, los carteles de la droga fueron ablandando a las autoridades hasta lograr un esquema que les permitió saldar sus cuentas judiciales con penas laxas. En el entretanto, el exministro Enrique Low Murtra empezó a vivir su propio drama.
El gobierno Gaviria decidió que no fuera más el embajador de Colombia en Suiza. Low Murtra le hizo saber al Ejecutivo que su situación de seguridad no era la mejor y que le convenía más permanecer en el exterior. Esta sugerencia no fue atendida, y al concluir su misión diplomática, en enero de 1991, Low Murtra regresó al país. Desprotegido, el exministro entró a ocupar un cargo directivo en la Universidad La Salle en Bogotá. Allí empezó a dictar clases como cualquier catedrático universitario.
Pero la mafia que por esos días engañaba al país con el falso sometimiento de Pablo Escobar Gaviria, sus pares y sus secuaces, no le había perdonado a Low Murtra toda la lucha en su contra. En la noche del martes 30 de abril de 1991, hace 21 años, cuando salía de dictar clase de economía, lo asesinaron en momentos en que se aprestaba a abordar un taxi. De inmediato llegaron las lamentaciones y los minutos de silencio, pero la indiferencia también había contribuido a la muerte de este valiente colombiano.
Lo que vino después ya es memoria repisada. Escobar Gaviria se entregó a la justicia el mismo día que la Asamblea Constituyente prohibió la extradición de colombianos. Sólo un año duró en la cárcel y regresó a la clandestinidad para liderar su segunda oleada narcoterrorista, hasta que el Estado, aliado con los buenos los malos y los feos, pudo darlo de baja en diciembre de 1993. Entonces comenzó otro momento de la lucha de la sociedad y el Estado contra el narcotráfico que aportó muchos héroes más, algunos tan olvidados como los dos mártires que Colombia siempre deberá recordar cada 30 de abril.
Por Redacción Judicial
