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Las autoridades están con las alarmas encendidas en pleno contexto de campaña electoral por cuenta de las amenazas contra candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño. El Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron sobre las recientes intimidaciones contra la campaña de la candidata Paloma Valencia.
Desde la campaña de la también senadora denunciaron en la mañana de este 12 de abril que recibieron una amenaza de muerte: la imagen de una corona fúnebre con la imagen de Paloma Valencia, su nombre y la frase “descanse en paz”, que estaría circulando en redes sociales. El líder natural del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, rechazó el hecho.
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Tras conocerse la denuncia de las amenazas, las autoridades manifestaron su preocupación. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, escribió un mensaje en su cuenta de X por medio del cual rechazó las amenazas en contra de la candidata Valencia y anunció una recompensa de hasta COP 1.000 millones por información para evitar este tipo de hechos.
“Rechazamos categóricamente cualquier amenaza contra cualquier candidato presidencial. Es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y la estabilidad del país. La fuerza pública articulada con MinInterior y UNP está desplegada para proteger a todos los candidatos, sin distinción alguna (...). Quien amenaza a un candidato amenaza a la democracia y a Colombia. No lo toleraremos”, dijo el alto funcionario.
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Por su parte, la Procuraduría General de la Nación emitió un breve comunicado en el que, además de las amenazas de muerte que circulan en redes sociales, se refirió a los hostigamientos contra algunas de las sedes de campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, que fueron vandalizadas con grafitis y mensajes de odio por parte de personas desconocidas.
“El Procurador General, Gregorio Eljach, condena las amenazas en contra de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y los hechos de hostigamiento a la sede del Centro Democrático en Bucaramanga. Reitera la importancia de garantizar la seguridad de los actores políticos y el respeto por el ejercicio democrático”, expresaron desde el Ministerio Público.
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A sus voces se sumó la de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, que no solo rechazó las amenazas contra la candidata Valencia. También destacó como positivos los pronunciamientos del Gobierno Nacional sobre los ataques contra esta campaña y la de otros candidatos como Mauricio Lizcano, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
“Reiteramos que en un Estado Social de Derecho ninguna persona puede ser objeto de amenazas o intimidaciones por el ejercicio de su participación política. La protección de quienes intervienen en el debate público es una condición esencial para la vigencia de los derechos civiles y políticos y para la legitimidad del proceso electoral”, indicaron desde la entidad.
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