Niños wayuus siguen muriendo de hambre: drama de un menor de 16 años con desnutrición

Gilberson Martín González podría ser hoy un joven de 16 años ayudándole a su familia wayuu a traer comida para su casa. Su realidad, sin embargo, es muy diferente. Pasa los días enteros en un chinchorro de color rojo en la ranchería Uchepuru, en el corregimiento de Puerto López, a cinco horas en carro de Uribia (La Guajira). Su grado de desnutrición es tan avanzado que sus piernas ya no responden. No puede hablar y, aunque llora de hambre, de sus ojos no sale una sola lágrima. Simplemente, su cuerpo no tiene líquidos para hacerlo.

De nada le han servido a Gilberson Martín las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) en diciembre del año pasado. En ese momento, el organismo le ordenó al Estado colombiano que respondiera con un plan integral a la preocupante situación de desnutrición en este departamento del norte del país, que sigue causando la muerte de niños en esta comunidad indígena. Pero las medidas tampoco han sido efectivas para otros 36 niños de todo el país que han sido reportados como muertos por desnutrición en lo que va corrido del año por el Instituto Nacional de Salud (INS), pese a que el Gobierno le pidió a la Comisión a comienzos de año que retirara las medidas, pues ya se trabajaba para resolver el problema.

Aunque en el último boletín de la INS se habla de 36 menores de 5 años que han perdido la vida por falta de alimentos, nueve de ellos en La Guajira, el número es confuso. Hasta mayo de este año el Instituto había registrado 101 muertes de niños menores de 5 años por desnutrición o alguna enfermedad relacionada. Pero para el siguiente informe, la INS dejó de contabilizar a quienes habían muerto por esta misma causa. El Espectador quiso saber por qué la diferencia en los datos, o si se dio un cambio en la metodología con la que se recopilan, pero no obtuvo ninguna explicación.

Los cambios en estas cifras ya habían sido reportado por el columnista de este diario, César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, quien a principios de agosto escribió una columna denunciando la situació. La directora del INS, Martha Lucía Ospina, le contestó en una carta que sus afirmaciones resultaban ser una ofensa para los funcionarios de la institución. Sin embargo, en su respuesta tampoco se explicó por qué se dio ese cambio en las cifras de los niños muertos por desnutrición en todo el país o sobre la manera en que se recopila la información.

Grupos de investigación y estudiosos del tema aseguran que la importancia de tener un conteo claro y transparente de lo que está pasando en el país en materia de desnutrición es fundamental. De esa manera se pueden activar protocolos y medidas urgentes para impedir que los niños sigan muriendo. Precisamente, una de las órdenes que impartió la CIDH en sus medidas cautelares fue que el Gobierno debía implementar una microfocalización para identificar cada uno de los niños que se encuentran en peligro.

Sin embargo, sobre la efectividad de esta orden hay versiones encontradas. Por un lado, Remedios Uriana, una de las líderes wayuus que ha denunciado la falta de ayuda por parte del Estado en La Guajira, le aseguró a El Espectador que el Gobierno no ha tomado medidas para contabilizar los casos. Es más, dice que desde que la Corte Suprema de Justicia señaló que la Presidencia era la entidad encargada de coordinar el plan integral para solucionar el problema en La Guajira, “nadie se ha acercado a las rancherías para contar a los niños que se nos están muriendo. La situación es muy delicada”.

La contracara de esta denuncia la presenta el superintendente de Notariado y Registro y gobernador encargado de La Guajira desde junio, Jorge Enrique Vélez, a quien le ha tocado lidiar con el desbarajuste institucional que dejaron administraciones pasadas como la Oneida Pinto –hoy suspendida de su cargo– y Juan Francisco Gómez en temas de contratación. “Estamos haciendo una reunión semanal que convoca la Presidencia para revisar el trabajo que estamos realizando para responder a las medidas. En ella participamos nosotros como Gobernación, el ICBF, ministerios y las alcaldías”, le explicó a este diario el gobernador Vélez.

En temas de agua, agrega el gobernador (e), se han abierto quince nuevos pozos. Pero en temas del censo para saber cuántos son los niños desnutridos, el problema es otro: “Tenemos grupos nómadas que no encontramos la primera vez que visitamos la región donde viven. Además, como se trata de una comunidad binacional, nos ha pasado que llegan niños desde Venezuela. Es un trabajo arduo que estamos verificando cada semana”, añade Vélez.

César Rodríguez, investigador de Dejusticia, califica la falta de acciones concretas, integrales y que perduren en el tiempo como el resultado de un tratamiento de choque: “Varias entidades anuncian medidas y nombran un gobernador ad hoc que denuncia. Pero nada cambia. Seguimos registrando muertes y tutelas”, expone Rodríguez. Pese al olvido y la falta de presencia del Estado, la esperanza de ver desaparecer la cifra de niños muertos por desnutrición todavía está puesta en el Gobierno y además en las decisiones de las altas cortes que tienen la potestad de ordenar medidas más estrictas y urgentes para solucionar esta tragedia. Gilberson Martín y los demás niños y jóvenes de La Guajira las esperan.

