No cesa la pelea entre Fiscalía y Procuraduría

Al director del CTI, Julián Quintana, le abrieron un proceso disciplinario. / Archivo

Las calmadas aguas por las que navegaba la complicada relación entre la Procuraduría y la Fiscalía volvieron a ser turbulentas con los más recientes anuncios sobre investigaciones contra altos funcionarios de ambas instituciones . Se trata de la indagación preliminar que inició la Procuraduría contra el director del CTI, Julián Quintana, por los señalamientos públicos que hizo contra el exasesor Luis Alfonso Hoyos ¬a quien señaló de ser el autor intelectual de las interceptaciones que hizo el hacker Andrés Sepúlveda¬, y de los llamados a interrogatorio del ente investigador a los procuradores Carlos Arturo Ramírez y Juan Carlos Novoa, quienes fallaron en contra del alcalde Gustavo Petro por el tema de las basuras.

La tempestad comenzó el pasado 2 de septiembre, cuando desde su cuenta de Twitter, el director del CTI publicó una imagen de la notificación que le enviaba la Procuraduría de la apertura de la investigación en su contra. Quintana acompañó la fotografía con el siguiente trino: “Procuraduría me abre investigación sin tener la competencia art. 19 AL 02/2015 equilibro de poderes. Persecución?”. Según él, el Ministerio Público había violado la nueva ley que dictaba que la designada para ejercer controles disciplinarios a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial era la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Sin embargo, esa Comisión aún no se ha conformado. Y si fuera por el propio jefe de Quintana, el fiscal general Eduardo Montealegre, esa Comisión nunca hubiera existido: fue él quien durante los debates en el Congreso se opuso a la reforma de equilibrio de poderes al decir que con esta propuesta estaban reemplazando la Constitución, por lo que pedía una Asamblea Constituyente.

Fue tan activo Montealegre que algunos congresistas denunciaron que la funcionaria de la Fiscalía Olga Claros estaba haciendo lobby para hundir el proyecto. La reforma fue aprobada y el fiscal cumplió con su promesa de demandarla ante Corte Constitucional. Asimismo, la Fiscalía le pidió al Congreso, en el marco de una indagación por tráfico de influencias, que le informara qué gestiones había realizado la Procuraduría para que en la reforma incluyeran al procurador general en el grupo de personas que solo pueden ser investigadas por la Comisión de Aforados.

El director del CTI, tras recibir la notificación de que sería investigado por, supuestamente, haber vulnerado la presunción de inocencia de Luis Alfonso Hoyos, anunció que denunciaría al procurador que le abrió la investigación por prevaricato (actuar en contra de la ley) y que interpondría una tutela. Horas después del lío se conoció que el despacho del vicefiscal general, Jorge Perdomo, llamó a interrogatorio a los dos procuradores que intervinieron en el proceso que destituyó al alcalde Petro.

Carlos Arturo Ramírez y Juan Carlos Novoa, este último quien firmó al destitución del alcalde de Bogotá a 15 años por las irregularidades en la contratación del sistema de aseo, están siendo investigados desde hace dos años por el delito de prevaricato y sólo hasta el próximo 22 de septiembre se presentarán en la Fiscalía. Cabe recordar que el 21 de noviembre de 2014, Perdomo fue quien archivó los procesos penales contra Petro por el tema de las basuras en Bogotá.

En esa oportunidad, fuentes consultadas indicaron que el ente investigador consideró que la Procuraduría no realizó estudios serios sobre si existió o no impacto ambiental y que los procuradores Ramírez y Novoa argumentaron erróneamente el dolo (mala fe) con el que supuestamente había actuado Petro.

Este nuevo rifirrafe entre Procuraduría y Fiscalía, que ya pone contra las cuerdas a tres funcionarios, se suma a otras peleas que han sostenido en debates públicos el fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez. La más candente, el proceso de paz. Mientras el primero es un ferviente defensor de modelos de justicia transicional para que los guerrilleros pueden evitar condenas que se paguen en la cárcel y dejar a un lado lo que él denomina la “justicia medieval”, Ordóñez lo ha acusado de hacerle el juego a las Farc y promover la impunidad.

Otro de los más recientes enfrentamientos que se dio entre procurador y fiscal fue en el expediente del magistrado Jorge Pretelt. El ente investigador dijo que fiscales adscritos al CTI investigarían supuestas presiones del la Procuraduría por los delitos de prevaricato y constreñimiento de servidores públicos, tras la denuncia que interpuso el congresista Julián Bedoya, quien investiga a Pretelt por recibir supuestos sobornos en el escándalo de Fidupetrol. Según Bedoya, lo estarían presionando y los procuradores no estaban siendo imparciales en el marco del proceso.

Entre los debates que han agrandado el abismo entre el procurador y el fiscal está la adopción y el matrimonio para parejas del mismo sexo. Montealegre se ha puesto en la orilla de proteger los derechos de la comunidad Lgbti, al punto que sus conceptos han sido a favor para que se aprueben las solicitudes. Sin embargo, Ordóñez ha dicho que el conceptos de familia constituida por hombre y mujer está protegido por la Constitución y que sería abominable que aprobaran las peticiones de los gais.

Tan controvertidas han sido las salidas de Ordóñez que en un momento dijo: “El Marco (Jurídico para la Paz) me lo están metiendo con vaselina”, comentando así las propuestas del fiscal y el Gobierno para la justicia transicional a la vez que se discutían derechos de la comunidad Lgbti. Entre otros de los choques entre Fiscalía y Procuraduría también están la despenalización del aborto y la eutanasia, en el cual, como bien se conoce, Montealegre se ha mostrado abierto a aprobar estas propuestas, calificando la posición del Ministerio Público como “intolerable”, mientras Ordóñez se ha presentado como acérrimo opositor.

El caso Saludcoop también ha sido manzana de la discordia. La administración Montealegre ¬quien fue asesor de Carlos Palacino, expresidente de la EPS– poco o nada ha avanzado en el proceso; en cambio, la Procuraduría ya emitió dos sanciones de 20 y 18 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos contra Palacino.

La relación Montealegre y Ordóñez ha sido fragmentada a lo largo de sus carreras como máximos jefes de los entes de control e investigación. Muchos sectores han criticado sus posturas políticas, ya que los señalan de no ejercer sus funciones sino de manejar intereses personales. La pelea, que ha tenido episodios traumáticos como la propuesta de la Fiscalía de excluir a la Procuraduría como actor de procesos penales, hoy ha tomado otros tintes. No solo por el calibre de las declaraciones sino por los expedientes judiciales y disciplinarios que se abrieron contra funcionarios de confianza tanto de Montealegre como de Ordóñez.