Nancy López Calderón: ¿víctima de falso testigo o promotora de homicidio?

El lunes 20 de octubre de 2014, la señora Nancy López Calderón acudió a la fiscalía seccional de Santander para averiguar por varios procesos que había promovido desde mediados de la década de 1990, y, en vez de una respuesta, se encontró con que una fiscalía había ordenado investigarla por las declaraciones de un paramilitar en Justicia y Paz. Dos días después, quedó detenida y desde entonces libra una pelea jurídica en la que ella sostiene ser víctima de un falso positivo judicial con extraños intereses.

Esta semana completó dos años detenida en la cárcel de mujeres de Bucaramanga, tiempo durante el cual no ha dejado de enviar cartas, desde el Presidente hasta el Ministro de Justicia, la Procuraduría, organismos internacionales de derechos humanos o medios de comunicación para que se revise su caso. Su última pelea se basa en que el juicio en su contra se instaló el 28 de enero de 2016 y, tras varios aplazamientos, sigue sin avances. Hoy debe reanudarse y la procesada confía en que lleven al testigo que la señala, para encararlo ante la justicia.

La historia de Nancy López, de 66 años de edad, se remonta a los tiempos en los que la siembra de algodón en el César era un negocio promisorio junto a la ganadería. En ese momento, su esposo, Manuel José Russo, hoy de 70 años, estaba al frente de la hacienda La Palmira, en la región de Callao, comprensión de Valledupar. Cuando la zona se volvió de amenaza guerrillera, el matrimonio tuvo que desistir de visitarla durante varios años. En 1995, fueron blanco del robo continuo: 217 reses.

Ante esta crítica situación, en marzo de 1995, se optó por negociar, con el exsecretario del Senado Pedro Pumarejo, la venta de 100 hectáreas de tierra. El mayor porcentaje del negocio quedó sujeto a una hipoteca ante el Banco Ganadero de Valledupar, que debía cubrir el comprador. Meses después, como no se atendió esta obligación, el banco embargó los bienes del matrimonio Russo López. Por esos mismos días, Manuel Russo sufrió un infarto con secuelas de salud, por lo cual su esposa se puso al frente de la finca y los negocios.

Al tiempo que Nancy López promovía las demandas respectivas por el robo de ganado o la transacción citada, hacia finales de 1999, entre apremios económicos, el acoso de la guerrilla o el asesinato del capataz de la finca, David Palmera, ocurrido en julio de 1996, se vio forzada a vender tierra. El único comprador fue el Incora. Así negoció una parte de la finca, en una operación en la que fueron incluidos 15 parceleros, que se comprometieron a pagar el 30 % de su parte, pues el 70 % restante fue un subsidio del Estado por intermedio del Incora.

Entre los parceleros beneficiados estuvieron Luis Miguel Pérez y su esposa Gladys Rodríguez, así como Yovanny Ruiz Rodríguez y su compañera. El primero era muy conocido de la familia, desde al menos 30 años atrás, porque había trabajado con los padres de Nancy López. El segundo también laboró en la finca en faenas agrícolas y ganaderas. En octubre de 2002, Manuel Russo fue secuestrado por el Eln, pero, después de 47 días de cautiverio y el pago de $150 millones, fue liberado. Por este caso, la familia también interpuso la respectiva denuncia.

En aquella época, sin embargo, ya las autodefensas dominaban en la región y obligaron a López a instalar equipos de comunicación en la finca, al margen del pago fijo de las extorsiones. A mediados de 2003, por diferencias laborales, Nancy López entró en conflicto con su trabajador Yovanny Ruiz Rodríguez y el pleito terminó en una conciliación en el Ministerio de Protección Social, el 16 de octubre. Él pedía el dinero que no le habían pagado y López argumentaba que aquel no le había pagado el 30 % de su parcela comprada por intermedio del Incora.

Cinco días después, cuando cumplía sus labores en la finca La Palmira, tres paramilitares del frente Mártires del César se llevaron a Luis Miguel Pérez, cuyo cuerpo sin vida apareció al día siguiente en una cuneta en la vía hacia Pueblo Bello. Ese mismo día, los paramilitares regresaron a la finca y desplazaron a los parceleros, entre ellos, a la viuda de la víctima y su hijastro Yovanny Ruiz Rodríguez. Desde ese momento se supo que el crimen había sido perpetrado por paramilitares, a órdenes de alias 39.

