No dormirás en las calles de Pereira

El decreto 716 del 14 de septiembre de 2012, que prohíbe “a cualquier persona en el Municipio de Pereira, dormir o ejercer la mendicidad en las calles, andenes, parques y otros espacios públicos”, tiene dividida a la ciudad entre quienes ven en la medida una solución a los problemas municipales y de los 1.331 habitantes de calle que en ella viven y quienes la consideran una violación flagrante a los derechos fundamentales de esta población y un intento de la Alcaldía de “esconder” a los habitantes de calle con el fin de atraer inversión.

En entrevista con El Espectador, el personero de Pereira, Néstor Javier Arango, aseveró que este decreto “viola varios principios constitucionales, como el de la libre locomoción, el libre desarrollo de la personalidad de los habitantes de calle y la igualdad. Una cosa es que la Policía controle a estas personas cuando causen problemas; otra muy diferente, lo que dice el decreto. Tememos que medidas semejantes promuevan la persecución de esta población”. Y comentó que en dos ocasiones el alcalde Enrique Vásquez intentó que el Concejo de Pereira aprobara un acuerdo para prohibirle a la gente pernoctar en los espacios públicos y que, ante la negativa de los cabildantes, decretó y empezó a implementar la cuestionada prohibición.

Por su parte, la Mesa de Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos de Risaralda, en una denuncia conocida por este diario, cuestionó que “no se pueden realizar actos administrativos que tengan por objeto suprimir derechos fundamentales como lo es el uso del espacio público”, y alertó que en Pereira “son frecuentes las violaciones a los Derechos Humanos de los habitantes de calle (…) Hay discriminación, estigmatización, persecución. Se los amenaza e intimida, se les dan malos tratos e, incluso, se ha atentado contra su integridad personal”.

Esa ONG se refirió a la denuncia que el 11 de octubre hizo el personero de La Pintada (Antioquia). De acuerdo con él, el pasado 4 de octubre, siete habitantes de la calle fueron encontrados en malas condiciones en un potrero de ese municipio. Al preguntarles lo sucedido, respondieron que desconocidos, al parecer miembros de la Secretaria de Desarrollo Social y Político, los recogieron de las calles de Pereira y los llevaron a la Unidad de Policía Judicial de esa ciudad, donde les ofrecieron pan y chocolate. Después de eso no recuerdan nada.

La investigación corroboró que habían sido drogados. Al otro día regresaron a Pereira. Actualmente hay una investigación para esclarecer lo sucedido. Al respecto, el alcalde Vásquez aseguró que él no se atrevería a decir si funcionarios de la Alcaldía estuvieron involucrados con el hecho. “Nosotros en ningún momento hemos dado instrucciones para que se cometa algo semejante. La investigación está a cargo de la Fiscalía. Yo mismo le solicité al CTI que llegue hasta las últimas consecuencias”.

En diálogo con este diario, el burgomaestre salió en defensa de la medida y dijo que, a diferencia de lo que dicen las ONG, “con ella se beneficia a los habitantes de calle pues se les da un lugar digno para pernoctar y la posibilidad de que cambien su vida y reciban tratamiento. Nuestra filosofía siempre ha sido la de defender los derechos humanos y esta medida no es la excepción”. Además, recalcó que había una preocupación de la ciudadanía debido a la cantidad de habitantes de la calle que se encontraban en el centro de la ciudad y que con la implementación del decreto 716 el centro se ha puesto “bonito”.

El alcalde admitió que han tenido dificultades con algunos habitantes de calle que se niegan a ser atendidos, pero que en ningún momento han obligado a alguno de ellos a trasladarse a los albergues que tienen dispuestos para esta población.

De acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional de 1993, “el Estado no puede actuar por la fuerza para obligar a alguien a recibir su ayuda, ya que de esta manera invadiría la esfera de otros derechos fundamentales, entre ellos, el libre desarrollo de la personalidad y a la libertad personal”. Entonces, lo que hacen las autoridades en Pereira es, una y otra vez, impedirle al habitante de calle dormir en el espacio público hasta que este se “convence” de que lo mejor es ir al albergue. Luego, los bomberos limpian el lugar donde se encontraba el habitante de calle.

