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6 Jul 2021 - 11:00 a. m.

Mujeres privadas de la libertad: angustia mundial por doble aislamiento

Tres colectivos de derechos humanos enviaron un informe a la ONU, documentando la crisis diferencial de las mujeres privadas de su libertad en el mundo, durante la pandemia. Reportaron tratos inhumanos, deficiencias en el servicio de salud menstrual y escases de productos de aseo.

Jhoan Sebastian Cote Lozano / jcote@elespectador.com / @SebasCote95

Las mujeres privadas de la libertad pasaron de ser 1.500 en el año de 1991, a 7.944 en junio de 2018, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Las mujeres privadas de la libertad pasaron de ser 1.500 en el año de 1991, a 7.944 en junio de 2018, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.

“Aislamiento sobre aislamiento”. Ese es el fenómeno que pudieron evidenciar tres organizaciones de derechos humanos, tras monitorear la situación de las mujeres privadas de la libertad en el mundo, durante el año y medio de pandemia por COVID-19. Reforma Penal Internacional, el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas y la Corporación Humanas, por Colombia, reportaron al relator especial en salud de la ONU que las dificultades de las internas se acrecentaron con el virus y, además, que han sufrido tratos inhumanos y contrarios a la política internacional.

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En el mundo hay alrededor de 741.000 mujeres privadas de la libertad. Un número lejano en las mediciones de principio de década, pues desde 2.000 la población ha aumentado en un 59%. En contraste, la población de hombres ha crecido en un 20%. De acuerdo con Claudia Cardona, representante de Corporación Humanas y fundadora del movimiento latinoamericano Mujeres Libres, esto se debe a un endurecimiento de las sanciones contra los delitos relacionados con drogas, que representan la mayoría de conductas por las cuales están en prisión.

“Los sistemas penitenciarios del mundo han sido construidos por y para hombres. Se estima que las mujeres constituyen sólo el 6,9% de la población carcelaria mundial, y con frecuencia están encarcelados en pequeños anexos de cárceles para hombres. Los Estados deben garantizar que las mujeres tengan acceso a una salud sexual y reproductiva adecuada, asequible y de buena calidad, sin discriminación y en igualdad de condiciones con los de la comunidad. Sin embargo, en la práctica, los derechos y las necesidades de la mujer con frecuencia se ignoran o no están priorizados”, se explica en el informe.

Ante la ONU, las organizaciones explicaron que lo común durante la pandemia fue la falta de acceso a productos de salud menstrual para las mujeres, como toallas sanitarias. En la mayoría de prisiones se seguirían rompiendo las reglas de tratamiento para reclusas “Bangkok”, de la ONU, en las cuales se les exige a los sistemas penitenciarios tratamientos de salud sexual adecuados, tratos específicos de género, visitas conyugales y cuidados especiales a la población en embarazo o con hijos en la prisión.

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Claudia Cardona, quien logró constituir oficialmente Mujeres Libres en Colombia en junio pasado, asegura que las mujeres casi no han tenido citas con el ginecólogo. “Las reglas Bangkok dicen que se debe garantizar todo el tema de salud en las cárceles de mujeres y sobre todo que ayuden basados en las necesidades de ellas. Sin embargo, desde el año pasado no hay ingreso de personal externo en las cárceles de Colombia. En la normalidad un ginecólogo va una vez al mes, atiende a las que puede. Pero por la pandemia no pudo volver”, aseguró.

Las organizaciones denunciaron que las cárceles han sido un entorno de riesgo extremo para COVID-19, debido a las condiciones de encierro, hacinamiento e insalubridad. En mayo de 2021, al menos 548 mil internos se contagiaron con el virus en el mundo. La cifra de muertos ronda los 3.968, sin embargo, alertan por un subregistro de los gobiernos. “Entre marzo y junio de 2020, 109 países anunciaron medidas para abordar el hacinamiento en las cárceles, pero su el impacto en la práctica ha sido pequeño. Se estima que la población carcelaria mundial se redujo en menos de un 6%”, agregan.

“Las prisiones han sido aisladas del exterior mundo, suspendiendo visitas externas de familiares y al negar el acceso a la prisión por servicios externos, incluida la asistencia sanitaria. En algunos casos, también se adoptaron medidas para detener productos dentro de las cárceles. En muchos países de Europa, América y Oceanía, las autoridades penitenciarias pusieron en marcha mecanismos de aislamiento basados en celdas que, en la práctica, implicaban un prolongado confinamiento solitario para personas privadas de libertad, a la vez durante meses”, denuncian.

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Beatriz Maldonado, representante de Mujeres Unidas por la Libertad en México, asegura que las mujeres internas quedaron soledad durante meses, pues se redujeron las visitas casi en su totalidad. Explica que, ahora, solo dejan entrar personas que presenten su comprobante de vacunación. “En cuanto al servicio médico hay una carencia frente a medicamentos, los médicos no son especialistas. Si dices que tienes COVID solo te encierran en otro lado, a ti y a tus compañeras por 40 días”, aseguró en entrevista con El Espectador. Agregó que no hay cifras exactas sobre contagios entre la población de casi 10.000 mujeres.

En el informe, los colectivos alertaron que en México el acceso a toallas sanitarias y otros productos de higiene ya dependía del suministro externo de familiares o amigos. Un paquete de toallas podría costar entre 1,70 y 2,50 dólares. No obstante, tras el inicio de la pandemia por COVID-19 las mujeres fueron “completamente olvidadas”. En relación con estos elementos, en Colombia, se explica que tras denuncias el Gobierno habría aportado un paquete cada tres meses y, además, se habría creado un mercado negro dentro de las prisiones.

Teodora Vásquez, directora de Mujeres Libres en El Salvador, explica que las internas en el país centroamericano no han tenido visitas desde marzo del año pasado: “Los procesos se han aplazado por este sistema que tenemos y algunas de las mujeres terminan pagando las penas sin ningún beneficio. También hay que hablar de la violencia que se vive dentro de prisión, nosotras perdemos todos los derechos. Tampoco hemos tenido el derecho a un sistema de salud adecuado, ninguna mujer tiene asistencia médica o psicológica tras la pandemia. Quedan totalmente al abandono”, agregó en entrevista con este diario.

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Vásquez, quien trabaja para la reinserción de las mujeres condenadas, pone sobre la mesa uno de los temas más debatidos sobre el sistema penal salvadoreño: el aborto. Explica que las mujeres siguen siendo condenadas por interrupciones del embarazo, sin importar si fueron espontáneamente: “Muchas perdieron la vida porque tenían cáncer, perdieron a sus hijos y el sistema en lugar de darles la salud que merecerían, les dio condena a una cantidad de años. Mueren dentro de prisión. Si una jovencita de 12 años es violada, esa joven tiene que llevar a término su embarazo, porque aquí en El Salvador se condena el aborto desde el momento de la concepción”.

Finalmente, Catia Kim, del Instituto Tierra, Trabajo y Ciudadanía de Brasil, denuncia que las autoridades de su país han reportado más de 85 mil casos confirmados y alrededor de 229. Sin embargo, “estos datos no incluyen una perspectiva de género, por lo que no es posible especificar cuántos de estos casos fueron mujeres o personas cisgénero o transgénero”. Como en los demás países de Latinoamérica, se han incrementado las denuncias por incumplimiento de las medidas sanitarias: distanciamiento social, realización de pruebas de COVID y aplicación de vacunas a la población, como grupo priorizado.

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