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En medio de estrictas medidas de seguridad y con amplio material probatorio, este lunes en la madrugada fue legalizada la captura del menor de 15 años señalado de disparar en múltiples ocasiones contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, durante un acto político en Bogotá el pasado sábado 7 de junio.
La audiencia se instaló hacia las 12:10 de la mañana y contó con la presencia de familiares del menor, representantes de la Defensoría del Pueblo y del abogado Víctor Mosquera, quien fue reconocido formalmente como apoderado de la víctima y su familia.
Durante la diligencia, la juez del caso avaló la captura en flagrancia conforme al artículo 301 del Código de Procedimiento Penal; el cual establece que se da esta situación cuando, por ejemplo, la persona es sorprendida cometiendo el delito, o es capturada inmediatamente después con evidencia del crimen, como en este caso la presunta arma disparada contra Uribe Turbay.
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La Fiscalía argumentó que la detención se produjo minutos después del ataque, con base en el señalamiento directo de varios testigos presenciales, así como por la incautación del arma utilizada: una pistola Glock nueve milímetros. El menor enfrentaría los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
Como parte de la evidencia, la Fiscalía entregó un análisis detallado de 129 videos recogidos en un perímetro de dos cuadras alrededor del parque El Golfito, lugar donde el senador Uribe Turbay encabezaba un evento político. En el momento de su captura, el menor habría confesado entre gritos que actuó por dinero: “Lo hice por plata para mi familia”, dijo mientras era reducido por agentes de la Policía.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cumple un rol clave en el proceso judicial contra el menor señalado de atentar contra el senador Miguel Uribe Turbay. Desde el inicio del caso, la entidad ha acompañado cada etapa, activando las rutas establecidas por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
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Aunque está previsto que el menor de 15 años sea trasladado a un Centro de Atención Especializada (CAE), fuentes cercanas al proceso indicaron a El Espectador que se están evaluando otras alternativas para su reclusión, debido a que se trata de un “caso especial” y se busca garantizar su seguridad en un entorno más adecuado.
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