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Una fuerte denuncia hizo el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, por medio de una publicación en su cuenta de X. A menos de dos días de la liberación de los 57 soldados que estuvieron retenidos por habitantes del municipio de El Tambo (Cauca), el alto funcionario del gobierno Petro señaló que en la región se estaría planeando una nueva acción violenta en contra de la Fuerza Pública, orquestada por las disidencias de las Farc.
“El Ministerio de Defensa Nacional informa a la opinión pública que se ha tenido conocimiento de una posible concentración forzada de personas en el cañón del Micay, Cauca, promovida por integrantes de la estructura armada residual ‘Carlos Patiño’” escribió el ministro Sánchez Suárez. A renglón seguido, señaló que esa reunión “tendría como propósito la ejecución de actos violentos”, incluidos eventuales secuestros de uniformados.
Su denuncia, según conoció El Espectador, se dio después de que empezara a circular un video en el que un grupo de habitantes de la región del cañón del Micay se reúnen para leer un comunicado a la opinión pública, en el que piden que cese la acción de las Fuerzas Militares allí y que haya mayor presencia de las demás instituciones del Estado. Una demanda que no es nueva y que la hizo incluso en su momento el exministro Iván Velásquez Gómez.
El ministro Sánchez Suárez agregó que, según la información que han recopilado las autoridades, las personas que estarían detrás de la planeación de una nueva posible acción violenta contra la Fuerza Pública, incurren en faltas graves a la legislación. “Esta conducta constituiría graves delitos como ataque a servidor público y secuestro extorsivo, cuyas penas pueden superar los 40 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal colombiano”, dijo el funcionario.
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Las demandas de la comunidad
El video conocido por este diario, en el cual un grupo de personas lee un comunicado relacionado con los hechos ocurridos el pasado fin de semana en el departamento del Cauca, tiene fecha del 23 de junio. Es decir, habría sido grabado en la noche del lunes anterior, un par de horas después de que se adelantara la liberación de los 53 soldados profesionales y cuatro suboficiales que estuvieron retenidos por la misma comunidad.
“Las comunidades organizadas de la zona sur y zona cordillera del municipio de El Tambo (Cauca) nos dirigimos a la opinión pública, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a los entes de control del Estado colombiano para manifestar nuestro más enérgico rechazo a los hechos de violencia ocurridos en el día de hoy en el sector del corregimiento de Fondas, contra las comunidades del cañón del Micay”, leyó el vocero.
En el comunicado agregan que la operación de rescate de los militares que estuvieron retenidos durante casi tres días por las comunidades, dejó personas heridas y capturadas. En efecto, el propio ministro de Defensa señaló que algunos de los presuntos responsables de la retención de los soldados fueron llevados a Popayán para su judicialización: tres menores de edad y 13 adultos. Sin embargo, la Fiscalía no halló argumentos para presentarlos ante un juez de control de garantías y fueron liberados.
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Según los argumentos de la comunidad, estos hechos se dieron “en un contexto de confrontación armada que vulnera gravemente los derechos de las comunidades”. Y agregaron que rechazan cualquier tipo de acción violenta, venga de parte de organizaciones al margen de ley o de la Fuerza Pública. “La voz del pueblo no se silencia, se respeta”, dijeron en el video.
El comunicado concluye con una petición al Gobierno Nacional para que se dé “el esclarecimiento inmediato de los hechos ocurridos, con garantía de verdad, justicia y reparación de las víctimas; la desmilitarización progresiva de los territorios donde la presencia armada ha generado temor y zozobra en la población civil; inversión social estructural en nuestras comunidades, salud, educación, vías, acceso a tierras y proyectos productivos, que permitan una vida digna y la implementación efectiva del Acuerdo de Paz”.
Problemas estructurales
No es la primera vez que los habitantes del cañón del Micay piden presencia integral del Estado en la región. Tampoco han sido los únicos actores sociales que denuncian falta de institucionalidad del Estado allí. Primero fue el exministro Velásquez, quien en el consejo de ministros del 4 de febrero dijo que el Gobierno Nacional había tenido “problemas de articulación” para llegar a El Plateado en el marco de la Operación Perseo, que inició el 12 de octubre de 2024.
Luego se sumó el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, con jurisdicción en el departamento del Cauca, quien le dijo a El Espectador que la Fuerza Pública mantiene su presencia y operaciones allí, pero hay retrasos evidentes en compromisos del Estado sobre asuntos como vías para el desarrollo y sustitución de cultivos de uso ilícito.
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El último en referirse a ese tema fue el general Erik Rodríguez, segundo comandante del Ejército y comandante encargado de la institución. “El territorio no se recupera solo con soldados. Nosotros vamos, estabilizamos la región y generamos las condiciones para que los servicios esenciales del Estado lleguen a esa población, pero solo con nuestra presencia no se estabiliza zona”, señaló el general en diálogo con este diario.
Y agregó: “Tienen que llegar el Ministerio de Transportes a hacer las carreteras que deben hacer, el Ministerio de Educación a garantizar que todos los niños estudien en vez de irse para las filas de esas organizaciones narcoterroristas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud. Tienen que llegar oportunidades para que en esas regiones apartadas las actividades económicas legales sean más productivas que el cultivo de la coca. O que por lo menos les den un nivel de vida digna a la gente”.
Por ahora no hay pronunciamientos adicionales a las denuncias del ministro Sánchez Suárez sobre la situación de seguridad y orden público en la región. Tampoco el Ejército se ha referido al respecto. Se sabe que las operaciones de la Fuerza Pública continuarán en el cañón del Micay, en el marco de la Operación Perseo, ahora con un objetivo particular: dar con el paradero de alias “Kevin”, el líder de las disidencias de las Farc, señalado de controlar el negocio del narcotráfico y de seguir atizando la guerra en la región.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
