No cumplir fallo sobre abuso policial es desacato advierten Procuraduría y expertos
Aunque el Gobierno anunció que pedirá a la Corte Constitucional que seleccione para su estudio la decisión de la Corte Suprema, eso es apenas una posibilidad y no es una instancia. El fallo y sus órdenes deben ser cumplidas so pena de incurrir en desacato.
La Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a pedir perdón por los abusos y exceso de fuerza en que incurrieron agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en el Paro Nacional de 2019 en un plazo de 48 horas. Además, ordenó hacer reformas de fondo luego de asegurar que la fuerza pública ha actuado de manera violenta y arbitraria, de forma sistemática, en las movilizaciones. Ese fallo, explicaron expertos juristas y la Procuraduría General, debe cumplirse pues fue emitido en segunda instancia y no hay posibilidad de impugnarlo.
La única opción plausible para modificar las órdenes del fallo de la Corte Suprema es acudir a la Corte Constitucional y solicitarle que lo seleccione para revisión. Este proceso que el Gobierno ya anunció que hará, no tiene plazos y es apenas una posibilidad ya que el alto tribunal podría no escogerlo. En ese sentido, el Gobierno debe cumplir el fallo de tutela como lo están reclamando voces de múltiples sectores políticos al ministro de Defensa, Carlos Holmes, quien aseguró este miércoles que “el Esmad no incurre institucionalmente en excesos”, sino que se trata de casos aislados.
(Puede ver: “Esmad no incurre institucionalmente en excesos”: ministro de Defensa tras fallo de la Corte Suprema)
El procurador General, Fernando Carrillo, aseguró que “las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse así no se compartan. Ese principio es la base de un Estado de derecho democrático y más cuando se trata de entidades públicas y de servidores públicos. Las autoridades pueden solicitar a la Corte Constitucional la selección de una tutela para que el alto tribunal revise las disposiciones impartidas, pero ello no las exonera del cumplimiento de la decisión que busca proteger derechos fundamentales. Incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia es incurrir en desacato”.
En ese sentido, la Procuraduría anunció que avocará mesas de trabajo para expedir, en 30 días, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, un protocolo “que permita a los ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en caso de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de meeting, reunión o cualquier acto de protesta”. (Le puede interesar: La defensa de la Corte Suprema al derecho a disentir)
Incurrir en acciones de desacato tiene implicaciones legales y medidas correccionales que pueden ser multas y hasta una orden de arresto. A la misma postura del Procurador, se sumaron expertos juristas. El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández por ejemplo, dijo que la solicitud de revisión no es motivo para incumplir las órdenes. “El juez de tutela no solicita, ordena. Debe ser acatado”, precisó. El profesor y reconocido abogado Rodrigo Uprimny agregó que el fallo “está en firme y debe ser cumplido”. “Otra cosa es que la Corte Constitucional pueda revisar esa tutela y la revoque o modifique, pero esa eventualidad no autoriza al gobierno a incumplir órdenes de la Suprema”, dijo.
(En contexto: Rol de la fuerza pública en protestas es sistemáticamente arbitrario: Corte Suprema)
A esta postura, se sumaron abogados como Élmer Montaña, quien le solicitó al ministro Holmes que cumpla con la orden perentoria de pedir excusas. O Franklin Castañeda, vocero del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, una de las organizaciones que presentó la tutela y para quien la respuesta del Gobierno al fallo es desde ya un incumplimiento a la orden. El ministro dijo, con respecto a esa orden, de manera textual, que “la Fuerza Pública, en particular el ESMAD, no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte de la Fuerza Pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos”.
A ellos se sumaron el analista León Valencia, quien consideró que el presidente Duque y el ministro Holmes, “desacatan a la Corte Suprema de Justicia, no quieren proteger la ciudadanía del abuso policial”. Lo mismo dijo la dirigente política Clara López quien dijo que optar por el desacato no es una opción cuando el Gobierno, a través del Ministerio y la Policía, “deben pedir perdón y también asumir su responsabilidad política e institucional presentando sus renuncias”. Y la congresista Katherine Miranda dijo: “¿Desacato a un fallo de tutela en segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia? Esta el Ministro @CarlosHolmesTru burlándose de la justicia y la ciudadanía. ¡Si tuviéramos un Congreso un poquito digno, prosperaría una moción de censura!”.
La senadora Angélica Lozano fue una de las primeras en rechazar lo dicho por el ministro Trujillo. “En Estado de derecho todos acatamos los fallos de las Cortes nos gusten o no. Peligrosa y lamentable jugadita del Ministerio de Defensa y Gobierno para no pedir perdón por abusos de fuerza en asesinato de Dilan Cruz y hacer reforma institucional de lógica pública”, fue uno de los primeros mensajes de la senadora de la Alianza Verde.
(Le puede interesar: Los reparos de la Corte Suprema al uso que el Esmad hace a escopeta calibre 12 y gases)
La senadora aseveró en un video que el gobierno de Iván Duque busca crear una situación de inestabilidad en el país para no acatar el fallo y enfrentar a las Cortes Suprema y Constitucional. “La Policía es una institución vital en nuestro país. Cada municipio de Colombia la necesita funcionando lo mejor posible. Esto es una oportunidad de reforma y lamento que el Gobierno prefiera buscar un choque de trenes, evadir la justicia e incumplir la constitución”, agregó la senadora.
