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El exsenador Musa Besaile Fayad aceptó ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia los cargos formulados en su contra en un proceso por corrupción relacionado con el manejo de recursos de regalías en el departamento de Córdoba, durante la administración del gobernador Alejandro Lyons (2012-2015).
El excongresista fue acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, en el marco de una investigación que lo señala de participar en una red criminal dedicada a desviar dineros públicos.
De acuerdo con la acusación, Besaile, en asocio con particulares y funcionarios de la Gobernación de Córdoba, habría participado en el direccionamiento irregular de convenios financiados con recursos de regalías, especialmente en proyectos de ciencia y tecnología.
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La investigación señala que los convenios fueron adjudicados a cambio de sobornos y que los recursos fueron apropiados de manera indebida, afectando el patrimonio público y el propósito de los fondos destinados al desarrollo regional.
El crimen de Jairo Zapa, una pieza clave aún sin esclarecer en el caso de las regalías de Córdoba
Dentro de los procesos por el desfalco a los recursos de regalías en Córdoba persiste un capítulo sin resolver: el asesinato de Jairo Zapa Pérez, entonces director de Regalías del departamento. El cuerpo de Zapa fue hallado el 4 de agosto de 2014, tras más de cuatro meses desaparecido. Su cadáver apareció en una fosa a escasos metros de una finca del entonces gobernador Alejandro Lyons.
En el marco de esta investigación, la Fiscalía citó a rendir declaración al exgobernador Lyons y a la exrectora de la Universidad del Sinú, Mara Bechara, quien ya había sido imputada en mayo de 2017 por cuatro delitos relacionados con presuntas irregularidades en convenios celebrados entre la universidad y la administración de Lyons. Dichos convenios fueron financiados con dineros de regalías y, según las pesquisas, nunca se ejecutaron en su totalidad.
Aunque Mara Bechara no es investigada formalmente por el asesinato de Zapa, la Fiscalía ha señalado similitudes entre los contratos por los que fue imputada y los hechos que rodearon el crimen que estremeció a la administración de Lyons, en la que se perdieron millonarios recursos de regalías y salud.
En un principio, un exparamilitar desmovilizado, Joice Hernández, confesó el homicidio de Zapata alegando motivos personales; sin embargo, tiempo después aseguró que actuó por orden de Jesús Henao Sarmiento, un excontratista de la Gobernación que fue condenado en 2024 a 40 años de prisión por el crimen de Zapa Pérez.
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De acuerdo con la Fiscalía, la muerte de Zapa estaría relacionada con las irregularidades en los contratos de regalías, en especial los de ciencia y tecnología, los mismos que hoy tienen ante la justicia a varios exfuncionarios y políticos de Córdoba, incluido el exsenador Besaile, quien hoy aceptó cargos por delitos relacionados con el desvío de esos recursos.
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