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En la última semana, en algunos medios de comunicación, ha circulado información de supuestos malos manejos en la contrainteligencia del Ejército, un escándalo aparte de las posibles “chuzadas” y seguimientos informáticos que, según Semana, se han hecho desde inteligencia militar. Este nuevo escándalo, denominado “Bastón”, sería un supuesto plan para “depurar” a “malas fichas” de la institución, según las palabras que utilizó la periodista María Isabel Rueda en su columna dominical de El Tiempo. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, salió en defensa de estas actividades y aseguró que han servido para judicializar a 13 personas.
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Según la periodista Rueda, el excomandante de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, quien ahora es embajador en Australia estaría detrás de los recientes escándalos que han rodeado al Ejército, pues tiene la intención de “enlodar” el sector de la institución que dominan generales como Nicacio Martínez. Y continúa que, desde la firma del Acuerdo de Paz, se instaló la idea de que “se había acabado la guerra, comenzaron a desmontarse batallones, a desactivar la inteligencia y a fortalecer la contrainteligencia”, pensada para combatir la corrupción en la Fuerza Pública, pero al parecer tergiversada para “depurar” uniformados de cierta línea.
El ministro Trujillo, en respuesta, leyó una declaración acompañado de los comandantes de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y del Ejército, general Eduardo Zapateiro. En primer lugar, el jefe de la cartera de Defensa confirmó la existencia de misiones de trabajo de Contrainteligencia denominadas “Bastón”, pero dijo que se encuentran cobijadas por la Ley de Inteligencia y que han sido realizadas por “personal altamente calificado y previamente seleccionado”. A renglón seguido, defendió las labores de esta unidad militar, pues asegura que “sirven como criterio orientador para la toma de decisiones”.
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En tres de estas misiones, los agentes de contrainteligencia han encontrado indicios de hechos al margen de la ley en el Ejército y han trasladado esas pruebas a los entes de control, explicó el ministro. A raíz de estas tres misiones, por ejemplo, se han judicializado a 13 personas con información que fue obtenida en actividades de “Bastón”. Otras dos misiones similares se encuentran en desarrollo y cuatro más han sido cerradas, luego de que no se encontrara mérito para seguir indagando desde contrainteligencia.
El alto funcionario agregó que este tipo de misiones no se reducen únicamente a “Bastón”, sino que “este tipo de actividades son permanentes, con el objetivo de prevenir, detectar y neutralizar las amenazas internas (causadas por los propios integrantes de la institución) y/o externas (Grupos Armados Organizados); así como proteger los derechos humanos, el régimen constitucional y legal; y se llevan a cabo cuando se obtiene información de un fenómeno causado por estas amenazas”. Sin embargo, reiteró que “las actividades de contrainteligencia que desarrolla el Ejército están ceñidas al marco legal, garantizando los derechos al buen nombre, la intimidad, la integridad personal y familiar, el debido proceso y la reserva legal”.