Gilberson Martín González podría ser hoy un joven de 16 años ayudándole a su familia wayuu a traer comida para su casa. Su realidad, sin embargo, es muy diferente. Pasa los días enteros en un chinchorro de color rojo en la ranchería Uchepuru, en el corregimiento de Puerto López, a cinco horas en carro de Uribia (La Guajira). Su grado de desnutrición es tan avanzado que sus piernas ya no responden. No puede hablar y, aunque llora de hambre, de sus ojos no sale una sola lágrima. Simplemente, su cuerpo no tiene líquidos para hacerlo.

De nada le han servido a Gilberson Martín las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) en diciembre del año pasado. En ese momento, el organismo le ordenó al Estado colombiano que respondiera con un plan integral a la preocupante situación de desnutrición en este departamento del norte del país, que sigue causando la muerte de niños en esta comunidad indígena. Pero las medidas tampoco han sido efectivas para otros 36 niños de todo el país que han sido reportados como muertos por desnutrición en lo que va corrido del año por el Instituto Nacional de Salud (INS), pese a que el Gobierno le pidió a la Comisión a comienzos de año que retirara las medidas, pues ya se trabajaba para resolver el problema.

Aunque en el último boletín de la INS se habla de 36 menores de 5 años que han perdido la vida por falta de alimentos, nueve de ellos en La Guajira, el número es confuso. Hasta mayo de este año el Instituto había registrado 101 muertes de niños menores de 5 años por desnutrición o alguna enfermedad relacionada. Pero para el siguiente informe, la INS dejó de contabilizar a quienes habían muerto por esta misma causa. El Espectador quiso saber por qué la diferencia en los datos, o si se dio un cambio en la metodología con la que se recopilan, pero no obtuvo ninguna explicación.

Los cambios en estas cifras ya habían sido reportado por el columnista de este diario, César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, quien a principios de agosto escribió una columna denunciando la situació. La directora del INS, Martha Lucía Ospina, le contestó en una carta que sus afirmaciones resultaban ser una ofensa para los funcionarios de la institución. Sin embargo, en su respuesta tampoco se explicó por qué se dio ese cambio en las cifras de los niños muertos por desnutrición en todo el país o sobre la manera en que se recopila la información.

Grupos de investigación y estudiosos del tema aseguran que la importancia de tener un conteo claro y transparente de lo que está pasando en el país en materia de desnutrición es fundamental. De esa manera se pueden activar protocolos y medidas urgentes para impedir que los niños sigan muriendo. Precisamente, una de las órdenes que impartió la CIDH en sus medidas cautelares fue que el Gobierno debía implementar una microfocalización para identificar cada uno de los niños que se encuentran en peligro.

Sin embargo, sobre la efectividad de esta orden hay versiones encontradas. Por un lado, Remedios Uriana, una de las líderes wayuus que ha denunciado la falta de ayuda por parte del Estado en La Guajira, le aseguró a El Espectador que el Gobierno no ha tomado medidas para contabilizar los casos. Es más, dice que desde que la Corte Suprema de Justicia señaló que la Presidencia era la entidad encargada de coordinar el plan integral para solucionar el problema en La Guajira, “nadie se ha acercado a las rancherías para contar a los niños que se nos están muriendo. La situación es muy delicada”.

La contracara de esta denuncia la presenta el superintendente de Notariado y Registro y gobernador encargado de La Guajira desde junio, Jorge Enrique Vélez, a quien le ha tocado lidiar con el desbarajuste institucional que dejaron administraciones pasadas como la Oneida Pinto –hoy suspendida de su cargo– y Juan Francisco Gómez en temas de contratación. “Estamos haciendo una reunión semanal que convoca la Presidencia para revisar el trabajo que estamos realizando para responder a las medidas. En ella participamos nosotros como Gobernación, el ICBF, ministerios y las alcaldías”, le explicó a este diario el gobernador Vélez.

En temas de agua, agrega el gobernador (e), se han abierto quince nuevos pozos. Pero en temas del censo para saber cuántos son los niños desnutridos, el problema es otro: “Tenemos grupos nómadas que no encontramos la primera vez que visitamos la región donde viven. Además, como se trata de una comunidad binacional, nos ha pasado que llegan niños desde Venezuela. Es un trabajo arduo que estamos verificando cada semana”, añade Vélez.

César Rodríguez, investigador de Dejusticia, califica la falta de acciones concretas, integrales y que perduren en el tiempo como el resultado de un tratamiento de choque: “Varias entidades anuncian medidas y nombran un gobernador ad hoc que denuncia. Pero nada cambia. Seguimos registrando muertes y tutelas”, expone Rodríguez. Pese al olvido y la falta de presencia del Estado, la esperanza de ver desaparecer la cifra de niños muertos por desnutrición todavía está puesta en el Gobierno y además en las decisiones de las altas cortes que tienen la potestad de ordenar medidas más estrictas y urgentes para solucionar esta tragedia. Gilberson Martín y los demás niños y jóvenes de La Guajira las esperan.