“No dudamos en decir que fuimos víctimas”: presidente de la JEP

En el informe que presentó, tanto en Colombia como en Ginebra, Antonia Urrejola, delegada de la ONU para examinar el desarrollo del Acuerdo de Paz de 2016, ella identificó siete obstáculos. Uno de ellos se relaciona con la denuncia que usted presentó por la actitud hostil de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira en el caso Santrich. ¿Cómo reciben, en su jurisdicción, esas conclusiones de alcance internacional?

En la JEP valoramos la importancia del informe de Naciones Unidas elaborado por la experta internacional Antonia Urrejola, que recoge nuestras preocupaciones y la denuncia que la JEP instauró el 6 de marzo de 2023. Como es de conocimiento público, interpusimos una acción penal para que se investigaran las conductas de antiguos servidores de la Fiscalía General de la Nación durante el proceso ocurrido entre la solicitud de extradición, por parte de Estados Unidos, de Seuxis Paucias Hernández Solarte (Santrich), y la aplicación, en ese caso, de la garantía de no extradición que la JEP hizo pública en mayo de 2019.

¿En qué se basó su denuncia?

La denuncia está sustentada en un estudio riguroso de la información allegada a la magistratura de la JEP y en una evaluación forense independiente que ejecutó Guernica Chambers, firma de abogados con sede en Londres. En esa evaluación se demuestra que hubo múltiples irregularidades en el envío de información (de la Fiscalía) a la JEP sobre ese caso.

¿Qué concluyó la evaluación forense de Guernica Chambers?

El examen que hizo esa firma londinense, para nosotros, fue muy revelador porque, a partir de una perspectiva externa del país y de los hechos, pudo reconstruir varios niveles de lo sucedido: el contexto político del momento, las actuaciones institucionales que se surtieron y otras actuaciones que pudieron ser irregulares. Observando ese contexto, los abogados de Guernica Chambers concluyeron que el proceso Santrich ocurrió en medio de un ambiente de alta confrontación política en el que se mezclaron intervenciones legítimas pero muy contenciosas, con otras posiblemente irregulares. Fueron estas las que originaron la denuncia.

Es importante aclarar por qué el Consejo de Derechos Humanos de la ONU envió a Antonia Urrejola a realizar este informe a Colombia ¿Fue por la denuncia de la JEP?

Se sabe que hubo una solicitud, a la ONU, de la Cancillería colombiana para que se hiciera una investigación sobre los hechos. Y tanto la Cancillería como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tuvieron en cuenta la denuncia que interpusimos en la JEP.

En todo caso, la experta Urrejola sí dio por hecho que “entre 2018 y 2022 (correspondiente al gobierno Duque) el contexto político fue hostil al Acuerdo de Paz” y añadió que no solo se dio “el legítimo debate político sino el abuso de la acción penal para debilitar (…) la justicia transicional”. Se refería a que la Fiscalía de la época actuó en contra de la JEP. ¿Cómo le parece esa conclusión?

Somos enfáticos en decir que la JEP es y ha sido respetuosa de todas las autoridades judiciales y que este caso es demostrativo de nuestra preocupación porque se garantice la independencia de la Fiscalía y de las demás instituciones, así como nos interesa, también, promover el trabajo armónico entre todas las entidades del Estado. Ahora bien, en necesario reiterar que el estudio jurídico que realizó la magistratura de la JEP para negar o conceder la garantía de no extradición a Hernández Solarte tuvo lugar en un contexto político muy complejo para la implementación del Acuerdo Final de Paz.

“Contexto político hostil al Acuerdo”, como dice Urrejola…

Hay que recordar que el Acuerdo se discutió en el Congreso, fue examinado por la Corte y se integró a la Constitución. Pero el plebiscito se perdió. Y que, luego, llegó un gobierno que impulsó la revisión de los textos de los acuerdos como bandera política.

Entonces la señora Urrejola llegó a la conclusión correcta en cuanto al ambiente de confrontación que vivió la JEP en esa etapa.

