La Juez 18 Penal, con funciones de Control de Garantías, aceptó la petición de la defensa del Personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, para que no se tomara la declaración anticipada del cerebro de la captadora ilegal de dinero, David Murcia Guzmán, ni la de su ex socio, William Suárez.
La titular del despacho señaló que no se cumplen los requisitos de Ley aducidos por la parte acusadora para tomar estas declaraciones antes de iniciarse la etapa de juicio, aceptando la validez de la tesis expuesta por el defensor.
El abogado Rafael Sandoval, apoderado del Personero Distrital, señaló que el hecho de que Murcia ya se haya presentado a una entrevista programada por el ente acusador el pasado 17 de diciembre en la capital de la República, deja a las claras la impertinencia en la práctica de la prueba, bajo estas condiciones.
Advirtió que no es aceptable el argumento esgrimido por la Fiscal, según el cual se hacía necesario escuchar al cerebro de DMG y a uno de sus socios, antes de iniciar la etapa de juicio, debido a la inminencia de su extradición a los Estados Unidos.
Además, según el jurista, hay de por medio una decisión del Tribunal Superior de Tunja en torno a la nulidad de la prueba solicitada ante un Juez Promiscuo de Cómbita Boyacá, en el propósito de evitar la declaración de Suárez ante el Juez, antes de iniciarse el juicio, y que si bien fue negada en primera instancia, aún no ha sido objeto de pronunciamiento por el organismo de cierre.
Por las mismas razones, controvirtió la nueva postura de la Fiscalía, que desistió de la audiencia en esa población boyacense, para que se pudiera tomar la declaración de Suárez durante la diligencia de este miércoles, que se cumple en el complejo judicial de Paloquemao, en el centro oriente de la capital del país.
Entre tanto, la Juez 18 consideró que había mecanismos expeditos para escuchar los testimonios de los condenados, aún cuando se hiciera efectivo su traslado a Estados Unidos antes de la audiencia preparatoria, en la cual las partes harán explícita su voluntad de tener en cuenta una u otra prueba.
La alta funcionaria destacó que, no obstante la validez inobjetable de la prueba anticipada, en este caso no se cumplían los presupuestos legales para que esta se decretara durante la actual etapa procesal.
Rojas Birry enfrenta cargos por supuesto enriquecimiento ilícito de particulares, luego de que se le acusara de recibir 200 millones de pesos de parte de DMG, en calidad de préstamo, según se dice, aduciendo tener la suficiente capacidad de pago una vez el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, asumió la conducción de la administración distrital.
Por El Espectador
