No baja la marea por el Galeón San José

La disputa por uno de los tesoros más valiosos de la época de la Colonia sigue más viva que nunca. Desde que se inició el proceso de licitación para extraer del mar al Galeón San José, han sido más las críticas que los avances. Mientras el Ministerio de Cultura insiste en que todo se ha manejado en el marco de la legalidad, entidades como la Procuraduría y el gremio académico aducen que aún hay varios interrogantes. Y la marea no baja: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que pretende frenar el proceso y lograr que el Estado colombiano, en vez de una empresa extranjera, se encargue de la extracción.

El recurso, que fue presentado por César Augusto Duarte Acosta, busca que el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) no tengan la posibilidad de crear una asociación público privada (APP) para este propósito, como se está haciendo. Especialmente, que no se acuerde ningún pago con un porcentaje de los bienes que se extraigan. (Le puede interesar: “Estamos abiertos a la discusión”)

En dialogo con El Espectador, el abogado Duarte Acosta sostuvo que en este proceso se están violando dos derechos fundamentales de carácter colectivo: a la moral administrativa y a la propiedad estructural. “El derecho a la moralidad administrativa se está violando porque, a mi juicio, no se está adelantando la APP conforme con el ordenamiento jurídico. Y del patrimonio colectivo porque, con esta APP, lo que se está haciendo es que la persona que formuló la propuesta va a sortear los gastos con parte del Galeón, lo cual no es procedente”, afirmó Duarte.

Uno de los mayores temores frente al navío, hundido en 1708 por un barco Inglés en la bahía de Cartagena, es que sus despojos queden en manos de los cazatesoros. “La historia no nos perdonará que unos nuevos y sofisticados conquistadores, conocidos, en palabras de la Unesco, como cazatesoros, con artilugios y supuestos beneficios de tanto valor como los seductores espejitos de aquella azarosa época, nos vuelvan a saquear, apropiándose en una rapiña del Galeón”, dice la acción popular.

(En contexto: Gobierno Santos no podría firmar contrato para recuperar galeón San José: Procuraduría)

Frente a este punto, el director del Icanh, Ernesto Montenegro, manifestó que el gobierno colombiano no estaba preparado para asumir un proceso arqueológico de tal magnitud. Agregó que la extracción del preciado tesoro tendría un valor estimado de USD60 millones. “Nos encontramos en la situación de unos costos reales y unas capacidades económicas específicas que, vemos, existen en el sector privado y no en el público”, ha señalado. Sin embargo, para el demandante, este no es argumento para que una parte del tesoro se quede en manos extranjeras.

Una de las pretensiones de esta acción es la de frenar el proceso contractual que busca la concesión, mediante una asociación pública privada (APP), de la intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento de los bienes que se encuentren en el polígono autorizado en el mar Caribe, así como para operar un laboratorio para la conservación de materiales y un museo para exhibir lo hallado. Entre los hechos que cuestiona el demandante está que el 22 de enero pasado, el Ministerio de Cultura consideró como viable la propuesta en etapa de factibilidad del proyecto de la APP denominada “San José”, presentada por Maritime Archaeology Consultans Switzerland AG, -MAC.

(Le puede interesar un editorial sobre el tema: Claridad en el caso del galeón San José)

Además, cuestionó que el Ministerio haya publicado en el Secop el proceso de contratación porque, al parecer, no cumplió con los requisitos de hacer una consulta con todas las entidades estatales involucradas en un proyecto de esta magnitud. Y tampoco habría convocado a especialistas, universidades, centros de investigación, ni en la etapa de prefactibilidad ni en la de factibilidad.

El abogado Duarte Acosta insiste en que el Galeón es una especie náufraga, que hace parte del patrimonio cultural de la Nación, que no puede ser apropiada por un particular nacional o extranjero. Por eso, la acción popular indica que en el caso de que el Gobierno no pueda emprender solo esta tarea, entonces se haga una licitación pública, en la que de ninguna manera el pago sea un porcentaje de lo que se pueda llegar a encontrar.

(Le puede interesar: Colombia dice que España aceptó propuesta de colaborar en recuperar San José)

Otro punto criticado, no sólo por Duarte, sino por un grupo de académicos de diversas universidades del país, es que la remuneración al contratista se haga con los bienes que no sean considerados patrimonio cultural. Aunque esto está permitido por la Ley 1675 de 2013, también indica que se debe haber contratado la exploración y la intervención de manera separada, cosa que no habría sucedido con el Galeón. Por un lado, dice la ley, en los hallazgos que estén constituidos por bienes que no sean considerados como patrimonio, el contratista podrá ser remunerado hasta en un 50 % del valor de esos bienes.

El problema, dice el demandante, es que, en este caso, el Ministerio de Cultura solo autorizó, más no contrató, la exploración en aguas marítimas en la resolución 1456 de 2015. “Por lo tanto, en el evento que el Ministerio realice una remuneración hasta con el 50 % de los bienes que no constituyen patrimonio o con su valor equivalente en dinero, podría estar vulnerando el ordenamiento jurídico y viciando con esto las actuaciones desarrolladas dentro de la APP, al contemplar un tipo de remuneración que la ley no ha establecido para las APP”.

(Lea también: Empresa participante para extracción del Galeón San José se retiró del proceso)

Por ahora, en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está resolver la petición de medidas cautelares para suspender el proceso de contratación. Por su parte, el abogado Duarte, como demandante, hace un llamado al gobierno colombiano: que “se proceda a definir si hay una entidad en el país o alguna asociación para que hagan el trabajo. Si no fuese posible que se pudiese surtir un proceso a través de una licitación pública, que se mantenga la unidad del Galeón San José y no sufra ningún tipo de separación”.