Es de público conocimiento. En ese momento se desarrollaban, en el ámbito político, las consecuencias del plebiscito y la llegada a la Presidencia del partido de oposición al Acuerdo, que ganó las elecciones basado en ese discurso. En medio de esa tormenta, la JEP tenía que decidir si aplicaba la garantía de no extradición de Santrich (pactada en el Acuerdo para los firmantes que cumplieran). Y en tal contexto, cualquier decisión que se tomara tenía una valencia política, no solo judicial. A los actores judiciales frecuentemente nos pasa que, conservando los márgenes de independencia y autonomía de nuestras decisiones, estas impactan al mundo político en el que nosotros no somos actores.

Concretamente, la delegada Urrejola se refirió a los tropiezos que la JEP enfrentó cuando intentaba conocer las pruebas cuya entrega obstaculizó la Fiscalía, y que eran necesarias para poder definir si las evidencias avalaban o no la extradición de Santrich. ¿Su denuncia penal es contra unos funcionarios, pero implica a la entidad en su conjunto?

No podemos afirmar ni hemos dicho en ningún momento que la Fiscalía —como institución— fuera hostil con la JEP. Lo que transmitimos a las autoridades, en nuestra denuncia, es que, pese a que existían órdenes judiciales precisas y claras de la Sección de Revisión de la JEP y de la Corte Constitucional a la Fiscalía, esta no entregó toda la información que estaba en sus manos y que era necesaria para adoptar una decisión en el caso de Hernández Solarte. Esos hechos y omisiones podrían configurar actos delictivos tales como fraude a resolución judicial (art. 454 del Código Penal) y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio (art. 454b del Código Penal). Por ello pedimos que se investigara a unos funcionarios. Confiamos en que la nueva fiscal general y su equipo de trabajo establezcan quiénes fueron las personas que, en esa institución, indujeron, realizaron o auxiliaron la materialización de esas conductas.

Urrejola también afirmó que con esa confrontación se pretendía “debilitar la confianza ciudadana en el sistema de justicia transicional…” y “crear un manto de duda sobre la idoneidad e imparcialidad de los integrantes de la JEP”. ¿La imagen de la JEP sufrió un golpe por el caso Santrich y se logró crear duda sobre la rectitud de sus magistrados?

Su pregunta me da la oportunidad de decir algo que a veces parece pasar desapercibido por parte de la opinión pública: la JEP fue víctima de hechos que, además de que pudieron constituir delitos, tuvieron como propósito impedir el ejercicio de las competencias constitucionales y legales que nos fueron asignadas para causarle un grave perjuicio al Estado de derecho y a la confianza ciudadana. La JEP sustenta su actividad judicial en el principio ético de la justicia restaurativa, lo cual implica el reconocimiento de las víctimas y del daño provocado por la actividad criminal, como elementos fundamentales de la reparación. Con la denuncia que hicimos hace un año, invocamos tales principios éticos y no dudamos en decir que fuimos víctimas.

Tampoco hay duda de que quienes victimizaron a la JEP fueron funcionarios de la Fiscalía. ¿Por qué trata de separar las responsabilidades entre individuales y generales en esa entidad?

Esa distinción nos parece importante porque no hicimos una denuncia contra una institución: reitero que la Fiscalía tiene un mandato constitucional que respetamos. En nuestra querella nos referimos a la actuación de unos funcionarios que podrían haber incurrido en conductas penales que están por determinar. Aun cuando se probara que esos hechos fueron ejecutados por unas personas, no podríamos derivar de la responsabilidad individual una institucional.

Hay quienes opinan que ustedes se quedaron cortos porque denunciaron a funcionarios de rango medio, pero no mencionaron al máximo responsable de la entidad. ¿Cree posible que en un tema tan delicado como el de la extradición de Santrich, de total interés para Martínez (tanto, que renunció cuando no lo logró), uno de sus subalternos habría actuado sin sus órdenes o conocimiento? O, tal vez, ¿ustedes no quisieron extremar las tensiones entre la JEP y la Fiscalía?

Más que evitar tensiones con la Fiscalía, nosotros interpusimos esa denuncia sustentada en una evaluación de la prueba recaudada por la Sección de Revisión, y en el estudio forense que hizo Guernica Chambers. Nos ajustamos a los hallazgos señalados por la evidencia. A la actual Fiscalía le corresponde valorar los hechos y establecer las responsabilidades penales individuales.

