Aunque las cifras de víctimas de minas antipersonales en Colombia en lo que va de 2021 son mucho más bajas que las reportadas en el primer semestre de 2020, la semana pasada hubo varios casos, que hacen recordar los peores años del conflicto armado y volvieron a prender las alarmas de las autoridades sobre esta macabra práctica usada por varios grupos al margen de la ley. Desde que la guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano comenzaron las negociaciones que llevarían al Acuerdo de Paz, las víctimas de minas en el país se redujeron ostensiblemente, gracias a que el grupo subversivo dejó las armas y la fuerza pública inició una labor de desminado en el territorio nacional.
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Sin embargo, en los últimos cuatro años los casos han venido aumentando. El Espectador conoció en detalle las cifras recogidas por el Gobierno colombiano, que también indican que desde 1990 a la fecha hay más de 11.000 víctimas de minas antipersonales, principalmente en Antioquia, Meta, Nariño, Caquetá y Norte de Santander. Según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales (Descontamina Colombia), en lo que va del año, 65 personas han sido víctimas de estos artefactos, que son instalados por el Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Entre esas víctimas, trece eran menores de 18 años y otras cinco personas murieron.
Por ejemplo, la semana pasada un menor de tres años y sus padres fueron víctimas de una mina en el municipio de El Retorno, Guaviare. El Ejército dice que el artefacto fue instalado por disidencias del frente primero de las Farc, comandado por Gentil Duarte e Iván Mordisco, para proteger los cultivos de uso ilícito. La más reciente muerte provocada por una mina también sucedió hace unos días en Murindó, Antioquia, donde los hombres de Otoniel, el hombre más buscado por las autoridades colombianas, usan estos dispositivos para dificultar las labores de patrullaje y persecución de la fuerza pública en contra de los líderes de ese grupo sucesor del paramilitarismo.
En esa zona del Urabá antioqueño murió, el 28 de junio pasado, Remilda Benítez Domicó, una indígena de 22 años, quien pertenecía a la comunidad embera bachidubi y era madre de cinco niños. Uno de ellos resultó herido, pero está a salvo. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), once comunidades indígenas están en riesgo en Antioquia por las amenazas de los grupos armados ilegales y la resiembra de minas antipersonales. Además, estarían sembrando artefactos explosivos para mantener intimidadas a las comunidades y lograr el control territorial del que también goza, desde hace varios años, la gente del Eln, que ha tenido confinados a 2.000 indígenas.
Seis días antes de la muerte de Remilda Benítez, las mismas organizaciones nativas reportaron el caso de Horacio Carupia Pernía, guardia indígena de 22 años que perdió la pierna derecha. Los hechos ocurrieron en el municipio de Dabeiba, al occidente de Antioquia, y también le fueron atribuidos al Eln. La Organización Indígena de Antioquia dice que, desde 2020, este tipo de explosivos ha dejado un saldo de 17 víctimas: nueve personas muertas, cuatro de ellas menores; otras seis personas heridas y dos de ellas mutiladas. Descontamina Colombia informa que cerca de 400 nativos han sido víctimas de las minas desde 1990.
La presencia de artefactos explosivos es una de las principales preocupaciones humanitarias del CICR en Colombia. Los casos reportados durante el 2021 por este organismo ocurrieron en nueve departamentos del país. Norte de Santander, Cauca y Nariño fueron las zonas más afectadas. En estos tres departamentos se concentró el 71 % de las víctimas. Uno de los posibles aumentos de casos de víctimas de minas es la incursión del Clan del Golfo en la instalación de estos artefactos. Desde 2018, las autoridades empezaron a encontrar fábricas de estas minas en zonas donde opera el grupo criminal.
En efecto, un hecho que prendió las alarmas de las autoridades fue el hallazgo por parte del Ejército de una fábrica de minas antipersonales en Riosucio (Chocó) en mayo de 2019, en la vereda Consejo Mayor, zona limítrofe con el Urabá antioqueño. El Clan del Golfo tenía almacenadas allí 563 minas compuestas por anfo, un tipo de explosivo de alta potencia que se elabora de manera improvisada. Además, hace cuatro días, en zona rural de Ituango (Antioquia) fueron capturadas cuarenta personas del Clan del Golfo que construían estos artefactos. El Ejército ha dicho que las minas también son usadas para tener control de los corredores del narcotráfico y los yacimientos de minería ilegal.
¿Cómo va el desminado?
El Gobierno tiene como meta entregar 180 municipios certificados como libres de sospecha de minas antipersonales en diciembre de 2021. El 7 de agosto de 2022, cuando finalice el cuatrienio de Iván Duque, tienen previsto llegar a los 200 municipios en esa condición, aseguró el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, durante su intervención en el Catatumbo, Norte de Santander, minutos antes de que el helicóptero presidencial fuera atacado con armas de fuego a su regreso a Cúcuta. “Tenemos 172 municipios declarados libres de sospecha de minas y vamos a cumplir la meta en diciembre de 2021”, explicó el comisionado durante el evento.
