Más de 33 millones de dólares deberá pagar la empresa Drummond Limited –Drummond– al Estado, por no cancelar las regalías de exploración y explotación carbonífera en una zona del Cesar. El desembolso lo deberá hacer la multinacional norteamericana a las colombianas Empresa Nacional Minera (Minercol Ltda.), en liquidación, y al Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), porque dejó de cancelar durante varios años ese rubro.
Esta decisión fue ratificada por el Consejo de Estado, luego de haber declarado carente de fundamento un recurso de anulación interpuesto por la compañía carbonífera Drummond contra el laudo arbitral proferido el 8 de agosto de 2007, por el Tribunal de Arbitramento, convocado por Minercol e Ingeominas, para dirimir las controversias surgidas a partir del contrato N° 078 de 1988, celebrado el 23 de agosto de ese mismo año.
La Drummond deberá cancelar en pesos colombianos y liquidados a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha del pago, un monto de 11 millones de dólares, correspondientes a las regalías que la empresa multinacional dejó de pagar entre el 3 de marzo de 1999 y el 28 de enero de 2004, a la Empresa Nacional Minera Limitada, en liquidación. Y la suma de 15 millones de dólares al Instituto Colombiano de Geología y Minería, porque le dejó de pagar las regalías correspondientes, entre el 29 de enero de 2004 y el 30 de junio de 2006.
A estos montos se le suman siete millones de dólares que deberá cancelarles a Minercol Ltda. e Ingeominas por concepto de intereses moratorios sobre las regalías causadas y no pagadas al 30 de junio de 2006. De este rubro, cuatro millones son para la Empresa Nacional Minera Limitada y tres millones para el Instituto Colombiano de Geología y Minería.
Antecedentes de la demanda
Las empresas Minercol Ltda. en liquidación e Ingeominas, a través de un escrito dirigido al Centro de Arbitraje y Conciliación, solicitaron el día 2 de septiembre de 2005, la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento con la finalidad de solucionar
diferencias surgidas a partir del contrato 078 de 1988, celebrado mediante escritura pública N° 2411 de la Notaría 20 del Círculo de Bogotá. El contrato inicialmente fue pactado entre Carbocol, parte estatal, y la Drummond. El contrato, además de la exploración y explotación de carbón, comprendía la exploración, construcción y el montaje para la extracción del mineral, de igual manera, la explotación, transporte y comercialización del mismo.
Luego de negocios jurídicos, Minercol Ltda. en liquidación, sucedió a Carbocol, asumiendo la parte estatal del contrato. Con ello se hizo beneficiaria de las regalías y obtuvo participación en las utilidades de la Drummond. Pero posteriormente Ingeominas sustituyó a Minercol, con lo cual a partir del 29 de enero de 2004 se convertía en la parte estatal contratante y obtenía las regalías y parte de las utilidades de la multinacional, tal como se había acordado en el contrato.
Las diferencias por las cuales la Drummond debe ahora pagar la multimillonaria demanda, se produjeron cuando la multinacional carbonífera y la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías), el 13 de septiembre de 1991, suscribieron el Contrato Operacional para Transporte Privado del mineral desde la mina hasta el puerto de embarque. A este acuerdo se le hicieron modificaciones el 6 de junio de 1997 y el 13 de septiembre de 1999, las cuales generaron una reducción de costos del transporte, sin prever que existía un vínculo de este nuevo acuerdo con el contrato original, es decir, el N° 078, celebrado el 23 de agosto de 1988 entre la compañía norteamericana y la colombiana Carbocol.
Como consecuencia de los ajustes al contrato de transporte del carbón, los cuales produjeron una rebaja en los costos del mismo, la Drummond debió pagar a favor de la parte estatal contratante un mayor valor de regalías y no lo hizo. Por esta razón y luego de años de litigio para dirimir las diferencias, el Consejo de Estado declaró infundado el recurso de anulación interpuesto por la multinacional, con el que pretendía evadir la responsabilidad suscrita en un contrato hace 20 años con el Estado colombiano.
Por Humberto Coronel N.