La delegada confirmó, esta semana, en Ginebra y ante el Consejo de la ONU, su recomendación a la Fiscalía actual de darle prioridad a la investigación originada en su denuncia penal y le pidió “apoyarse en expertos independientes” para entregar resultados en el plazo de un año ¿Por qué, después de 12 meses de interpuesta la queja de la JEP, ese proceso no tuvo ningún desarrollo en la fiscalía de Barbosa?

No tengo una explicación positiva o negativa sobre el tema. Confiamos en que la nueva fiscal ordene el desarrollo de esta pesquisa. Hasta la fecha no tenemos conocimiento de avances en las labores investigativas de esa entidad con relación a los hechos denunciados. Pero le cuento un dato: cuando hablamos con la experta Urrejola, la JEP le solicitó a la Fiscalía (antes de la posesión de la doctora Camargo) que nos informara sobre la evolución del caso. Nos respondieron, por escrito, que les enviáramos de nuevo el texto de la denuncia porque, cuando hicieron una transcripción, se había vuelto ilegible, según dijeron.

¡Qué falta de seriedad! En el informe de la señora Urrejola también se menciona el proceso penal que la fiscalía de Martínez Neira abrió en contra de la directora administrativa de la JEP, Marta Lucía Zamora, y de dos abogados de su oficina en 2018 por “perturbación de actos oficiales y abuso”. En 2022 los investigados fueron absueltos ¿Ese caso también hizo parte del intento de desprestigio de la JEP?

En la JEP lamentamos la situación por la que tuvieron que pasar esos exfuncionarios. Siempre confiamos en la labor de los jueces que actuaron en este caso y, como usted bien dice, esas personas fueron absueltas. Hoy en día, Martha Lucía Zamora es magistrada auxiliar de la jurisdicción y nos complace tenerla de vuelta, pues confiamos en su competencia profesional y personal.

Eso, que constituyó un escándalo mediático que afectó a la JEP, además de a los implicados, hoy inocentes, parece relacionarse con los mismos propósitos de minar la jurisdicción transicional…

Un trabajo que sería útil, dentro de la investigación que vaya a hacer la actual Fiscalía sobre estos hechos, es que estableciera los vínculos que pudieron existir entre el proceso que le abrió a esos exfuncionarios y el caso Santrich.

El exfiscal Martínez reaccionó al informe de la ONU y le dio su interpretación cuando afirmó que la delegada Urrejola descartó el llamado “entrampamiento” de su fiscalía al Acuerdo de Paz y a la JEP. ¿Es cierto que la experta internacional desechó la existencia de una operación tramposa?

A nosotros no nos corresponde pronunciarnos sobre si se dio un hecho de esa naturaleza. El informe de la experta es público y, por supuesto, está abierto a todo tipo de consideraciones e interpretaciones. La entidad que tiene que investigar y establecer quiénes fueron los responsables de las graves conductas que afectaron a la JEP y la confianza ciudadana en el Acuerdo Final de Paz es la Fiscalía General de la Nación.

Urrejola recomienda, entre otros aspectos, “revisar y adecuar los requisitos para que los procesos de extradición de los colombianos cumplan con las obligaciones internacionales… incluyendo los derechos de las víctimas”. ¿Significa que quedó alguna inquietud sobre la decisión de la JEP en el caso Santrich?

Es importante recordar que el Acuerdo de Paz, integrado en la Constitución, estableció la garantía jurídica de no extradición para quienes dejaron las armas de las antiguas FARC-EP que estén cumpliendo con sus compromisos. También se establecieron garantías para las víctimas que esperan obtener la plena verdad sobre los hechos del conflicto armado. Debo precisar que la denuncia que presentamos hace un año tiene que ver con las acciones y omisiones de servidores de la Fiscalía, y que la JEP excluyó a Hernández Solarte de los derechos que obtuvo en virtud del Acuerdo, en septiembre de 2019, por su decisión de convertirse en un desertor armado.

Al final de toda esta historia truculenta, ¿ustedes, los magistrados, se sienten respaldados o se consideran amenazados?

