Ante el juez 55 penal de Bogotá, el sargento viceprimero en retiro, Ferney Causallá Peña manifestó que no existe ninguna prueba documental o testimonial allegada al proceso que lo relacione con las actividades de recolección de información e identificación de las personas que eran liberadas del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
En su intervención el militar procesado por el delito de desaparición forzada agravada aseguró que dichas pruebas no existen porque simplemente él no estuvo en el lugar de los hechos esos días y no participó en ninguna de las actividades que le endilga la Fiscalía.
En este sentido suboficial indicó que para el 7 de noviembre de 1985 llegó a la edificación ubicada en el centro de Bogotá para entregar uno elementos de dotación a un grupo de militares que se encontraban en la casa museo del Florero pero aclaró que jamás tuvo contacto alguno con los liberados.
“El día 7 de noviembre de 1985 a las horas de la tarde me limité a cumplir la orden de llevar unos radios de dotación del B-2 del Ejército hasta las instalaciones de la Casa del Florero, función que debía cumplir por cuanto estos equipos son de uso exclusivo de las Fuerzas Militares por lo cual no se puede delegar esa responsabilidad a cualquier persona", indicó.
Para el sargento viceprimero la Fiscalia lo ha vinculado a este proceso únicamente porque hacia parte del B-2 del Ejército comandado para ese momento por el coronel Edilberto Sánchez Rubiano quien fue el encargado de coordinar los procesos de identificación de las personas que eran liberadas del Palacio.
“No existe una declaración en este proceso por parte de mis compañeros donde se diga que me vieron recibiendo personal, ni interrogando, ni realizando ningún tipo de listas o identificaciones en la Casa del Florero, mi único motivo de estar allí era la entrega de los radios”, afirmó.
El sargento viceprimero rechazó las acusaciones hechas por la defensa de la parte civil indicando que no hizo parte de ninguna "empresa criminal" destinada a secuestrar y desaparecer a un grupo de personas que fueron catalogadas como "especiales" y quienes habrían sido sometidos a interrogatorios y torturas enel museo del Florero.
"Me declaro inocente reafirmando una vez más que no soy ni secuestrador, ni asesino y no he desaparecido ninguna persona como se me acusa”, señaló el uniformado en los alegatos de conclusión.
"Nunca se nos dio la orden de desaparecer"
A su turno, el sargento viceprimero Antonio Rubay Jiménez aseguró que en ningún momento recibieron ordenes para secuestrar y mucho menos para desaparecer a las personas que eran liberadas del Palacio de Justicia.“Nunca he pertenecido a una empresa criminal y que solo perteneció al Ejército que está legalmente constituido”, indicó en su intervención
Explicó detalladamente que el día de la toma se desplazaron al lugar con varios miembros del B-2 del Ejército en donde recibieron órdenes precisas en la instalación del puesto de control en la casa del Museo del Florero.
"Llegamos al sitio y el señor coronel nos ubicó en un parque que queda junto a la Casa del Florero y estando allí nos dio órdenes de vigilar (…) me dijo que me encargara de los radios que iban a utilizar. Que estuvieran QAP, es decir que estuvieran listos”, puntualizó.
La audiencia de alegatos de conclusión fue reprogramada para el 18 de marzo y se espera la intervención de los abogados de los cinco militares procesados.
Por El Espectador