Casi seis años después del homicidio de Luis Pérez, el paramilitar John Jairo Hernández Sánchez, alias Daniel Centella, aportó una versión según la cual Pérez fue asesinado por un aporte económico dado por Nancy López. Según Centella, López nunca le pagó su liquidación laboral a Pérez y este, a su vez, no le saldó el valor del predio que había adquirido por medio del Incora. Por eso, según Centella, López le dio $10 millones a alias 39 para que mataran a Pérez. El paramilitar confesó que lo hizo con dos de sus secuaces.

La versión de Daniel Centella tuvo un problema: tanto alias 39 como alias Cocu, cómplices de la acción, ya están muertos. En cuanto a Ómar David Celedón, alias Cocolizo, si bien aceptó su participación en los hechos, dejó claro que nunca supo que López hubiera pagado por el asesinato; eso sí, pagaba las cuotas exigidas por las autodefensas. “Que Centella se deje de resentimientos con las personas a las que tanto daño les hizo”, agregó Cocolizo, quien recalcó: “Nancy López era una mujer que llegaba a su finca humillada, llena de miedo”.

En contraste, tanto la viuda de Luis Pérez como su hijo Elkin Pérez declararon que sí existía un conflicto entre el trabajador y Nancy López por el pago de la parcelación que compró por medio del Incora y que, además de que ella no quiso pagar su liquidación laboral y le exigía intereses altos en el negocio del predio, después habló con Daniel Centella para matar a Luis Pérez y a su hijastro Yovanny. Incluso el declarante manifestó que el día del crimen llegaron preguntando por Yovanny y, como no estaba, se llevaron a Luis.

Cuatro años después de la primera versión de Centella, el caso no se había movido. En cambio, Nancy López, cuando se expidió la ley de restitución de tierras, acudió a las autoridades para que le devolvieran los predios perdidos. En julio de 2013, la Fiscalía ordenó investigar a López por el crimen de Luis Pérez. Cuando fue señalada, uno de los argumentos para defenderse fue recordar que, por los días del crimen de Pérez, ella, junto con su cuñada y su empleada doméstica, fue presionada por el propio Centella en busca de dinero.

En noviembre de 2014, Nancy López fue sindicada de los delitos de homicidio en persona protegida, porte ilegal de armas y desplazamiento forzado. Después, irregularmente, le sumaron concierto para delinquir. En carta enviada al ministro de Justicia, Jorge Londoño, ella manifestó que, en contraste, sus denuncias por expropiación de tierras, desplazamiento forzado, hurto de ganado, extorsión y secuestro nunca tuvieron desarrollo. El 28 de enero de 2016, un juzgado de Valledupar inició el juicio oral en su contra.

El pasado 6 de julio, su hijo Juan Manuel Russo interpuso un recurso de habeas corpus porque el juicio no avanza. El recurso fue negado en dos instancias. Nancy López le pidió a la Procuraduría que revisara las continuas “dilaciones” del expediente. El 20 de septiembre, un procurador le contestó diciendo que su proceso se cumple razonablemente, pero solicitó una agencia especial en su caso para respetar sus garantías procesales. Hoy debe reanudarse la audiencia.

Según Nancy López, después de múltiples obstáculos a su defensa, confía en que llegue la hora de encarar a alias Centella. “Si en sus declaraciones no ha aguantado una versión coherente, le tengo más de 100 preguntas para demostrar todas las contradicciones de su relato”, expresa la procesada. El juicio es por homicidio y porte ilegal de armas, pues el desplazamiento prescribió y el concierto para delinquir ahora es un caso aparte. En su criterio, lo que urge es que lleven a la audiencia a Centella para que se aclare la verdad.

La abogada Lucelly Valencia, que defiende a la ganadera López, manifiesta que carece de lógica pensar que, por no pagar unas prestaciones de $4 millones, su cliente hubiese pagado $10 millones a las autodefensas. “Era más fácil esperar el resultado de un proceso ejecutivo”, recalcó la abogada, quien concluyó: “A quien más afectó la muerte de Luis Pérez fue a la acusada porque le tocó pagar una obligación con la que no estaba de acuerdo y abandonar los expedientes para recobrar sus tierras”.

Después de seis fiscales que han conocido el caso, el séptimo concluyó que, “conforme a las reglas de la sana crítica”, no hay razones para pensar que el testigo esté mintiendo. En cambio, que Nancy López debe responder como determinadora del crimen de Luis Pérez. Un caso más de Justicia y Paz que genera controversia en los estrados judiciales con una clara disyuntiva: o es un testigo que miente o un homicidio pagado en una zona crítica donde los civiles sobrevivían entre los violentos.