La posición de la JEP en el debate público ha ido evolucionando. No estamos en la misma situación que en 2018, 2019 o 2020. Incluso en el gobierno pasado, la situación cambió con la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. La decisión que Khan tomó, de cerrar el examen preliminar que tenía la CPI sobre Colombia, le dio un lugar preponderante a la JEP porque implicó que sí hay capacidad para juzgar graves crímenes en el sistema judicial del país. El gobierno Duque y el fiscal de la CPI firmaron un acuerdo según el cual Colombia se comprometía a darle apoyo institucional y económico a la JEP. Y el Gobierno cumplió. Así que la JEP vivió otro momento durante el mismo cuatrienio. Y la actual administración respalda el Acuerdo y su sistema. En resumen, hoy la JEP tiene un respaldo muy amplio.

Las conclusiones finales del informe de la experta de la ONU, ¿fortalecen el órgano de justicia transicional que usted preside o, por el contrario, ponen a la JEP, otra vez, en la mira de los contradictores del Acuerdo de Paz?

Sabemos que nuestra tarea está llena de dificultades y que hay muchas discusiones que se deben dar en un país que intenta transitar hacia la reconciliación. Los debates son necesarios y para eso están las instituciones: para tramitar las diferencias y exponer las preocupaciones. Nosotros valoramos el informe realizado por la experta Antonia Urrejola, y esperamos los avances de la Fiscalía. Es lo que puedo afirmar.

Denuncia penal de la JEP que termina en informe de la ONU

El 6 de marzo del 2023, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, anunció que había interpuesto una denuncia penal en contra de antiguos servidores de la Fiscalía General de la Nación. En el texto de la denuncia elaborada por el apoderado de la JEP, abogado Gerardo Barbosa, hoy magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, se afirma que “la Sección de Revisión (de la jurisdicción especial de justicia transicional), requirió en varias ocasiones a la fiscalía (de Martínez Neira) para que remitiera la documentación pertinente: solicitudes de asistencia judicial, solicitud de extradición, así como los elementos materiales probatorios a su disposición...” en el caso Santrich. Añadió que “no obstante, la respuesta recurrente de funcionarios (de esa fiscalía) fue la negación de la existencia de solicitudes de asistencia judicial provenientes de las autoridades de los Estados Unidos y la negación de la existencia de elementos probatorios relacionados con los hechos que motivaron la captura y trámite de extradición de alias Jesús Santrich”. Ese lío entre instituciones, es el que termina en el informe, conocido esta semana, de la experta internacional Antonia Urrejola.

¿Llamado de atención o de respaldo?

La experta de la ONU, en su informe en que avala la denuncia penal que la JEP interpuso, también recomendó que su jurisdicción acelere la definición judicial de los firmantes del Acuerdo, sobre amnistías y sanciones restaurativas ¿Lo considera un llamado de atención por falta de resultados?

Las Naciones Unidas acompañan el Acuerdo de Paz con sus distintas dependencias. Sus funcionarios, como nadie, conocen las realidades y dificultades para cumplir con nuestro mandato constitucional. Conscientes de su urgencia, impulsamos, de manera autónoma, un proceso de investigación en que la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, en coordinación con varias oficinas gubernamentales y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha logrado recopilar los nueve decretos presidenciales que conceden la amnistía de iure a 9.600 exintegrantes de las FARC-EP por delitos políticos. En un acto público la JEP se los comunicó a los beneficiarios y los magistrados van a viajar a todo el país para entregarlos personalmente. Además, esa misma sala otorgó 693 amnistías adicionales. La JEP está comprometida con la seguridad jurídica de todos los comparecientes.

En el informe que presentó, tanto en Colombia como en Ginebra, Antonia Urrejola, delegada de la ONU para examinar el desarrollo del Acuerdo de Paz de 2016, ella identificó siete obstáculos. Uno de ellos se relaciona con la denuncia que usted presentó por la actitud hostil de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira en el caso Santrich. ¿Cómo reciben, en su jurisdicción, esas conclusiones de alcance internacional?

