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El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró en un comunicado a medios de comunicación que, en su mayoría, el Consejo Superior de Política Criminal dio un concepto positivo a su proyecto de ley de sometimiento de grupos armados en el marco de la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Este viernes la iniciativa fue presentada al Consejo, conformado por la fiscal Luz Adriana Camargo, el procurador Gregorio Eljach, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Myriam Ávila, la defensora del pueblo, Iris Marín y el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.
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Según el borrador del proyecto de ley, se creará un sistema especial de justicia en el que grupos armados puedan desmantelar sus estructuras a cambio de beneficios judiciales. Entre ellos, el Clan del Golfo, Los Rastrojos y las bandas en ciudades como Buenaventura y en territorios como Antioquia o Valle del Cauca. Para aquellos criminales que hayan tenido un rol de dirección, se les ofrece penas alternativas de entre cinco y ocho años de cárcel. A los mandos medios, penas de entre dos y cinco años. Y a quienes meramente “pertenezcan” a esos grupos, se les promete la terminación de sus procesos, sin importar los delitos cometidos. Entre otros puntos, el borrador proponer otorgar la libertad condicional a postulantes que hayan estado presos más de cinco años.
“Ese Consejo de Política Criminal, por mayoría, dio un sí al proyecto de paz total, orden público y seguridad ciudadana que presentaremos el 20 de julio en nombre del gobierno nacional. Este proyecto es una tercera vía entre las experiencias de justicia y paz y de la jurisdicción especial producto de los acuerdos de La Habana. Es una mezcla de justicia retributiva y de justicia restaurativa”, señaló el ministro de Justicia.
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Y agregó: “Colombia debe tener la seguridad que aquí no estamos construyendo una alambrada de impunidad. Siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad. Eso es muy importante. Importante también tener en cuenta que en el día de hoy no solamente se aprueba una política de paz total para Colombia que mezcla elementos de justicia transicional y de sometimiento a la justicia, sino que es ante todo una política para desbaratar organizaciones al margen de la ley”.
Sin embargo, una de las autoridades que se pronunció de manera particular fue la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual, a través de un comunicado, aseguró que estaba en desacuerdo con lo postulado en el proyecto. El despacho aseguró que “el contenido de la propuesta no ha tenido aún una suficiente discusión y deliberación”. Además, expuso que “se trata de un tema muy delicado para el país que necesita mayores consensos y un análisis más reposado dado los impactos que puede tener en términos de política criminal”.
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Por otro lado, el ministro Montealegre explicó que, en este momento, el gobierno nacional mantiene negociaciones de paz con ocho grupos al margen de la ley, tres de ellos con iniciativas políticas y los otros vinculados únicamente con el crimen organizado. Según cálculos de la cartera, al menos 30.000 personas podrían ser miembros de estas estructuras armadas.
“Hay algo muy importante y es que tiene que existir un cierre tanto de las justicias transicionales como de las políticas de sometimiento. Se trata entonces de lograr unos instrumentos procesales más ágiles para que no demoremos 20 años en cerrar un proceso como el de Justicia y Paz, ni ocho años como ha durado la jurisdicción especial producto de los acuerdos de La Habana, sino crear mecanismos más ágiles que permitan una solución y unas decisiones sobre responsabilidad y una protección más rápida a las víctimas”, concluyó Montealegre.
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