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Quienes deciden migrar, merecen tener plena garantía de sus derechos y la posibilidad de transitar por rutas seguras y dignas. Este debería ser el caso para las más de 108 millones de personas en todo el mundo que dejaron sus hogares, en muchas ocasiones huyendo de la violencia, el abuso y la pobreza, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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Sin embargo, no es lo que comúnmente ocurre. Cada día, en nuestra región, donde se han registrado cifras históricas de migración, los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Brasil, Perú, Panamá, Honduras, Guatemala y México, son testigos de las consecuencias humanitarias que atraviesa esta población a causa de la ausencia de un trayecto seguro: enfermedades desatendidas, violencia física, asaltos, violencia sexual y afectaciones en salud mental, entre tantas otras.
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Esta situación, a su vez, se ha traducido en un mayor número de pacientes que llegan a nuestros centros de atención. En México, por ejemplo, durante 2022, realizamos 67.700 consultas médicas y 8.800 sesiones de salud mental para población migrante. Por su parte, en el Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, nuestro personal realizó en lo que va del año, más de 35.900 consultas médicas, incluyendo a 673 mujeres embarazadas y 206 personas sobrevivientes de violencia sexual. Según el gobierno panameño, la cantidad de personas que atravesaron esta ruta entre enero y agosto de este año alcanzó a 331,213 migrantes, cifra que ya supera la de todo 2022 (248,284).
Dada la experiencia de MSF en temas de migración, sabemos que la contención física de los migrantes y la represión de flujos migratorios no son instrumentos que reduzcan el número de personas que cruzan las fronteras, pero sí contribuyen a la criminalización de la población en tránsito, a hacer su viaje más peligroso y por supuesto, a aumentar su sufrimiento.
En nuestro continente, por ejemplo, muchos gobiernos están imponiendo o proyectando nuevos requisitos, penalizaciones o políticas de fronteras, que amplían las causas de detención o expulsión de migrantes -y excluyen las de regularización-. Este tipo de medidas no hacen más que deshumanizar a quienes simplemente buscan una vida mejor.
Para echar luz a esta situación y hacer un llamado a la empatía y al cambio, realizamos una campaña de visibilización en el Movistar Arena de Bogotá, para alertar sobre las consecuencias en la salud física y mental de las personas migrantes que transitan por rutas inseguras, y generar puntos de conexión entre el público y las vidas de quienes se encuentran en movimiento, con el fin de construir una mirada más humana de este proceso.
Porque buscar protección es un derecho. Porque buscar atención médica es un derecho. Porque buscar asilo es un derecho. Porque buscar una vida digna es un derecho. Migrar no es un delito, es parte de los derechos de todas las personas.
Por Marisol Quiceno, responsable de incidencia de Médicos Sin Fronteras (MSF) para América Latina.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Marisol Quiceno, de Médicos Sin Fronteras
