A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa anunció su disposición de activar un plan de liberación de los militares y civiles que se encuentran en poder del grupo guerrillero. Sin embargo, dejó claro que la integridad y la vida de los secuestrados es responsabilidad del Eln.
Este fin de semana, el Frente Occidental 'Omar Gómez' de la guerrilla del Eln difundió dos fotografías de los seis secuestrados que fueron retenidos el pasado 3 de agosto a la altura del corregimiento de Vidrí, municipio de Vigía del Fuerte (Chocó). Los secuestrados uniformados fueron identificados por las autoridades como el intendente Wilber Rentería, el subintendente Luis Carlos Torres Montoya, el patrullero Yemilson Leandro Gómez Correa y el soldado profesional Jesús Alberto Ramírez Silva.
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Por otra parte, la misma delegación del Eln se atribuyó otro secuestro ocurrido el 8 de agosto en el municipio de Fortul (Arauca). Se trata de los soldados regulares Orlando Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas Ovando y Eduardo Caro Bañol. Según lo informó el comando de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército, en su momento, los uniformados se encontraban de permiso, vistiendo prendas de civil y sin armamento, y estaban movilizándose en un vehículo de transporte público hacia el municipio de Tame. Asimismo, otros cuatro civiles fue reportados como secuestrados y aún no han sido identificados.
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Esta guerrilla también aseguró que el Gobierno no ha facilitado los mecanismos para la liberación de los tres policías, el soldado y los dos civiles secuestrados en el Chocó: “Se está hablando de la posibilidad de hacer un contacto y aún no se ha hecho. En ese contacto, se hacen los protocolos, para preservar el éxito de la operación y la búsqueda de garantes. El Gobierno no ha facilitado el contacto directo con la delegación. Está demorando lo que pudimos haber hecho hace más de ocho días”, aseguró Aureliano Carbonell, miembro de la Delegación del Eln.