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En una carta enviada al Gobierno de Juan Manuel Santos, varios miembros del Parlamento Europeo ratificaron su apoyo a la implementación del acuerdo de La Habana, pero manfestaron su preocupación por los crecientes casos de asesinatos a líderes sociales. Según informaron los parlamentarios, cada semana reciben notificaciones de ataques en contra de esta población, y también resaltan que en lo que va del año, cada 48 horas ha sido asesinada una persona que trabaja en la defensa de los derechos humanos.
Según información de la Fiscalía, entre 2017 y 2018 se han registrado 101 casos de homicidio en contra de líderes sociales, políticos y comunales en el país. De igual forma, la misiva de los miembros del Parlamento Europeo destacó que según datos de Front Line Defenders, organización defensora de derechos humanos en riesgo, Colombia es el país más peligroso para el ejercicio de los derechos humanos a nivel mundial, pues, dice la carta, asesinan a la mitad de los activistas del país.
“Nos preocupa que muchos de los asesinatos habrían ocurrido tras varias denuncias previas de amenazas, es decir, se trataría de crímenes que se hubieran podido evitar” señala la carta. De igual forma, citan los casos de dos líderes que reclamaban tierras en Urabá: Mario Castaño, asesinado el 26 de noviembre del año pasado, y Hernán Bedoya asesinado el 8 de diciembre.
En la carta también hacen referencia a un caso reciente, el del vocero de la población de Buenaventura, Temístocles Machado, quien fue asesinado en el parqueadero de su propiedad el pasado 27 de enero. Según los parlamentarios europeos, esos casos habían sido alertados por medio de denuncias oficiales de las víctimas y aun así no se les brindó seguridad.
(Lea: Un violento comienzo de año para los líderes sociales)
Después del asesinato a Machado, la Fiscalía anunció que les daría prioridad a las investigaciones de los asesinatos a líderes sociales a través de un grupo de fiscales especializados. Los miembros del Parlamento Europeo hicieron un llamado al trato que se le da a este tipo de procesos.
“Insistimos en la importancia de que las investigaciones no lleven al juicio y condena únicamente de los autores materiales, sino que aporten al desmantelamiento de las estructuras políticas, económicas y militares que están detrás de estos crímenes y que fomentan (por acción u omisión) la repetición de los hechos. Por ello, es imprescindible aclarar y sancionar a los autores intelectuales y a los beneficiarios”, aclararon los firmantes de la carta.
Finalmente, felicitaron el trabajo de la Procuraduría en materia de protección a personas defensoras y, por el contrario, lamentó la actitud de altos funcionarios del Gobierno y del Estado que, según la carta enviada por los parlamentarios, estigmatizan y minimizan los asesinatos a los defensores de derechos humanos.
(Vea también: No son líos de faldas: en memoria de los líderes asesinados en Colombia)