La representante Ángela María Robledo, que llegó a la Cámara por ser fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018, se unió al rechazo a lo dicho por Caros Holmes Trujillo. “Semejante escándalo porque la Corte Suprema ordenó proteger los derechos humanos, pero ven en video a la Fuerza Pública asesinar y herir y ahí si callan. ¡Fascistas!”, fue el primero de los varios menajes de la representante sobre el tema.
(Le puede interesar: “Este fallo llega cuando la protesta social está más amenazada que nunca”: Sandra Borda)
La Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a pedir perdón por los abusos y exceso de fuerza en que incurrieron agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en el Paro Nacional de 2019 en un plazo de 48 horas. Además, ordenó hacer reformas de fondo luego de asegurar que la fuerza pública ha actuado de manera violenta y arbitraria, de forma sistemática, en las movilizaciones. Ese fallo, explicaron expertos juristas y la Procuraduría General, debe cumplirse pues fue emitido en segunda instancia y no hay posibilidad de impugnarlo.
La única opción plausible para modificar las órdenes del fallo de la Corte Suprema es acudir a la Corte Constitucional y solicitarle que lo seleccione para revisión. Este proceso que el Gobierno ya anunció que hará, no tiene plazos y es apenas una posibilidad ya que el alto tribunal podría no escogerlo. En ese sentido, el Gobierno debe cumplir el fallo de tutela como lo están reclamando voces de múltiples sectores políticos al ministro de Defensa, Carlos Holmes, quien aseguró este miércoles que “el Esmad no incurre institucionalmente en excesos”, sino que se trata de casos aislados.
(Puede ver: “Esmad no incurre institucionalmente en excesos”: ministro de Defensa tras fallo de la Corte Suprema)
El procurador General, Fernando Carrillo, aseguró que “las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse así no se compartan. Ese principio es la base de un Estado de derecho democrático y más cuando se trata de entidades públicas y de servidores públicos. Las autoridades pueden solicitar a la Corte Constitucional la selección de una tutela para que el alto tribunal revise las disposiciones impartidas, pero ello no las exonera del cumplimiento de la decisión que busca proteger derechos fundamentales. Incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia es incurrir en desacato”.
En ese sentido, la Procuraduría anunció que avocará mesas de trabajo para expedir, en 30 días, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, un protocolo “que permita a los ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en caso de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de meeting, reunión o cualquier acto de protesta”. (Le puede interesar: La defensa de la Corte Suprema al derecho a disentir)
Incurrir en acciones de desacato tiene implicaciones legales y medidas correccionales que pueden ser multas y hasta una orden de arresto. A la misma postura del Procurador, se sumaron expertos juristas. El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández por ejemplo, dijo que la solicitud de revisión no es motivo para incumplir las órdenes. “El juez de tutela no solicita, ordena. Debe ser acatado”, precisó. El profesor y reconocido abogado Rodrigo Uprimny agregó que el fallo “está en firme y debe ser cumplido”. “Otra cosa es que la Corte Constitucional pueda revisar esa tutela y la revoque o modifique, pero esa eventualidad no autoriza al gobierno a incumplir órdenes de la Suprema”, dijo.
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A esta postura, se sumaron abogados como Élmer Montaña, quien le solicitó al ministro Holmes que cumpla con la orden perentoria de pedir excusas. O Franklin Castañeda, vocero del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, una de las organizaciones que presentó la tutela y para quien la respuesta del Gobierno al fallo es desde ya un incumplimiento a la orden. El ministro dijo, con respecto a esa orden, de manera textual, que “la Fuerza Pública, en particular el ESMAD, no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte de la Fuerza Pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos”.
A ellos se sumaron el analista León Valencia, quien consideró que el presidente Duque y el ministro Holmes, “desacatan a la Corte Suprema de Justicia, no quieren proteger la ciudadanía del abuso policial”. Lo mismo dijo la dirigente política Clara López quien dijo que optar por el desacato no es una opción cuando el Gobierno, a través del Ministerio y la Policía, “deben pedir perdón y también asumir su responsabilidad política e institucional presentando sus renuncias”. Y la congresista Katherine Miranda dijo: “¿Desacato a un fallo de tutela en segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia? Esta el Ministro @CarlosHolmesTru burlándose de la justicia y la ciudadanía. ¡Si tuviéramos un Congreso un poquito digno, prosperaría una moción de censura!”.
La senadora Angélica Lozano fue una de las primeras en rechazar lo dicho por el ministro Trujillo. “En Estado de derecho todos acatamos los fallos de las Cortes nos gusten o no. Peligrosa y lamentable jugadita del Ministerio de Defensa y Gobierno para no pedir perdón por abusos de fuerza en asesinato de Dilan Cruz y hacer reforma institucional de lógica pública”, fue uno de los primeros mensajes de la senadora de la Alianza Verde.
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La senadora aseveró en un video que el gobierno de Iván Duque busca crear una situación de inestabilidad en el país para no acatar el fallo y enfrentar a las Cortes Suprema y Constitucional. “La Policía es una institución vital en nuestro país. Cada municipio de Colombia la necesita funcionando lo mejor posible. Esto es una oportunidad de reforma y lamento que el Gobierno prefiera buscar un choque de trenes, evadir la justicia e incumplir la constitución”, agregó la senadora.
La representante Ángela María Robledo, que llegó a la Cámara por ser fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018, se unió al rechazo a lo dicho por Caros Holmes Trujillo. “Semejante escándalo porque la Corte Suprema ordenó proteger los derechos humanos, pero ven en video a la Fuerza Pública asesinar y herir y ahí si callan. ¡Fascistas!”, fue el primero de los varios menajes de la representante sobre el tema.
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