30 Dec 2018 - 2:00 a. m.

Negocios de Salud Vida, bajo sospecha

Denuncian que directivos de la EPS, hoy bajo vigilancia de la Superintendencia de Salud, vendieron 46 inmuebles del grupo empresarial a una empresa panameña. Las transacciones, que suman $164 mil millones, serían una operación para ocultar su patrimonio. La EPS se defiende.

Juan David Laverde Palma / jdlaverde9

Salud Vida es una EPS con 18 años de experiencia, que tiene 1,3 millones de usuarios y presencia en 18 departamentos de Colombia. Sin embargo, desde el 29 de octubre de 2015 la Superintendencia de Salud le puso la lupa a sus finanzas, restringió nuevas afiliaciones y limitó los traslados de pacientes a otras entidades prestadoras de salud. Fue la primera de varias alertas que el organismo de control ha emitido en los últimos tres años. De hecho, en la resolución 1574 de 2017, la Supersalud reveló una radiografía preocupante sobre Salud Vida. Allí aseguró que, con corte de marzo de ese año, la EPS presentaba un patrimonio negativo de $543.281 millones, con un nivel de endeudamiento del 259 %, “hechos que denotan la crítica situación financiera de la EPS”. Hoy, en medio de la tormenta para equilibrar sus cuentas, surgen graves acusaciones sobre presuntas ventas simuladas de sus activos hacia una sociedad panameña.

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El Espectador pudo establecer que ya hay una denuncia en la Fiscalía, promovida por un acreedor que ha prestado sus servicios a la EPS, en la que se relatan pormenorizados detalles de estas transacciones comerciales que suman más de $164 mil millones. Según los denunciantes, mientras Salud Vida capotea ante las autoridades sus problemas económicos (que la EPS niega rotundamente), bajo la mesa estarían descapitalizando la compañía y sacando parte de ese dinero de los recursos de la salud hacia una sociedad privada con sede en Panamá. “Están dejando el cascarón y al Estado le tocará asumir esas deudas”, le contó a este diario el abogado Daniel Largacha, representante de la Clínica Laura Daniela, de Valledupar, entidad a la que le deben $21.000 millones. Según el penalista, entre 2014 y 2016 —cuando arreciaron los enredos financieros— Salud Vida vendió 46 inmuebles a la sociedad panameña Lithia Investment SAS.

Unos negocios que, además, tienen varias particularidades, pues algunos dueños y directivos de la sociedad en Panamá Lithia Investment SAS tendrían nexos muy estrechos con Salud Vida en Colombia. Es decir, estarían pasando el dinero de un bolsillo a otro, con la diferencia de que habría recursos de la salud en el medio. “Como esa plata está en una sociedad en Panamá, esos dineros estarían por fuera del alcance de la Superintendencia de Salud en un eventual proceso de liquidación de la entidad. Y eso es una señal muy grave, pues hoy la EPS está bajo estricta vigilancia por sus líos financieros”, añadió el abogado Largacha. Al revisar los registros de Cámara y Comercio de ambas compañías y otras más con conexiones en estos negocios, aparecen algunos nombres comunes, como los de Benjamín Cubides y su esposa, María Paula Valdés, y Nancy Roa Arenas y su hijo Juan Pablo Silva Roa, quien hoy aparece como presidente de la EPS Salud Vida.

Movidas empresariales

Para entender este enredo, lo primero que toca explicar es quiénes son los dueños de Salud Vida. Esta EPS hace parte del grupo empresarial del mismo nombre integrado por varias clínicas y cuyos dueños o controlantes, según documentos oficiales, son Hortensia Arenas Ávila y sus hijos Lety Graciela, Nancy Janeth y John Wilson Roa. Varias compañías del grupo Salud Vida o de sus socios tienen conexiones con la empresa panameña sobre la que recaen las sospechas de ventas ficticias. Con otra particularidad: Lithia Investment SAS fue constituida el 24 de octubre de 2014 en el istmo con un capital de apenas $10 millones. “¿Cómo es posible que una firma con un capital tan pequeño pudiera perfeccionar compras por más de $164.000 millones a bienes inmuebles de Salud Vida?”, se preguntan los denunciantes. Su tesis, de acuerdo con su petición a la Fiscalía, es que la firma panameña sería una fachada para extraer dineros de la EPS antes de una eventual liquidación.

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Según registros de Cámara y Comercio y escrituras públicas, Lithia Investment SAS es administrada por la compañía colombiana Cuval, de propiedad del empresario Benjamín Cubides Pinto y su esposa, María Paula Valdés, quienes además son dueños de dos sociedades que les prestan servicios a Salud Vida. Una es la IPS Clínica Arenas y la otra es Clinical Management. Y aquí empiezan las coincidencias. Por ejemplo, en el pasado oficiaron como representantes o directivos de Clinical Management Nancy Roa Arenas (una de las dueñas de Salud Vida) y su hijo Juan Pablo Silva, hoy presidente de la EPS. Y en Clínica Arenas, los directivos son la misma Nancy Roa y su otro hijo Daniel Fernando Silva, hermano de Juan Pablo y representante legal de la Clínica Bogotá (que también le ha vendido bienes a Lithia Investment SAS). Es decir, algunos de los dueños de la EPS Salud Vida aparecen como socios o fueron socios en otras compañías que administra la firma panameña.

