La última vez que Colombia conoció datos actualizados sobre cómo y en qué dimensión se practica la eutanasia fue en agosto del año pasado, cuando el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DesLAB) dio a conocer la cifra completa correspondiente a 2023. En su momento, tras una serie de batallas jurídicas, que incluyeron numerosas tutelas y un rifirrafe en el marco del derecho contra el Ministerio de Salud, el laboratorio logró conocer detalles generales de la práctica de muerte digna, que va en aumento y que registra 692 casos desde que es legal. Desde 2023 no existen actualizaciones, pues la cartera ministerial no publica las cifras y sigue poniéndole barreras al acceso a la información.
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Quien alerta la situación es Lucas Correa, director de investigaciones de DescLAB y uno de los casi 20 ciudadanos que, en los últimos meses, ha intentado acceder a información integral sobre la práctica médica. “Nosotros monitoreamos anualmente las cifras sobre eutanasia en Colombia. Las cifras existen porque el Ministerio de Salud cuenta con un sistema de reporte de eutanasias y la información es diligenciada por todas y cada unas de las clínicas que llevan a cabo el procedimiento. Sin embargo, la cartera, de manera deliberada y estratégica, oculta las cifras. Se niega a entregarlas, cuando los ciudadanos como nosotros las solicitamos por petición”, dijo en entrevista con El Espectador.
DescLAB es fundamental en el marco del derecho a la muerte digna. Además de publicar análisis sobre los datos recopilados, fueron los demandantes que lograron despenalizar el suicidio médicamente asistido, una práctica similar a la eutanasia en la que el mismo paciente causa su muerte. Asimismo, han enviado conceptos jurídicos y técnicos ante el sistema interamericano de derechos humanos en condición de expertos. Sus estudios han permitido conocer que, por ejemplo, hasta 2023 en Medellín se practicaban muchas más eutanasias con respecto a Bogotá, a pesar de tener una población inferior y menos clínicas posibles. Este tipo de análisis solo se logran obteniendo información detallada, la cual es de difícil acceso.
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Este diario conoció los expedientes que DescLAB ha radicado contra el ministerio, todos basados en la pregunta de cuántas eutanasias fueron realizadas en 2024. Además, se solicitó detallar ese dato por mes; y, en relación con los pacientes, su sexo, tipo de enfermedad, identidad de género, grupo de edad, nacionalidad, departamento, municipio, EPS, IPS, entre otras. En general, aquellas solicitudes de información que fueron enviadas antes del 31 de marzo pasado fueron respondidas, pero negadas de tajo, dado que la cartera aseguró no haber alcanzado a consolidar las cifras. Esa es la fecha límite que el ministerio les da a las EPS y sus entidades asociadas, IPS, para que manden los reportes anuales.
Aunque decenas de veces DescLAB insistió sobre esas peticiones a través de acciones de tutela, invocando su derecho a la petición, la participación pública y libertad de expresión, los juzgados que atendieron los casos fallaron a favor del ministerio, avalando la excusa del tiempo de consolidación. Esa garantía se extendió, de hecho, a las peticiones y tutelas radicadas los días posteriores al 31 de marzo pasado. Sin embargo, el Juzgado 44 Administrativo de Bogotá, en mayo, fue uno de los pocos que tuvo una valoración distinta, pues consideró que, aun con los tiempos encima, el ministerio no brinda una “respuesta oportuna, clara, concisa y de fondo”, y le dio cinco días a la cartera para que respondiera bien.
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Según el investigador Correa, que DescLAB logre la garantía de sus derechos en uno que otro juzgado de todas maneras no es una victoria en absoluto, porque el Ministerio de Salud le niega, al final, la información clave. “Aunque nos respondan, no nos indican a qué EPS están afiliadas las personas que solicitan la eutanasia, a quiénes les niegan y a quiénes se las aprueban. Tampoco cuáles son las EPS que sí tienen una red de prestadores de salud que analizan a tiempo las solicitudes. No conocemos el dato exacto, porque no lo entregan, pero sabemos que casi ninguna solicitud de eutanasia de hace en el régimen subsidiado, y esa es una brecha. Nuestra hipótesis es que el ministerio encubre lo que las EPS hacen mal”, agregó.
En otras respuestas a peticiones de DescLAB, el Ministerio de Salud ha explicado que la “la información específica sobre eutanasia y muerte digna, recibida por este Ministerio no es de carácter público, sino que es información pública clasificada”. Además, que esa información contiene datos sensibles relativos a la salud y protegidos por la reserva de la historía clínica. Por último, la cartera establece que, en su concepto, la eutanasia no es una práctica cuyos datos sean susceptibles de observación y análisis en el marco de la salud pública. Y ello porque no cumple con criterios de alta frecuencia, alta mortalidad o morbilidad, riesgo de diseminación o que requiera intervención inmediata por el sistema de salud.
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Correa, por su parte, insiste en que se trataría de información pública y que el acceso a ella es vital para el goce efectivo del derecho a morir dignamente. Aparte, que todas las veces se solicitaron datos anónimos. “Si nadie monitorea el sistema de salud, si nadie hace visible las barreras y lo que no funciona, el ministerio no va a tener ninguna presión para cambiar. Es como si quisiera que los colombianos no sepan que pueden ejercer su derecho”, concluyó. Asimismo, el investigador espera que la Corte Constitucional escoja para análisis alguno de los expedientes impulsados, para obtener, de ahora en adelante, una garantía plena de acceso a la información. Y, con ello, formular políticas públicas que impulsen la muerte digna.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhoan Sebastian Cote
