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10 Nov 2020 - 7:53 p. m.

Movimiento feminista Wayuu pide despenalizar el aborto

La organización que trabaja en el departamento de La Guajira señala que las barreras que hoy genera el delito de aborto afectan especialmente a las mujeres y niñas indígenas en zonas rurales y a víctimas de violencia sexual al interior de estas comunidades.
Movimiento feminista Wayuu pide despenalizar el aborto

“Las mujeres y niñas en las comunidades indígenas no sólo se enfrentan a vivir actos de violencia sexual, sino que al llegar a hospitales cercanos son víctimas de discriminación y malos tratos por parte del personal médico”. Con estas palabras el Movimiento Feminista de Niñas y Mujeres Wayuu le solicitó a la Corte Constitucional despenalizar por completo el aborto en Colombia y acceder a las pretensiones de la demanda que con ese fin interpuso el movimiento Causa Justa.

Jazmín Romero Epieyü, vocera del movimiento que trabaja con niñas y mujeres indígenas en La Guajira expuso que la penalización parcial del aborto que rige actualmente afecta de manera desproporcionada a las integrantes de estas comunidades por varias razones. Primero, porque en dichas comunidades no hay información sobre derechos sexuales y reproductivos, porque en ellas se sufre de violencia sexual y porque hay un desconocimiento de cómo acceder a los servicios de salud en las tres causales que hoy son legales.

“Como mujeres indígenas, vemos la necesidad de que el Estado explique a todas las mujeres en Colombia cuáles son sus derechos y cómo acceder a ellos, teniendo en cuenta que hay mujeres y niñas que no hablan español y que viven en zonas rurales, sin posibilidad ni garantías para el goce efectivo de sus derechos humanos individuales y colectivos. Esto se refleja en sus necesidades básicas insatisfechas dentro de la comunidad, por lo que también hemos visto cómo estas afectaciones pueden llevar a las víctimas a atentar contra su vida y a padecer actos de rechazo y discriminación”, señaló Romero Epieyü.

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En intervención enviada al alto tribunal, el movimiento identificó varias barreras sociales que deben enfrentar las mujeres indígenas cuando buscan la interrupción voluntaria del embarazo. Primero, la estigmatización de parte de los servicios de salud, la familia y la comunidad, al punto de afectar sus derechos a la participación y representación en sus comunidades, “el cual es un caso muy común, sobre todo en niñas y adolescentes”.

A esto se suma que, en zonas rurales, los servicios de salud están disponibles solo en hospitales públicos ubicados muy lejos de las comunidades que no tienen adecuadas vías de acceso. Y si se tiene en cuenta que muchas mujeres indígenas no tienen registro civil o algún tipo de identificación o que no han salido nunca de su territorio, buscar un servicio de salud se hace más difícil. Esto tiene como consecuencia que las mujeres busquen se practiquen abortes inseguros, insalubres y clandestinos, poniendo en riesgo su salud y su vida.

Según explicó el movimiento, en las comunidades poco o nada se habla de derechos reproductivos por lo que las mujeres no tienen el conocimiento para ejercerlos, con el agravante de la falta de conocimiento del español. “El contexto cultural, organizativo y social, permeado por costumbres coloniales que se reproducen al interior de las comunidades indígenas, las cuales se refuerzan por la norma que penaliza el aborto en el Código Penal, hacen que el aborto en todos los escenarios de la vida individual y colectiva sea un tema tabú, y por tanto hay estigmatización y desconocimiento generalizado al respecto”, señala el documento.

De igual forma, el movimiento feminista señala que “en las comunidades Wayüü existe un silenciamiento, ocultamiento y naturalización de la violencia sexual. Como consecuencia, se producen situaciones como el suicidio y la maternidad forzada. Es de resaltar que, aún en la actualidad, al interior del pueblo existe la práctica del incesto. Las mujeres jóvenes dentro de las comunidades no tienen ingresos mensuales, no conocen los derechos y garantías a los que pueden acceder en caso de un embarazo no deseado”.

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“Es claro que el abuso sexual se da en su mayoría dentro de la esfera familiar y las víctimas, por pena, miedo o desconocimiento no hablan de lo sucedido. Existen casos de mujeres y niñas dentro de la comunidad que fueron de tal gravedad psicológica y emocional para ellas que las llevaron a tomar la decisión de atentar contra su vida. Otro escenario en el que se presentan abusos sexuales es en las escuelas, el acoso por parte de profesores es una realidad a la que se ven enfrentadas las niñas y las adolescentes indígenas”, agregaron.

Para ilustrar el impacto de la penalización del aborto y de los abortos clandestinos en las mujeres en estas comunidades, el movimiento feminista Wayúu expuso el caso de una niña de 12 años asentada en unas rancherías aledañas a Riohacha en 2015. La niña fue entregada para un matrimonio infantil a un hombre wayuu de 32 años. “Un día cualquiera la niña toma la decisión de quitarse su propia vida, fue encontrada colgada con una cuerda con los que se cuelgan los chinchorros, cuentan los miembros más cercanos de su familia que encontraron su ropa interior manchada completamente con sangre y otras prendas como su vestuario tradicional wayuu. Los rumores que se sabe es que ella estaba embarazada y que ella había abortado”.

Otro caso que cita el documento habla de una niña de 10 años, ocurrido en jurisdicción del municipio de Manaure. “La niña fue víctima de violencia sexual por parte de su padre. El ICBF asume el caso junto a la Defensoría del Pueblo, una tía de la menor decide supuestamente hacerse cargo de la niña en estado de embarazo, pero esto lo hizo con el fin de salvaguardar los usos y costumbres. Ella protegió al agresor y obligó a la niña a trabajar en el servicio doméstico. El ICBF, se desentendió de todo el proceso con el argumento de que la familia había asumido el caso desde los usos y costumbres”.

Y uno más de una niña de 13 años, ocurrido en 2014, en cercanías de Maicao. “La niña fue violada por un hombre alijuna que era del interior del país, es decir, un “cachaco”. Producto de la violación, la niña quedó en embarazo y no recibió asesoramiento de ninguna institución, al contrario, lo que recibió fue estigmatización y discriminación por parte del personal médico y los trabajadores sociales que la atendieron. La niña no conocía sus derechos y nunca le dieron información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. A ella le costaba mucho ir a los controles prenatales por la misma razón de la discriminación que había en ese hospital”. Por estas razones, piden que el aborto sea legal y seguro.

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