La disputa por uno de los tesoros más valiosos de la época de la Colonia sigue más viva que nunca. Desde que se inició el proceso de licitación para extraer del mar al Galeón San José, han sido más las críticas que los avances. Mientras el Ministerio de Cultura insiste en que todo se ha manejado en el marco de la legalidad, entidades como la Procuraduría y el gremio académico aducen que aún hay varios interrogantes. Y la marea no baja: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que pretende frenar el proceso y lograr que el Estado colombiano, en vez de una empresa extranjera, se encargue de la extracción.

El recurso, que fue presentado por César Augusto Duarte Acosta, busca que el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) no tengan la posibilidad de crear una asociación público privada (APP) para este propósito, como se está haciendo. Especialmente, que no se acuerde ningún pago con un porcentaje de los bienes que se extraigan. (Le puede interesar: “Estamos abiertos a la discusión”)

En dialogo con El Espectador, el abogado Duarte Acosta sostuvo que en este proceso se están violando dos derechos fundamentales de carácter colectivo: a la moral administrativa y a la propiedad estructural. “El derecho a la moralidad administrativa se está violando porque, a mi juicio, no se está adelantando la APP conforme con el ordenamiento jurídico. Y del patrimonio colectivo porque, con esta APP, lo que se está haciendo es que la persona que formuló la propuesta va a sortear los gastos con parte del Galeón, lo cual no es procedente”, afirmó Duarte.

Uno de los mayores temores frente al navío, hundido en 1708 por un barco Inglés en la bahía de Cartagena, es que sus despojos queden en manos de los cazatesoros. “La historia no nos perdonará que unos nuevos y sofisticados conquistadores, conocidos, en palabras de la Unesco, como cazatesoros, con artilugios y supuestos beneficios de tanto valor como los seductores espejitos de aquella azarosa época, nos vuelvan a saquear, apropiándose en una rapiña del Galeón”, dice la acción popular.

(En contexto: Gobierno Santos no podría firmar contrato para recuperar galeón San José: Procuraduría)

Frente a este punto, el director del Icanh, Ernesto Montenegro, manifestó que el gobierno colombiano no estaba preparado para asumir un proceso arqueológico de tal magnitud. Agregó que la extracción del preciado tesoro tendría un valor estimado de USD60 millones. “Nos encontramos en la situación de unos costos reales y unas capacidades económicas específicas que, vemos, existen en el sector privado y no en el público”, ha señalado. Sin embargo, para el demandante, este no es argumento para que una parte del tesoro se quede en manos extranjeras.

Una de las pretensiones de esta acción es la de frenar el proceso contractual que busca la concesión, mediante una asociación pública privada (APP), de la intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento de los bienes que se encuentren en el polígono autorizado en el mar Caribe, así como para operar un laboratorio para la conservación de materiales y un museo para exhibir lo hallado. Entre los hechos que cuestiona el demandante está que el 22 de enero pasado, el Ministerio de Cultura consideró como viable la propuesta en etapa de factibilidad del proyecto de la APP denominada “San José”, presentada por Maritime Archaeology Consultans Switzerland AG, -MAC.

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Además, cuestionó que el Ministerio haya publicado en el Secop el proceso de contratación porque, al parecer, no cumplió con los requisitos de hacer una consulta con todas las entidades estatales involucradas en un proyecto de esta magnitud. Y tampoco habría convocado a especialistas, universidades, centros de investigación, ni en la etapa de prefactibilidad ni en la de factibilidad.

El abogado Duarte Acosta insiste en que el Galeón es una especie náufraga, que hace parte del patrimonio cultural de la Nación, que no puede ser apropiada por un particular nacional o extranjero. Por eso, la acción popular indica que en el caso de que el Gobierno no pueda emprender solo esta tarea, entonces se haga una licitación pública, en la que de ninguna manera el pago sea un porcentaje de lo que se pueda llegar a encontrar.

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Otro punto criticado, no sólo por Duarte, sino por un grupo de académicos de diversas universidades del país, es que la remuneración al contratista se haga con los bienes que no sean considerados patrimonio cultural. Aunque esto está permitido por la Ley 1675 de 2013, también indica que se debe haber contratado la exploración y la intervención de manera separada, cosa que no habría sucedido con el Galeón. Por un lado, dice la ley, en los hallazgos que estén constituidos por bienes que no sean considerados como patrimonio, el contratista podrá ser remunerado hasta en un 50 % del valor de esos bienes.

El problema, dice el demandante, es que, en este caso, el Ministerio de Cultura solo autorizó, más no contrató, la exploración en aguas marítimas en la resolución 1456 de 2015. “Por lo tanto, en el evento que el Ministerio realice una remuneración hasta con el 50 % de los bienes que no constituyen patrimonio o con su valor equivalente en dinero, podría estar vulnerando el ordenamiento jurídico y viciando con esto las actuaciones desarrolladas dentro de la APP, al contemplar un tipo de remuneración que la ley no ha establecido para las APP”.

(Lea también: Empresa participante para extracción del Galeón San José se retiró del proceso)

Por ahora, en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está resolver la petición de medidas cautelares para suspender el proceso de contratación. Por su parte, el abogado Duarte, como demandante, hace un llamado al gobierno colombiano: que “se proceda a definir si hay una entidad en el país o alguna asociación para que hagan el trabajo. Si no fuese posible que se pudiese surtir un proceso a través de una licitación pública, que se mantenga la unidad del Galeón San José y no sufra ningún tipo de separación”.