Niegan nulidad del proceso contra exdirectora del CTI
La defensa de Marilú Méndez aseguraba que su cliente tiene fuero legal.
El Espectador
Ante un juez 33 de conocimiento, el abogado defensor de la exdirectora del CTI, Marilú Méndez Rada solicitó la nulidad del proceso que se adelanta en su contra por el llamado escándalo de Fondelibertad.
Según el jurista, su cliente tiene fuero legal por lo que el proceso debía ser adelantado por la Corte Suprema de Justicia y no por un juzgado penal.
"La doctora Marilú Méndez hacia parte de la cúpula máxima de la Fiscalía General por lo que debe ser investigada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia", precisó.
Sin embargo estos argumentos fueron rechazados por el juez de conocimiento considerando que no fueron presentados de manera correcta y sólida.
La exfuncionaria es investigada por los delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento privado y peculado por apropiación, habría presionado a Fondelibertad para que contratara unos cursos de capacitación para el Gaula del Ejército con una empresa de su exesposo.
La Fiscalía señaló que Méndez Rada habría incurrido en los delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento público y peculado por apropiación, ante el hecho de que presionó a la entidad vinculada con el Ministerio de Defensa para que le adjudicara dos contratos por un valor de 160 millones a dos empresas, una de ella propiedad de su exesposo Luis Isdrobo.
Según el fiscal del caso, Marilú Méndez influyó entre los años 2009 y 2010 sobre el entonces director de Fondelibertad Harlan Henao para que contratara servicios para la capacitación de los Gaula en actividades contra el secuestro.
La exdirectora del CTI no se allanó a los cargos, y manifestó que durante sus dos años al frente de la Unidad manejó más de 98 mil millones de pesos y nunca tuvo una investigación por irregularidades en la contratación.
Es de recordar que el peculado del que es acusada asciende a un monto de 2 millones 800 mil pesos pesos destinados al transporte y a los viáticos de los empleados de Méndez que trabajaron para su esposo sin que hubiera una orden de la Fiscalía de por medio, sin embargo, este dinero ya había sido reintegrado por la exfuncionaria.
La decisión judicial fue apelada por la defensa de Méndez Rada, por lo que será la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Ante un juez 33 de conocimiento, el abogado defensor de la exdirectora del CTI, Marilú Méndez Rada solicitó la nulidad del proceso que se adelanta en su contra por el llamado escándalo de Fondelibertad.
Según el jurista, su cliente tiene fuero legal por lo que el proceso debía ser adelantado por la Corte Suprema de Justicia y no por un juzgado penal.
"La doctora Marilú Méndez hacia parte de la cúpula máxima de la Fiscalía General por lo que debe ser investigada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia", precisó.
Sin embargo estos argumentos fueron rechazados por el juez de conocimiento considerando que no fueron presentados de manera correcta y sólida.
La exfuncionaria es investigada por los delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento privado y peculado por apropiación, habría presionado a Fondelibertad para que contratara unos cursos de capacitación para el Gaula del Ejército con una empresa de su exesposo.
La Fiscalía señaló que Méndez Rada habría incurrido en los delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento público y peculado por apropiación, ante el hecho de que presionó a la entidad vinculada con el Ministerio de Defensa para que le adjudicara dos contratos por un valor de 160 millones a dos empresas, una de ella propiedad de su exesposo Luis Isdrobo.
Según el fiscal del caso, Marilú Méndez influyó entre los años 2009 y 2010 sobre el entonces director de Fondelibertad Harlan Henao para que contratara servicios para la capacitación de los Gaula en actividades contra el secuestro.
La exdirectora del CTI no se allanó a los cargos, y manifestó que durante sus dos años al frente de la Unidad manejó más de 98 mil millones de pesos y nunca tuvo una investigación por irregularidades en la contratación.
Es de recordar que el peculado del que es acusada asciende a un monto de 2 millones 800 mil pesos pesos destinados al transporte y a los viáticos de los empleados de Méndez que trabajaron para su esposo sin que hubiera una orden de la Fiscalía de por medio, sin embargo, este dinero ya había sido reintegrado por la exfuncionaria.
La decisión judicial fue apelada por la defensa de Méndez Rada, por lo que será la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.