El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de 1.300 millones de pesos por el asesinato en 1995 del abogado Jorge Barriga, quien defendía los intereses de varios miembros del Eln.
Según la decisión del alto tribunal, el Estado debía proteger la vida e integridad del jurista quien había recibido varias amenazas por parte de grupos paramilitares que operaban en Norte de Santander.
En este sentido, señaló que la Policía estaba obligada a garantizar la vida de las personas en riesgo por su profesión y por la calidad de sus clientes.
Igualmente, señala la decisión judicial, la Policía tendrá que pedir perdón públicamente y pegar en todas las estaciones del departamento fotos y la historia del jurista.