“Necesitan convertir la Corte en una cortesana”

Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación. / Gustavo Torrijos - El Espectador

Los críticos dicen que Alejandro Ordóñez es un procurador con sotana, por lo radical de sus creencias católicas. Sus amigos lo definen como un hombre justo y correcto. O lo odian o lo quieren. Con él no hay punto medio. Es ultraconservador. No comulga con el matrimonio del mismo sexo, la homosexualidad, el aborto o la eutanasia. Muchos lo acusan de mezclar sus convicciones de fe con asuntos de Estado. Como hoy comienza la semana más religiosa del año, el procurador se confesó con María Elvira Arango, directora de Los Informantes del Canal Caracol, y soltó lo que tenía guardado sobre el Gobierno, el fiscal, la justicia y el proceso de paz. Aquí algunos apartes de la entrevista que se verá completa esta noche.

¿Cuál es su lectura de la situación que estamos viviendo en Colombia por la crisis de la Corte Constitucional?

El tema es de dimensiones nunca antes conocidas. Es inaudito y dramático. Es difícil que el Estado de derecho pueda recomponerse fácilmente. Pero el tema es más de fondo. Es indudable que las acusaciones al doctor Pretelt son graves, y que él las tiene que afrontar y dar explicaciones al país, pero también es indudable que la institucionalidad, el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia deben respetarse.

¿No se le han respetado esos derechos al magistrado Pretelt?

Hay un ensañamiento farisaico contra él. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué el Gobierno está tan comprometido con pedir su renuncia, afectando de manera flagrante la independencia de los poderes. No entiendo por qué con la misma lógica que hoy se le pide a Pretelt la renuncia, no se le pidió al fiscal Eduardo Montealegre ante las graves acusaciones de la contralora Sandra Morelli. No entiendo por qué no se les pide a muchos magistrados de las cortes contra los cuales hay investigaciones graves en la Comisión de Acusaciones. No entiendo a ministros que hoy piden renuncias y ayer fueron grandes defensores del Gobierno más cuestionado de la historia colombiana.

¿Se refiere a Juan Fernando Cristo?

Sí, el doctor Cristo. Es indudable que Pretelt debe explicar y aclarar su conducta y, si es responsable, se le debe condenar. Pero debe permitírsele que se defienda. Está bien que se hubiera separado de la presidencia de la Corte Constitucional y que hubiera pedido licencia. Pero el Congreso le impidió ejercer un derecho que todo funcionario tiene. Aquí hay un contexto dramático y farisaico.

¿Cuál es su lectura?

La razón de que los ministros y el Gobierno estén pidiendo la renuncia a un magistrado es porque necesitan copar la Corte Constitucional, porque necesitan convertir la Corte en una cortesana, porque necesitan mayorías para tramitar tranquilamente los temas del proceso de paz. Es muy grave y lo digo con tranquilidad, sin excitación. Pretelt debe demostrar que no es responsable, y si no lo hace que lo condenen, pero la institucionalidad debe funcionar. Aquí se está implementando lo que se denomina un Estado de opinión, es decir, que frente a lo que digan los editoriales y algunos escenarios mediáticos, la institucionalidad actúa. Eso es totalitario. Algo huele a podrido. Se pretende cooptar toda la institucionalidad, que marche al unísono, que responda a una sola voluntad.

¿Usted cree que la justicia está politizada?

Hay indicios, y por eso la reacción del funcionario o del ciudadano es evadirse o sustraerse a la justicia. Es desconfianza frente a una justicia que muchas veces es selectiva y sesgada. Póngase en el caso de que yo sea la autoridad que la investigue a usted y, sin tomar decisiones, empiece a filtrar las pruebas a los medios para crear un ambiente para tomar una decisión.

¿Está señalando al fiscal?

¿Qué puede sentir el ciudadano investigado si lo avasallan de esa manera? Eso deslegitima al Estado mismo y genera incredulidad y pérdida de confianza en la institucionalidad.

¿Usted se ha convertido en la piedra en el zapato del proceso de paz?

No creo, simplemente recuerdo deberes, ejerzo mis competencias, defiendo los derechos de las víctimas y colaboro con el proceso de paz señalando los riesgos que se puede estar corriendo. Mi posición no es descarrilar el proceso de paz sino temperarlo. No es atravesarle un palo en la rueda sino poner los pies sobre la tierra. Mi esfuerzo es para blindarlo jurídicamente y darle sostenibilidad en el futuro. Este no es un pacto entre la élite del Gobierno y la élite de la guerrilla, tiene que ser entre todos los colombianos y por eso debe tener unos mínimos, para que toda la sociedad pueda vincularse a él.

¿Y cómo se logra eso?

