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En un acto simbólico de reconocimiento y reparación, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo, ofrecieron excusas públicas a las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2004 y 2008 en los departamentos de Caquetá, Huila y Putumayo. Este evento, celebrado en la ciudad de Florencia (Caquetá), se enmarca dentro de un proceso oficial iniciado por el Gobierno colombiano para reconocer la responsabilidad del Estado y ofrecer reparación a las víctimas de los llamados falsos positivos cometidos por miembros de la Fuerza Pública.
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Durante su intervención, el ministro Velásquez recordó que el Gobierno, a través del MinDefensa y el Ejército, ha pedido perdón a más de 130 familias que desde hace años vienen exigiendo justicia y que han luchado incansablemente por esclarecer la verdad de los hechos y recuperar la dignidad de sus seres queridos. “Hoy nos convoca no solo un cúmulo de órdenes judiciales por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo entre los años 2004 y 2008; sino un deber ciudadano, ético y moral. La necesidad de reivindicar la memoria de quienes fueron asesinados por aquellos que estaban llamados a protegerlos”, afirmó Velásquez durante el acto.
Este es el séptimo evento público de este tipo realizado por la cartera de defensa y las autoridades desde 2023, en el que se ha ofrecido disculpas a las familias afectadas. El acto en Florencia incluyó la entrega de disculpas a las familias de 18 víctimas de hechos ocurridos entre 2004 y 2007 en las regiones mencionadas, cuyas muertes fueron el resultado de operaciones militares en las que las víctimas fueron presentadas falsamente como guerrilleros o miembros de grupos armados ilegales.
Igualmente, el ministro Velásquez aprovechó la ocasión para expresar su rechazo hacia quienes aún cuestionan la cifra de víctimas y desvían la atención hacia la cantidad de casos, en lugar de enfocarse en los hechos ocurridos. “Hay algunos que todavía se preocupan por las cifras y no por los acontecimientos. Un solo hecho nos avergüenza”, destacó Velásquez, haciendo énfasis en la necesidad de justicia y la reparación integral para las víctimas.
En su intervención, el general Cardozo, por su parte, expresó sus condolencias y asumió la responsabilidad institucional por los actos cometidos por miembros del Ejército en el pasado. El comandante resaltó la vocación de servicio que debe caracterizar a los integrantes de la Fuerza Pública y la importancia de proteger los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. “El Ejército Nacional de Colombia tiene el deber férreo de garantizar a sus conciudadanos la vida, honra y bienes. Asumir este compromiso significa proceder con transparencia, hidalguía y valor, protegiendo, pero también respetando, los derechos humanos de todos los residentes en nuestro país”, afirmó Cardozo.
En el evento también estuvo presente la madre de una de las víctimas, quien agradeció el reconocimiento y las disculpas ofrecidas por el Estado, aunque subrayó que la lucha por la justicia y la verdad continúa. El ministro Velásquez destacó la dedicación de las madres y familiares que han estado al frente de la exigencia de justicia, afirmando que su esfuerzo ha sido crucial para visibilizar estos crímenes y mantener viva la memoria de las víctimas. Velázquez señaló que el acto de honor es a la memoria de aquellos que fueron señalados injustamente como guerrilleros o miembros de grupos delincuenciales, cuando en realidad eran personas inocentes.
Además de la disculpa pública, Velásquez hizo un llamado a los medios de comunicación que, en su momento, asociaron erróneamente a las víctimas con grupos armados ilegales o delincuentes, instándolos a rectificar la información y honrar la memoria de los fallecidos. Esta petición se extiende a aquellos que aún perpetúan narrativas que deslegitiman a las víctimas y su lucha por justicia.
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Este acto de reconocimiento de responsabilidad se da en el contexto de la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en noviembre de 2024 leyó los nombres de 1.934 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. De estos casos, muchos fueron parte del grupo de víctimas en el que se basaron las excusas ofrecidas en el acto de Florencia. La JEP ha trabajado en la identificación y documentación de estos crímenes, que incluyen ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas bajo la falsa premisa de que las víctimas eran guerrilleros o actores ilegales.
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