Para atender a 1.331 habitantes de calle, Pereira cuenta con dos albergues, uno para los enfermos y otro para pernoctar. De acuerdo con el personero Arango, estas instalaciones no son suficientes. El alcalde Vásquez aseguró que, aunque los albergues no dan abasto, sí son suficientes para que allí pernocten los habitantes de calle del centro de la ciudad; los demás, según él, se dirigen a otros lugares de Pereira donde encuentran lugares para dormir.

Rita Inés Velásquez, de Nuevos Caminos, entidad que le colabora a la Alcaldía en la implementación de este programa, destacó que “se está velando por el derecho de los habitantes de calle a una vida digna, por apoyarlos, orientarlos, darles un alojamiento. Esto es mejor que dejarlos en la calle. La ciudad está muy limpia, y ellos mismos nos están pidiendo que los acojamos. Para mí es una política muy sana. Usted va a encontrar una ciudad limpia y ellos van a estar bien”.

Además resaltó que se está haciendo una caracterización de cada uno de los habitantes de calle de la ciudad y se están realizando programas para ellos. Y comentó que, incluso, la Alcaldía de Pereira le ha ayudado a habitantes de calle a regresar a sus lugares de origen. Según Velásquez, a través del Plan Retorno se ha enviado a 459 de ellos a Bogotá, Cali, Medellín y Pasto. Sin embargo, algunos municipios, como Manizales, han rechazado esta práctica.

Para Carlos Mario Orozco, del Colectivo de Derechos Humanos, este decreto evidencia que a la Alcaldía de Pereira “le estorba la gente de la calle. Cree que afea la ciudad y desincentiva la inversión y el turismo en la ciudad”. Al respecto, el alcalde Vásquez aseguró que “de ninguna manera los estamos escondiendo, ellos conviven con la ciudadanía durante el día. Lo único que estamos haciendo es dándoles una posada por las noches”.

El alcalde recordó que el decreto continúa vigente y por ello seguirá con su implementación. Los ciudadanos, y especialmente los habitantes de calle, seguirán sin la posibilidad de dormir en las calles que muchos de ellos reconocen como su hábitat. Así, los habitantes de calle no pasarán frente a los “castos” ojos de quienes no ven en ellos seres humanos, sino la parte “fea” del paisaje urbano.

El decreto 716 del 14 de septiembre de 2012, que prohíbe “a cualquier persona en el Municipio de Pereira, dormir o ejercer la mendicidad en las calles, andenes, parques y otros espacios públicos”, tiene dividida a la ciudad entre quienes ven en la medida una solución a los problemas municipales y de los 1.331 habitantes de calle que en ella viven y quienes la consideran una violación flagrante a los derechos fundamentales de esta población y un intento de la Alcaldía de “esconder” a los habitantes de calle con el fin de atraer inversión.

En entrevista con El Espectador, el personero de Pereira, Néstor Javier Arango, aseveró que este decreto “viola varios principios constitucionales, como el de la libre locomoción, el libre desarrollo de la personalidad de los habitantes de calle y la igualdad. Una cosa es que la Policía controle a estas personas cuando causen problemas; otra muy diferente, lo que dice el decreto. Tememos que medidas semejantes promuevan la persecución de esta población”. Y comentó que en dos ocasiones el alcalde Enrique Vásquez intentó que el Concejo de Pereira aprobara un acuerdo para prohibirle a la gente pernoctar en los espacios públicos y que, ante la negativa de los cabildantes, decretó y empezó a implementar la cuestionada prohibición.

Por su parte, la Mesa de Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos de Risaralda, en una denuncia conocida por este diario, cuestionó que “no se pueden realizar actos administrativos que tengan por objeto suprimir derechos fundamentales como lo es el uso del espacio público”, y alertó que en Pereira “son frecuentes las violaciones a los Derechos Humanos de los habitantes de calle (…) Hay discriminación, estigmatización, persecución. Se los amenaza e intimida, se les dan malos tratos e, incluso, se ha atentado contra su integridad personal”.

Esa ONG se refirió a la denuncia que el 11 de octubre hizo el personero de La Pintada (Antioquia). De acuerdo con él, el pasado 4 de octubre, siete habitantes de la calle fueron encontrados en malas condiciones en un potrero de ese municipio. Al preguntarles lo sucedido, respondieron que desconocidos, al parecer miembros de la Secretaria de Desarrollo Social y Político, los recogieron de las calles de Pereira y los llevaron a la Unidad de Policía Judicial de esa ciudad, donde les ofrecieron pan y chocolate. Después de eso no recuerdan nada.