En la JEP valoramos la importancia del informe de Naciones Unidas elaborado por la experta internacional Antonia Urrejola, que recoge nuestras preocupaciones y la denuncia que la JEP instauró el 6 de marzo de 2023. Como es de conocimiento público, interpusimos una acción penal para que se investigaran las conductas de antiguos servidores de la Fiscalía General de la Nación durante el proceso ocurrido entre la solicitud de extradición, por parte de Estados Unidos, de Seuxis Paucias Hernández Solarte (Santrich), y la aplicación, en ese caso, de la garantía de no extradición que la JEP hizo pública en mayo de 2019.

¿En qué se basó su denuncia?

La denuncia está sustentada en un estudio riguroso de la información allegada a la magistratura de la JEP y en una evaluación forense independiente que ejecutó Guernica Chambers, firma de abogados con sede en Londres. En esa evaluación se demuestra que hubo múltiples irregularidades en el envío de información (de la Fiscalía) a la JEP sobre ese caso.

¿Qué concluyó la evaluación forense de Guernica Chambers?

El examen que hizo esa firma londinense, para nosotros, fue muy revelador porque, a partir de una perspectiva externa del país y de los hechos, pudo reconstruir varios niveles de lo sucedido: el contexto político del momento, las actuaciones institucionales que se surtieron y otras actuaciones que pudieron ser irregulares. Observando ese contexto, los abogados de Guernica Chambers concluyeron que el proceso Santrich ocurrió en medio de un ambiente de alta confrontación política en el que se mezclaron intervenciones legítimas pero muy contenciosas, con otras posiblemente irregulares. Fueron estas las que originaron la denuncia.

Es importante aclarar por qué el Consejo de Derechos Humanos de la ONU envió a Antonia Urrejola a realizar este informe a Colombia ¿Fue por la denuncia de la JEP?

Se sabe que hubo una solicitud, a la ONU, de la Cancillería colombiana para que se hiciera una investigación sobre los hechos. Y tanto la Cancillería como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tuvieron en cuenta la denuncia que interpusimos en la JEP.

En todo caso, la experta Urrejola sí dio por hecho que “entre 2018 y 2022 (correspondiente al gobierno Duque) el contexto político fue hostil al Acuerdo de Paz” y añadió que no solo se dio “el legítimo debate político sino el abuso de la acción penal para debilitar (…) la justicia transicional”. Se refería a que la Fiscalía de la época actuó en contra de la JEP. ¿Cómo le parece esa conclusión?

Somos enfáticos en decir que la JEP es y ha sido respetuosa de todas las autoridades judiciales y que este caso es demostrativo de nuestra preocupación porque se garantice la independencia de la Fiscalía y de las demás instituciones, así como nos interesa, también, promover el trabajo armónico entre todas las entidades del Estado. Ahora bien, en necesario reiterar que el estudio jurídico que realizó la magistratura de la JEP para negar o conceder la garantía de no extradición a Hernández Solarte tuvo lugar en un contexto político muy complejo para la implementación del Acuerdo Final de Paz.

“Contexto político hostil al Acuerdo”, como dice Urrejola…

Hay que recordar que el Acuerdo se discutió en el Congreso, fue examinado por la Corte y se integró a la Constitución. Pero el plebiscito se perdió. Y que, luego, llegó un gobierno que impulsó la revisión de los textos de los acuerdos como bandera política.

Entonces la señora Urrejola llegó a la conclusión correcta en cuanto al ambiente de confrontación que vivió la JEP en esa etapa.

Es de público conocimiento. En ese momento se desarrollaban, en el ámbito político, las consecuencias del plebiscito y la llegada a la Presidencia del partido de oposición al Acuerdo, que ganó las elecciones basado en ese discurso. En medio de esa tormenta, la JEP tenía que decidir si aplicaba la garantía de no extradición de Santrich (pactada en el Acuerdo para los firmantes que cumplieran). Y en tal contexto, cualquier decisión que se tomara tenía una valencia política, no solo judicial. A los actores judiciales frecuentemente nos pasa que, conservando los márgenes de independencia y autonomía de nuestras decisiones, estas impactan al mundo político en el que nosotros no somos actores.

