Muerte del joven grafitero no fue en un acto de servicio: ONU

En un concepto emitido el 28 de septiembre del presente año enviado a la fiscal General, Viviane Morales la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos manifiesta que el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra se dio en actos “por fuera del servicio” por parte de los agentes de la Policía Metropolitana que estuvieron presentes en el confuso hecho.

Según la misiva enviada por Juan Carlos Monge, representante encargado de la ONU en Colombia, este concepto, la muerte de Becerra ocurrida el pasado 19 de agosto en el norte de Bogotá “se habría dado una grave violación del derecho humano a la vida”.

Precisando que el asesinato se dio a consecuencia “del uso de la fuerza por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley que no obró de acuerdo con los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad”, haciendo clara referencia al patrullero WIlmer Antonio Alarcón, señalado de haberle disparo por la espalda al joven grafitero.  

Basándose en el Código Penal Militar, “en ningún caso podrán relacionarse con el servicio las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio”.

Ante esto se rechaza la posibilidad de que la justicia penal militar asuma este caso, pues por lo expuesto anteriormente por lo que debe ser la justicia ordinaria la “encargada de investigar, jugar y sancionar a los responsables de delitos constitutivos de violaciones de los derechos humanos”.

Vale recordar que el pasado 28 de septiembre, el mismo día en que se le fue enviado el informe de la ONU, la Fiscal General manifestó que el proceso de Diego Becerra sería trasladado a la justicia penal militar pues las pruebas recogidas hasta ese momento señalaban que se trataba de un acto de servicio.

Sobre este hecho, la abogada Myriam Pachón, quien defiende los intereses de la familia del grafitero, precisó que Morales Hoyos “omitió este concepto, algo que me llama mucha la atención pues se manifiesta que se violaron los conceptos constitucionales y se presentó un exceso de fuerza, eso es gravísimo”.

“Por más que se devuelva a la justicia ordinaria, queda un sinsabor por parte de la Fiscalía General y la Procuraduría pues no se protegieron los derechos humanos de todos los colombianos. Aquí en este caso las cosas se han hecho de manera muy lenta”, precisó la abogada.

En el caso sobre el posible secuestro de dos compañeros de Becerra, precisó que se sabe quiénes fueron los responsables, “y la Policía también lo sabe, están implicados además en la adulteración de la escena del crimen”.

En un concepto emitido el 28 de septiembre del presente año enviado a la fiscal General, Viviane Morales la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos manifiesta que el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra se dio en actos “por fuera del servicio” por parte de los agentes de la Policía Metropolitana que estuvieron presentes en el confuso hecho.

Según la misiva enviada por Juan Carlos Monge, representante encargado de la ONU en Colombia, este concepto, la muerte de Becerra ocurrida el pasado 19 de agosto en el norte de Bogotá “se habría dado una grave violación del derecho humano a la vida”.

Precisando que el asesinato se dio a consecuencia “del uso de la fuerza por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley que no obró de acuerdo con los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad”, haciendo clara referencia al patrullero WIlmer Antonio Alarcón, señalado de haberle disparo por la espalda al joven grafitero.  

Basándose en el Código Penal Militar, “en ningún caso podrán relacionarse con el servicio las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio”.

Ante esto se rechaza la posibilidad de que la justicia penal militar asuma este caso, pues por lo expuesto anteriormente por lo que debe ser la justicia ordinaria la “encargada de investigar, jugar y sancionar a los responsables de delitos constitutivos de violaciones de los derechos humanos”.

Vale recordar que el pasado 28 de septiembre, el mismo día en que se le fue enviado el informe de la ONU, la Fiscal General manifestó que el proceso de Diego Becerra sería trasladado a la justicia penal militar pues las pruebas recogidas hasta ese momento señalaban que se trataba de un acto de servicio.

Sobre este hecho, la abogada Myriam Pachón, quien defiende los intereses de la familia del grafitero, precisó que Morales Hoyos “omitió este concepto, algo que me llama mucha la atención pues se manifiesta que se violaron los conceptos constitucionales y se presentó un exceso de fuerza, eso es gravísimo”.

“Por más que se devuelva a la justicia ordinaria, queda un sinsabor por parte de la Fiscalía General y la Procuraduría pues no se protegieron los derechos humanos de todos los colombianos. Aquí en este caso las cosas se han hecho de manera muy lenta”, precisó la abogada.

En el caso sobre el posible secuestro de dos compañeros de Becerra, precisó que se sabe quiénes fueron los responsables, “y la Policía también lo sabe, están implicados además en la adulteración de la escena del crimen”.