Para más señas, los registros públicos. El 20 de octubre de 2015, tras la reunión extraordinaria de la asamblea de accionistas, Juan Pablo Silva Roa aceptó la designación como gerente general de Clinical Management, reemplazando al señor Benjamín Cubides. Cargo al que renunció cuando asumió como presidente de Salud Vida, a finales de 2016. Son este tipo de relaciones comerciales y societarias las que derivaron en la denuncia ante la Fiscalía. Con varias perlas: la forma de pago de las 46 ventas de bienes inmuebles de Salud Vida a la firma panameña Lithia Investment SAS fueron pagarés. Es decir, no hubo ni ha habido desembolso del dinero. Quienes saben de este tipo de transacciones aseguran que respaldar una deuda de $164.000 millones con pagarés es, por lo menos, absurdo. Y, todavía más, si se tiene en cuenta que ante una eventual liquidación de la EPS, lo último que se pagaría serían esos créditos quirografarios o pagarés.

Pero, además, seis de esas ventas a Lithia Investment SAS se realizaron por un valor inferior al avalúo catastral. Por ejemplo, mediante escritura pública 1932 se formalizó el 5 de junio de 2015 la venta de una casa ubicada en el centro de Bogotá por parte de la empresa Clínica Bogotá (que es parte del grupo empresarial Salud Vida) a Lithia Investment SAS. Quienes suscribieron la escritura fueron Daniel Fernando Silva (hermano del presidente de Salud Vida EPS) y Benjamín Cubides. Aunque el autoavalúo de ese predio era de $1.432 millones, se vendió por apenas $744 millones. También se documentó la venta de otra casa en el centro de la capital. Ese mismo 5 de junio de 2015 el Sanatorio Clínico Bogotá (que es parte del grupo Salud Vida) le traspasó a Lithia Investment SAS ese inmueble por un valor de $3.310 millones, aun cuando el autoavalúo era de $6.366 millones. El Espectador tiene el registro de todas esas transacciones.

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La respuesta

¿Qué está pasando? ¿Por qué se vendieron a menos precios estos inmuebles y a una firma panameña con conexiones con los directivos de Salud Vida? Consultamos a Juan Pablo Silva, presidente de la EPS. Según dijo, estas acusaciones son temerarias y serán respondidas por sus asesores legales, quienes estudian interponer acciones legales contra los promotores de la denuncia. “Es importante aclarar que la información no proviene de sentencia judicial ni de una investigación penal en curso, como lo evidencia la ausencia de número de noticia criminal, la cual es interpuesta por un acreedor que en diferentes ocasiones ha pretendido desacreditar a Salud Vida EPS. Es por esta razón que se está adelantando un proceso contra esta persona”, manifestó Silva en comunicado enviado a El Espectador. En su opinión, a pesar de que la entidad ha tenido algunos líos financieros, hoy está más sólida que nunca.

“El patrimonio de Salud Vida EPS no se ha visto afectado, lo cual puede ser consultado y corroborado por la Superintendencia Nacional de Salud, entidad encargada de inspeccionar, vigilar y controlar a las EPS, y que ha hecho seguimiento detallado a Salud Vida EPS desde el año 2015, a través de una medida especial de vigilancia preventiva que se encuentra vigente. Si bien la Superintendencia Nacional de Salud profirió, el pasado 4 de diciembre, una resolución en la que no aceptó el plan de reorganización institucional presentado por Salud Vida EPS, dicho acto administrativo no se encuentra en firme ya que, en la actualidad, es materia del respectivo recurso de reposición interpuesto por la EPS, atendiendo el hecho de que esa decisión se tomó sin evaluarse la totalidad de los treinta alcances radicados ante dicha superintendencia desde marzo de 2018 hasta el 4 de diciembre del mismo año”, recalcó el comunicado.

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En su respuesta el presidente de la EPS no contestó los interrogantes esenciales de la denuncia, ni las ventas aparentemente irregulares, ni por qué una firma panameña adquirió todos esos inmuebles en los últimos años, ni los nexos de la administradora de esa compañía en el istmo con otras sociedades en Colombia que tienen vínculos con el grupo empresarial Salud Vida. Según Silva, todo ha venido mejorando desde que asumió las riendas de la EPS por petición de la junta directiva. “Salud Vida EPS reitera su compromiso de continuar garantizando el acceso a servicios de salud a sus afiliados y usuarios en general, en los términos que para el efecto lo disponen las normas legales y en especial en el marco de la implementación nacional de su Modelo Integral Incluyente de atención en salud (…) Esta información deja en evidencia que la denuncia no tiene ningún peso jurídico”, concluyó Silva.

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