Concretamente, la delegada Urrejola se refirió a los tropiezos que la JEP enfrentó cuando intentaba conocer las pruebas cuya entrega obstaculizó la Fiscalía, y que eran necesarias para poder definir si las evidencias avalaban o no la extradición de Santrich. ¿Su denuncia penal es contra unos funcionarios, pero implica a la entidad en su conjunto?

No podemos afirmar ni hemos dicho en ningún momento que la Fiscalía —como institución— fuera hostil con la JEP. Lo que transmitimos a las autoridades, en nuestra denuncia, es que, pese a que existían órdenes judiciales precisas y claras de la Sección de Revisión de la JEP y de la Corte Constitucional a la Fiscalía, esta no entregó toda la información que estaba en sus manos y que era necesaria para adoptar una decisión en el caso de Hernández Solarte. Esos hechos y omisiones podrían configurar actos delictivos tales como fraude a resolución judicial (art. 454 del Código Penal) y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio (art. 454b del Código Penal). Por ello pedimos que se investigara a unos funcionarios. Confiamos en que la nueva fiscal general y su equipo de trabajo establezcan quiénes fueron las personas que, en esa institución, indujeron, realizaron o auxiliaron la materialización de esas conductas.

Urrejola también afirmó que con esa confrontación se pretendía “debilitar la confianza ciudadana en el sistema de justicia transicional…” y “crear un manto de duda sobre la idoneidad e imparcialidad de los integrantes de la JEP”. ¿La imagen de la JEP sufrió un golpe por el caso Santrich y se logró crear duda sobre la rectitud de sus magistrados?

Su pregunta me da la oportunidad de decir algo que a veces parece pasar desapercibido por parte de la opinión pública: la JEP fue víctima de hechos que, además de que pudieron constituir delitos, tuvieron como propósito impedir el ejercicio de las competencias constitucionales y legales que nos fueron asignadas para causarle un grave perjuicio al Estado de derecho y a la confianza ciudadana. La JEP sustenta su actividad judicial en el principio ético de la justicia restaurativa, lo cual implica el reconocimiento de las víctimas y del daño provocado por la actividad criminal, como elementos fundamentales de la reparación. Con la denuncia que hicimos hace un año, invocamos tales principios éticos y no dudamos en decir que fuimos víctimas.

Tampoco hay duda de que quienes victimizaron a la JEP fueron funcionarios de la Fiscalía. ¿Por qué trata de separar las responsabilidades entre individuales y generales en esa entidad?

Esa distinción nos parece importante porque no hicimos una denuncia contra una institución: reitero que la Fiscalía tiene un mandato constitucional que respetamos. En nuestra querella nos referimos a la actuación de unos funcionarios que podrían haber incurrido en conductas penales que están por determinar. Aun cuando se probara que esos hechos fueron ejecutados por unas personas, no podríamos derivar de la responsabilidad individual una institucional.

Hay quienes opinan que ustedes se quedaron cortos porque denunciaron a funcionarios de rango medio, pero no mencionaron al máximo responsable de la entidad. ¿Cree posible que en un tema tan delicado como el de la extradición de Santrich, de total interés para Martínez (tanto, que renunció cuando no lo logró), uno de sus subalternos habría actuado sin sus órdenes o conocimiento? O, tal vez, ¿ustedes no quisieron extremar las tensiones entre la JEP y la Fiscalía?

Más que evitar tensiones con la Fiscalía, nosotros interpusimos esa denuncia sustentada en una evaluación de la prueba recaudada por la Sección de Revisión, y en el estudio forense que hizo Guernica Chambers. Nos ajustamos a los hallazgos señalados por la evidencia. A la actual Fiscalía le corresponde valorar los hechos y establecer las responsabilidades penales individuales.

La delegada confirmó, esta semana, en Ginebra y ante el Consejo de la ONU, su recomendación a la Fiscalía actual de darle prioridad a la investigación originada en su denuncia penal y le pidió “apoyarse en expertos independientes” para entregar resultados en el plazo de un año ¿Por qué, después de 12 meses de interpuesta la queja de la JEP, ese proceso no tuvo ningún desarrollo en la fiscalía de Barbosa?