La investigación corroboró que habían sido drogados. Al otro día regresaron a Pereira. Actualmente hay una investigación para esclarecer lo sucedido. Al respecto, el alcalde Vásquez aseguró que él no se atrevería a decir si funcionarios de la Alcaldía estuvieron involucrados con el hecho. “Nosotros en ningún momento hemos dado instrucciones para que se cometa algo semejante. La investigación está a cargo de la Fiscalía. Yo mismo le solicité al CTI que llegue hasta las últimas consecuencias”.

En diálogo con este diario, el burgomaestre salió en defensa de la medida y dijo que, a diferencia de lo que dicen las ONG, “con ella se beneficia a los habitantes de calle pues se les da un lugar digno para pernoctar y la posibilidad de que cambien su vida y reciban tratamiento. Nuestra filosofía siempre ha sido la de defender los derechos humanos y esta medida no es la excepción”. Además, recalcó que había una preocupación de la ciudadanía debido a la cantidad de habitantes de la calle que se encontraban en el centro de la ciudad y que con la implementación del decreto 716 el centro se ha puesto “bonito”.

El alcalde admitió que han tenido dificultades con algunos habitantes de calle que se niegan a ser atendidos, pero que en ningún momento han obligado a alguno de ellos a trasladarse a los albergues que tienen dispuestos para esta población.

De acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional de 1993, “el Estado no puede actuar por la fuerza para obligar a alguien a recibir su ayuda, ya que de esta manera invadiría la esfera de otros derechos fundamentales, entre ellos, el libre desarrollo de la personalidad y a la libertad personal”. Entonces, lo que hacen las autoridades en Pereira es, una y otra vez, impedirle al habitante de calle dormir en el espacio público hasta que este se “convence” de que lo mejor es ir al albergue. Luego, los bomberos limpian el lugar donde se encontraba el habitante de calle.

Para atender a 1.331 habitantes de calle, Pereira cuenta con dos albergues, uno para los enfermos y otro para pernoctar. De acuerdo con el personero Arango, estas instalaciones no son suficientes. El alcalde Vásquez aseguró que, aunque los albergues no dan abasto, sí son suficientes para que allí pernocten los habitantes de calle del centro de la ciudad; los demás, según él, se dirigen a otros lugares de Pereira donde encuentran lugares para dormir.

Rita Inés Velásquez, de Nuevos Caminos, entidad que le colabora a la Alcaldía en la implementación de este programa, destacó que “se está velando por el derecho de los habitantes de calle a una vida digna, por apoyarlos, orientarlos, darles un alojamiento. Esto es mejor que dejarlos en la calle. La ciudad está muy limpia, y ellos mismos nos están pidiendo que los acojamos. Para mí es una política muy sana. Usted va a encontrar una ciudad limpia y ellos van a estar bien”.

Además resaltó que se está haciendo una caracterización de cada uno de los habitantes de calle de la ciudad y se están realizando programas para ellos. Y comentó que, incluso, la Alcaldía de Pereira le ha ayudado a habitantes de calle a regresar a sus lugares de origen. Según Velásquez, a través del Plan Retorno se ha enviado a 459 de ellos a Bogotá, Cali, Medellín y Pasto. Sin embargo, algunos municipios, como Manizales, han rechazado esta práctica.

Para Carlos Mario Orozco, del Colectivo de Derechos Humanos, este decreto evidencia que a la Alcaldía de Pereira “le estorba la gente de la calle. Cree que afea la ciudad y desincentiva la inversión y el turismo en la ciudad”. Al respecto, el alcalde Vásquez aseguró que “de ninguna manera los estamos escondiendo, ellos conviven con la ciudadanía durante el día. Lo único que estamos haciendo es dándoles una posada por las noches”.

El alcalde recordó que el decreto continúa vigente y por ello seguirá con su implementación. Los ciudadanos, y especialmente los habitantes de calle, seguirán sin la posibilidad de dormir en las calles que muchos de ellos reconocen como su hábitat. Así, los habitantes de calle no pasarán frente a los “castos” ojos de quienes no ven en ellos seres humanos, sino la parte “fea” del paisaje urbano.