Esos mínimos están consignados en estándares internacionales y además están en la sentencia de la Corte Constitucional que declaró exequible el Marco Jurídico para la Paz. Si se aceptan, si no se pacta impunidad, se desmoviliza la guerrilla, se desarma integralmente y se reconocen los derechos de las víctimas, es indudable que se va a suscitar un blindaje jurídico y político que permita permanencia. En Colombia no hay enemigos de la paz. Todos queremos que este proceso llegue a buen término, anhelamos que esta oportunidad no se eche por la borda, pero es indudable que hay unas estructuras mínimas para lograrlo y consolidar esa voluntad nacional.

Usted dice que no puede haber acuerdos sin que haya cárcel para las Farc, pero ellos han dicho que ni un día. ¿Cómo se concilia eso?

El punto medio es entre Código Penal e impunidad; es reducciones sustanciales de penas, como lo hemos venido utilizando desde hace muchos años. Penas razonables para transitar de la guerra a la paz. Eso no es un capricho o una idea que se le ocurrió al procurador. Eso está en los mínimos internacionales y se exige para los responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidios y graves violaciones a los derechos humanos. Además, así lo dice nuestra Corte Constitucional, máxima autoridad.

¿La misma que está tan desprestigiada?

No es un argumento de autoridad, es un elemento de razonabilidad de justicia, de sentido común. Es lo único que blinda hacia el futuro. Si se pacta una paz con impunidad, la justicia nacional o la internacional en cualquier momento podrían inaplicar los acuerdos. Mire lo que pasó en Argentina con la ley de punto final. Lo que pasó en Uruguay, en El Salvador o en Perú con las amnistías e indultos. Por eso sostengo que los verdaderos amigos de la paz son los que quieren blindar el proceso para darle sostenibilidad en el futuro, los que queremos que se vinculen toda la sociedad y toda la institucionalidad.

¿Cree que hay camino de reconciliación entre Uribe y Santos?

El objetivo no es que se sienten sino que haya un pacto para la paz. Hay pasos imperceptibles que veo con esperanza. Por ejemplo, la carta que Uribe le envía al exconstituyente Álvaro Leyva, en la que habla de la concentración de la guerrilla en lugares, veeduría internacional, incluso de constituyente para refrendar. En otra carta que me envía a mí habla de la posibilidad de que quienes no sean responsables de delitos de lesa humanidad puedan participar en política o de prolongar los términos de las conversaciones. Hay que reconocer que Uribe ha tenido gestos, a pesar de que el presidente Santos, de manera reiterada, estigmatiza a los críticos del proceso como enemigos de la paz. Aunque me da la impresión que ha dejado de utilizar la expresión y eso es también es un buen gesto.

Hablemos de religión. ¿Por qué la agenda de la Procuraduría se confunde con su agenda personal?

Esa confusión no la genera el procurador sino la desinformación que hay sobre las decisiones que toma el Ministerio Público en ejercicio de su competencia. Lo que pasa es que determinados sectores sociales, políticos o mediáticos no soportan que haya un procurador que tenga convicciones religiosas. Pero invito a que analicen todos mis documentos y conceptos, y no encontraran ningún argumento confesional, todos son argumentos en derecho. Tengo mis convicciones y no las niego. Soy católico practicante, pero eso no es óbice para ejercer funciones públicas. Eso no amenaza a nadie ni es motivo de preocupación.

Siempre y cuando las decisiones que tome en derecho no las tome con base en sus creencias religiosas.

¿Usted cree que si en mis decisiones hubiera existido alguna postura ajena a lo jurídico, no me hubieran judicializado? Lo que pasa es que hoy existe una errada concepción del laicismo de Estado, que quiere deslegitimar a aquellas personas con concepciones religiosas que acceden a cargos públicos. Nuestra Constitución consagra la libertad religiosa e incluso en su preámbulo invoca a Dios para la protección de sus instituciones. Cuando la Procuraduría defiende el derecho a la vida, lo hace desde la perspectiva constitucional, desde las convenciones internacionales, desde los precedentes judiciales.

¿Puede un notario casar a una familia gay?

No.

¿Por qué no? El fiscal dice que sí.

La ley no lo permite y el matrimonio entre parejas del mismo sexo no está contemplado en nuestro país. El fiscal está equivocado totalmente.

De los homosexuales se ha hablado suficiente, del aborto también. ¿Cuál es su posición sobre el suicidio?

No estoy de acuerdo porque creo que el único dueño de la vida es Dios. El hombre tiene unos deberes frente a la sociedad que no puede eludir, así como también frente a la familia y los hijos.

A propósito de santos, ¿cuál es el de su devoción?

Tengo dos grandes devociones: soy devoto de la Virgen de Fátima y también de san José.

¿Y cuántas veces al día reza?

Cuando me levanto rezo el santo rosario y la consagración de una congregación mariana. Luego hago un rato de meditación. En la noche rezo oraciones con mi señora y mis hijas.

¿Qué sigue después de la Procuraduría?

Quiero terminar los dos años que me faltan. Después, lo único que sé es que tengo vocación por lo público.

¿Le gustaría ser presidente?

Seguiré en la vida pública y eso puede ser de muchas formas, no necesariamente la que usted propone.