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El ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, posesionó a dos nuevos funcionarios que lo acompañarán en su gestión al frente de esa cartera de gobierno. Se trata de Olga Claros, nueva viceministra de Política Criminal y Justicia Restaurativa, y Yefferson Dueñas, ahora viceministro de Promoción de la Justicia. También oficializó la llegada de otros funcionarios que apoyarán su período en el cargo.
Durante la ceremonia, el ministro Montealegre anunció que el próximo 20 de julio presentará los nuevos “estatutos” que buscan desarrollar de forma integral la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Un proyecto que ha sido aplazado por las dificultades de las mesas de negociación con organizaciones al margen de la ley y por el recrudecimiento de la violencia.
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¿En qué consistirá?
Este instrumento contemplará dos pilares esenciales: uno para la implementación de un marco legal para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, y otro para facilitar la desmovilización de grupos insurgentes bajo criterios de justicia, verdad y reparación.
“No habrá impunidad para ningún grupo. Este no será un proceso de perdón ciego, sino de equilibrio entre paz y justicia. Se buscará armonizar el derecho de las víctimas con el derecho colectivo a vivir en un país sin violencia, en un modelo que combine la firmeza del Estado con la posibilidad del diálogo. Como dijo el expresidente Virgilio Barco, mano tendida, pero con pulso firme”, afirmó el ministro Montealegre.
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Hace unos días, El Espectador contó de qué se trataba la propuesta del Ministerio de Justicia, una de las tres que está cocinando el Gobierno. El que está liderando Montealegre tendría tres ejes: uno para las estructuras criminales de alto impacto, donde entrarían las bandas de las tres zonas priorizadas (Valle de Aburrá, Chocó y Buenaventura).
Se pedirá el desarme de las estructuras, compromiso de reparación con las víctimas y suspensión de actividades ilícitas, entre otras.
Fuentes enteradas afirman que el gran obstáculo han sido las penas que se contemplan. Para el Gobierno, debe haber penas efectivas de cárcel que no superen los ocho años. Por su parte, los grupos armados, aunque están parcialmente de acuerdo con la privación de la libertad, han puesto sobre la mesa que el régimen carcelario tenga algunas características, como que esté en los lugares donde opera el grupo y que sea laxo. “Por ejemplo, algunos grupos han pedido que estén en un tipo de colonias agrícolas en las que puedan trabajar, entrar y salir”, afirman las fuentes.
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El otro eje sería para los Grupos Armados Organizados (GAO), como el Clan del Golfo. En ese apartado se ha pensado en el desmantelamiento total de la estructura. Al igual que la Ley 1908 de 2018 (sobre la judicialización de organizaciones criminales), se prevé máximo cuatro años de cárcel.
El último eje serán las medidas de justicia restaurativa, parecidas a las que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero aún no se sabe cómo ni quién las implementaría, pues el Gobierno ha sido claro en que no habrá otro tribunal de justicia.
La reforma a la justicia
El alto funcionario también lideró una reunión con el equipo de paz del gobierno, encabezado por María Paz Lara, Comisionada de Paz actual, en el cual se anunció una agenda de reforma a la justicia. Esta estructura será construida de la mano de sindicatos, asociaciones de jueces, fiscales y funcionarios, según señaló el propio ministro.
Montealegre aseguró que la reforma también buscará fortalecer la justicia civil, de familia, comercial y arbitral. Su prioridad, dijo, será asegurar una justicia al servicio de la paz total.
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Por último, anunció que se fortalecerán instituciones como la JEP, con una visión de renovación. También que se concederán extradiciones como lo solicitan los gobiernos extranjeros, pero que quienes se comprometan con la paz tendrán la posibilidad de que se suspenda su envío.
Su pronunciamiento sobre las extradiciones se da justo el mismo día en que el Gobierno le puso freno a la extradición de Willinton Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”. Este líder de las disidencias de las Farc había sido solicitado en extradición por la justicia norteamericana, según la resolución conocida por este diario, por su responsabilidad en “concierto para distribuir una sustancia controlada teniendo motivos razonables para creer que sería importada ilegalmente, concierto para importar una sustancia controlada, concierto para cometer lavado de dinero y tentativa de lavado de dinero”.
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“Su entrega inmediata podría afectar el desarrollo de los procesos que se han venido desarrollando con el Frente 33 del Estado Mayor Bloque Magdalena Medio”, argumentó el Gobierno Nacional en la resolución con la que frenó su envío a los Estados Unidos. Pese a que la Corte Suprema de Justicia ya había dado luz verde para la extradición, la decisión congela la presentación de “Mocho Olmedo” ante un tribunal de la Florida.
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