El lunes 20 de octubre de 2014, la señora Nancy López Calderón acudió a la fiscalía seccional de Santander para averiguar por varios procesos que había promovido desde mediados de la década de 1990, y, en vez de una respuesta, se encontró con que una fiscalía había ordenado investigarla por las declaraciones de un paramilitar en Justicia y Paz. Dos días después, quedó detenida y desde entonces libra una pelea jurídica en la que ella sostiene ser víctima de un falso positivo judicial con extraños intereses.

Esta semana completó dos años detenida en la cárcel de mujeres de Bucaramanga, tiempo durante el cual no ha dejado de enviar cartas, desde el Presidente hasta el Ministro de Justicia, la Procuraduría, organismos internacionales de derechos humanos o medios de comunicación para que se revise su caso. Su última pelea se basa en que el juicio en su contra se instaló el 28 de enero de 2016 y, tras varios aplazamientos, sigue sin avances. Hoy debe reanudarse y la procesada confía en que lleven al testigo que la señala, para encararlo ante la justicia.

La historia de Nancy López, de 66 años de edad, se remonta a los tiempos en los que la siembra de algodón en el César era un negocio promisorio junto a la ganadería. En ese momento, su esposo, Manuel José Russo, hoy de 70 años, estaba al frente de la hacienda La Palmira, en la región de Callao, comprensión de Valledupar. Cuando la zona se volvió de amenaza guerrillera, el matrimonio tuvo que desistir de visitarla durante varios años. En 1995, fueron blanco del robo continuo: 217 reses.

Ante esta crítica situación, en marzo de 1995, se optó por negociar, con el exsecretario del Senado Pedro Pumarejo, la venta de 100 hectáreas de tierra. El mayor porcentaje del negocio quedó sujeto a una hipoteca ante el Banco Ganadero de Valledupar, que debía cubrir el comprador. Meses después, como no se atendió esta obligación, el banco embargó los bienes del matrimonio Russo López. Por esos mismos días, Manuel Russo sufrió un infarto con secuelas de salud, por lo cual su esposa se puso al frente de la finca y los negocios.

Al tiempo que Nancy López promovía las demandas respectivas por el robo de ganado o la transacción citada, hacia finales de 1999, entre apremios económicos, el acoso de la guerrilla o el asesinato del capataz de la finca, David Palmera, ocurrido en julio de 1996, se vio forzada a vender tierra. El único comprador fue el Incora. Así negoció una parte de la finca, en una operación en la que fueron incluidos 15 parceleros, que se comprometieron a pagar el 30 % de su parte, pues el 70 % restante fue un subsidio del Estado por intermedio del Incora.

Entre los parceleros beneficiados estuvieron Luis Miguel Pérez y su esposa Gladys Rodríguez, así como Yovanny Ruiz Rodríguez y su compañera. El primero era muy conocido de la familia, desde al menos 30 años atrás, porque había trabajado con los padres de Nancy López. El segundo también laboró en la finca en faenas agrícolas y ganaderas. En octubre de 2002, Manuel Russo fue secuestrado por el Eln, pero, después de 47 días de cautiverio y el pago de $150 millones, fue liberado. Por este caso, la familia también interpuso la respectiva denuncia.

En aquella época, sin embargo, ya las autodefensas dominaban en la región y obligaron a López a instalar equipos de comunicación en la finca, al margen del pago fijo de las extorsiones. A mediados de 2003, por diferencias laborales, Nancy López entró en conflicto con su trabajador Yovanny Ruiz Rodríguez y el pleito terminó en una conciliación en el Ministerio de Protección Social, el 16 de octubre. Él pedía el dinero que no le habían pagado y López argumentaba que aquel no le había pagado el 30 % de su parcela comprada por intermedio del Incora.

Cinco días después, cuando cumplía sus labores en la finca La Palmira, tres paramilitares del frente Mártires del César se llevaron a Luis Miguel Pérez, cuyo cuerpo sin vida apareció al día siguiente en una cuneta en la vía hacia Pueblo Bello. Ese mismo día, los paramilitares regresaron a la finca y desplazaron a los parceleros, entre ellos, a la viuda de la víctima y su hijastro Yovanny Ruiz Rodríguez. Desde ese momento se supo que el crimen había sido perpetrado por paramilitares, a órdenes de alias 39.

