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La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, por las afectaciones morales y materiales que sufrieron los familiares de 28 policías durante el ataque de la guerrilla de las Farc a la estación de Policía en el municipio de Miraflores (Caquetá) en hechos registrados entre el 3 y 5 de agosto de 1998.
El alto tribunal determinó que se presentó una falla en el servicio por parte de las entidades demandadas ya que los policías de la mencionada estación no tenían los elementos materiales para defenderse de un ataque guerrillero. En el debate jurídico se encontró que la mayoría de los fusiles y granadas que tenían los uniformados no funcionaban.
En este sentido se manifiesta que los policías que fueron secuestrados por dicho grupo armado ilegal fueron torturados por sus captores durante años. Estos tratos denigrantes afectaron a los uniformados y a sus familias quienes por largos periodos de tiempo no tuvieron pruebas de sobrevivencia.
“Les echaban vidrios a las comidas de los soldados, eran amarrados al encierro permanente en cambuches donde solo se les permitía salir para hacer sus necesidades fisiológicas, sufrían castigos los cuales consistían, entre otros, en despojarlos de la posibilidad de bañarse por varios días o no se les podía suministraban los elementos de aseo personal”, indica el fallo de 142 páginas.
Los uniformados, cuyos testimonios fueron importantes a la hora de emitir el fallo condenatorio, narraron cómo fueron torturados por los subversivos durante el secuestro. “Nos amarraban con unas cabuyas de los brazos y cuello a los árboles (...) nos hicieron un campo de concentración, estaba hecho de alambre, púa, malla y madera”.
El Consejo de Estado exhortó “respetuosamente” al presidente de la República “como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, y por virtud de la colaboración armónica entre las ramas del poder y como cabeza de las negociaciones de paz de la Habana, para que por conducto de la delegación del Estado se transmita a la organización o grupo armado insurgente Farc y a sus máximos dirigentes, la necesidad de ofrecer disculpas públicas”.
Así como la necesidad de que el grupo guerrillero explique explicar a toda la comunidad nacional “los hechos constitutivos de i) el uso de armas no convencionales y ii) el secuestro y sometimiento a tratos crueles, inhumanos y violatorios de la dignidad humana de los soldados demandantes secuestrados”. La toma fue ejecutada por el Bloque Oriental de las Farc.
En el fallo se ordena la realización de un acto público “en “cabeza” del Ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares y el Comandante del Ejército Nacional en el cual se deberá reconocer la responsabilidad, hacer una petición de disculpas y reconocimiento “como ciudadano-soldado” de todos y cada uno de las víctimas directas (lesionados y secuestrados).
“El acto se celebrará con la presencia de las víctimas y los familiares de los lesionados y secuestrados, si los familiares así lo desean, y se podrá invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Colombia. Tendrá lugar en la Plaza y Monumento de los Caídos en la ciudad de Bogotá”, ordenó el alto tribunal de lo contencioso administrativo.
Otras determinaciones
El Consejo de Estado igualmente le remitió copia de la decisión a a Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General con el fin de que abra, reabra o continúe las investigaciones penales por el secuestro y lesiones a los soldados víctimas demandantes.
Así como por la presunta violación de los derechos humanos y del DIH cometidas contra la víctima del presente asunto, y consistentes en: a) violación de la dignidad humana, b) violación del derecho a la vida, b) violación del derecho a la integridad personal, c) violaciones de las normas de los Convenios de Ginebra, etc. El fallo igualmente se envió a la Procuraduría General para que se continúen con las investigaciones disciplinarias.
“Cada uno de los soldados víctimas directas lesionados y secuestrados y sus familiares son reconocidos como víctimas del conflicto armado, razón por la que se solicita a las instancias gubernamentales competentes incorporarlas y surtir los procedimientos consagrados en la ley 1448 de 2011”, precisa el extenso fallo que reconoció la responsabilidad del Estado colombiano.
En el caso del Ministerio de Defensa se pide la formulación de una política dirigida a corregir las fallas cometidas en esta Base Militar de Miraflores (que debe realizarse de manera conjunta y en sólo acto conforme a las decisiones judiciales que en este mismo sentido han sido proferidas). Así como la elaboración por el Ejército Nacional de una cartilla en la que se determinen las fallas, debilidades y errores cometidos para realizar un curso durante un año en todas las Brigadas, Batallones y Comandos en todo el país a impartir a todos los militares (oficiales y suboficiales).
Por Redacción Judicial
