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El Consejo de Estado manifestó que ninguna zona del país puede estar sin la presencia de la Fuerza Pública puesto que no se puede desproteger por ningún motivo, razón o circunstancia a la población civil.
El alto tribunal cuestionó mediante un fallo el hecho de que la Policía Nacional abandonará el municipio de El Rosario, ubicado en el departamento de Nariño, durante cuatro años, tras una toma guerrillera registrada en julio de 1994.
“No resulta razonable que el Estado abandone a sus ciudadanos y/o poblaciones completas que depositaron la defensa de su vida y bienes en las instituciones legítimamente constituidas, máxime cuando dicho abandono se prolonga en el tiempo”, precisa uno de los apartes de la sentencia.
Durante esos cuatro años, las Farc asesinaron a Gerardino Daza, quien fungía como vigilante de la escuela municipal después de que fuera señalado de ayudar a un grupo de policías que habían llegado a la zona para vigilar los comicios electorales.
“Diferentes testimonios recepcionados dieron cuenta de que el municipio de El Rosario llevaba aproximadamente cuatro años desprovisto de agentes de la Fuerza Pública”, resalta el fallo.
La sentencia califica como “inaceptable y una muestra clara de falla al servicio”, que durante cuatro años la población no hubiera contado con la presencia de uniformados del Ejército y la Policía.
Por El Espectador