Casi seis años después del homicidio de Luis Pérez, el paramilitar John Jairo Hernández Sánchez, alias Daniel Centella, aportó una versión según la cual Pérez fue asesinado por un aporte económico dado por Nancy López. Según Centella, López nunca le pagó su liquidación laboral a Pérez y este, a su vez, no le saldó el valor del predio que había adquirido por medio del Incora. Por eso, según Centella, López le dio $10 millones a alias 39 para que mataran a Pérez. El paramilitar confesó que lo hizo con dos de sus secuaces.

La versión de Daniel Centella tuvo un problema: tanto alias 39 como alias Cocu, cómplices de la acción, ya están muertos. En cuanto a Ómar David Celedón, alias Cocolizo, si bien aceptó su participación en los hechos, dejó claro que nunca supo que López hubiera pagado por el asesinato; eso sí, pagaba las cuotas exigidas por las autodefensas. “Que Centella se deje de resentimientos con las personas a las que tanto daño les hizo”, agregó Cocolizo, quien recalcó: “Nancy López era una mujer que llegaba a su finca humillada, llena de miedo”.

En contraste, tanto la viuda de Luis Pérez como su hijo Elkin Pérez declararon que sí existía un conflicto entre el trabajador y Nancy López por el pago de la parcelación que compró por medio del Incora y que, además de que ella no quiso pagar su liquidación laboral y le exigía intereses altos en el negocio del predio, después habló con Daniel Centella para matar a Luis Pérez y a su hijastro Yovanny. Incluso el declarante manifestó que el día del crimen llegaron preguntando por Yovanny y, como no estaba, se llevaron a Luis.

Cuatro años después de la primera versión de Centella, el caso no se había movido. En cambio, Nancy López, cuando se expidió la ley de restitución de tierras, acudió a las autoridades para que le devolvieran los predios perdidos. En julio de 2013, la Fiscalía ordenó investigar a López por el crimen de Luis Pérez. Cuando fue señalada, uno de los argumentos para defenderse fue recordar que, por los días del crimen de Pérez, ella, junto con su cuñada y su empleada doméstica, fue presionada por el propio Centella en busca de dinero.

En noviembre de 2014, Nancy López fue sindicada de los delitos de homicidio en persona protegida, porte ilegal de armas y desplazamiento forzado. Después, irregularmente, le sumaron concierto para delinquir. En carta enviada al ministro de Justicia, Jorge Londoño, ella manifestó que, en contraste, sus denuncias por expropiación de tierras, desplazamiento forzado, hurto de ganado, extorsión y secuestro nunca tuvieron desarrollo. El 28 de enero de 2016, un juzgado de Valledupar inició el juicio oral en su contra.

El pasado 6 de julio, su hijo Juan Manuel Russo interpuso un recurso de habeas corpus porque el juicio no avanza. El recurso fue negado en dos instancias. Nancy López le pidió a la Procuraduría que revisara las continuas “dilaciones” del expediente. El 20 de septiembre, un procurador le contestó diciendo que su proceso se cumple razonablemente, pero solicitó una agencia especial en su caso para respetar sus garantías procesales. Hoy debe reanudarse la audiencia.

Según Nancy López, después de múltiples obstáculos a su defensa, confía en que llegue la hora de encarar a alias Centella. “Si en sus declaraciones no ha aguantado una versión coherente, le tengo más de 100 preguntas para demostrar todas las contradicciones de su relato”, expresa la procesada. El juicio es por homicidio y porte ilegal de armas, pues el desplazamiento prescribió y el concierto para delinquir ahora es un caso aparte. En su criterio, lo que urge es que lleven a la audiencia a Centella para que se aclare la verdad.

La abogada Lucelly Valencia, que defiende a la ganadera López, manifiesta que carece de lógica pensar que, por no pagar unas prestaciones de $4 millones, su cliente hubiese pagado $10 millones a las autodefensas. “Era más fácil esperar el resultado de un proceso ejecutivo”, recalcó la abogada, quien concluyó: “A quien más afectó la muerte de Luis Pérez fue a la acusada porque le tocó pagar una obligación con la que no estaba de acuerdo y abandonar los expedientes para recobrar sus tierras”.

Después de seis fiscales que han conocido el caso, el séptimo concluyó que, “conforme a las reglas de la sana crítica”, no hay razones para pensar que el testigo esté mintiendo. En cambio, que Nancy López debe responder como determinadora del crimen de Luis Pérez. Un caso más de Justicia y Paz que genera controversia en los estrados judiciales con una clara disyuntiva: o es un testigo que miente o un homicidio pagado en una zona crítica donde los civiles sobrevivían entre los violentos.