No tengo una explicación positiva o negativa sobre el tema. Confiamos en que la nueva fiscal ordene el desarrollo de esta pesquisa. Hasta la fecha no tenemos conocimiento de avances en las labores investigativas de esa entidad con relación a los hechos denunciados. Pero le cuento un dato: cuando hablamos con la experta Urrejola, la JEP le solicitó a la Fiscalía (antes de la posesión de la doctora Camargo) que nos informara sobre la evolución del caso. Nos respondieron, por escrito, que les enviáramos de nuevo el texto de la denuncia porque, cuando hicieron una transcripción, se había vuelto ilegible, según dijeron.

¡Qué falta de seriedad! En el informe de la señora Urrejola también se menciona el proceso penal que la fiscalía de Martínez Neira abrió en contra de la directora administrativa de la JEP, Marta Lucía Zamora, y de dos abogados de su oficina en 2018 por “perturbación de actos oficiales y abuso”. En 2022 los investigados fueron absueltos ¿Ese caso también hizo parte del intento de desprestigio de la JEP?

En la JEP lamentamos la situación por la que tuvieron que pasar esos exfuncionarios. Siempre confiamos en la labor de los jueces que actuaron en este caso y, como usted bien dice, esas personas fueron absueltas. Hoy en día, Martha Lucía Zamora es magistrada auxiliar de la jurisdicción y nos complace tenerla de vuelta, pues confiamos en su competencia profesional y personal.

Eso, que constituyó un escándalo mediático que afectó a la JEP, además de a los implicados, hoy inocentes, parece relacionarse con los mismos propósitos de minar la jurisdicción transicional…

Un trabajo que sería útil, dentro de la investigación que vaya a hacer la actual Fiscalía sobre estos hechos, es que estableciera los vínculos que pudieron existir entre el proceso que le abrió a esos exfuncionarios y el caso Santrich.

El exfiscal Martínez reaccionó al informe de la ONU y le dio su interpretación cuando afirmó que la delegada Urrejola descartó el llamado “entrampamiento” de su fiscalía al Acuerdo de Paz y a la JEP. ¿Es cierto que la experta internacional desechó la existencia de una operación tramposa?

A nosotros no nos corresponde pronunciarnos sobre si se dio un hecho de esa naturaleza. El informe de la experta es público y, por supuesto, está abierto a todo tipo de consideraciones e interpretaciones. La entidad que tiene que investigar y establecer quiénes fueron los responsables de las graves conductas que afectaron a la JEP y la confianza ciudadana en el Acuerdo Final de Paz es la Fiscalía General de la Nación.

Urrejola recomienda, entre otros aspectos, “revisar y adecuar los requisitos para que los procesos de extradición de los colombianos cumplan con las obligaciones internacionales… incluyendo los derechos de las víctimas”. ¿Significa que quedó alguna inquietud sobre la decisión de la JEP en el caso Santrich?

Es importante recordar que el Acuerdo de Paz, integrado en la Constitución, estableció la garantía jurídica de no extradición para quienes dejaron las armas de las antiguas FARC-EP que estén cumpliendo con sus compromisos. También se establecieron garantías para las víctimas que esperan obtener la plena verdad sobre los hechos del conflicto armado. Debo precisar que la denuncia que presentamos hace un año tiene que ver con las acciones y omisiones de servidores de la Fiscalía, y que la JEP excluyó a Hernández Solarte de los derechos que obtuvo en virtud del Acuerdo, en septiembre de 2019, por su decisión de convertirse en un desertor armado.

Al final de toda esta historia truculenta, ¿ustedes, los magistrados, se sienten respaldados o se consideran amenazados?

La posición de la JEP en el debate público ha ido evolucionando. No estamos en la misma situación que en 2018, 2019 o 2020. Incluso en el gobierno pasado, la situación cambió con la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. La decisión que Khan tomó, de cerrar el examen preliminar que tenía la CPI sobre Colombia, le dio un lugar preponderante a la JEP porque implicó que sí hay capacidad para juzgar graves crímenes en el sistema judicial del país. El gobierno Duque y el fiscal de la CPI firmaron un acuerdo según el cual Colombia se comprometía a darle apoyo institucional y económico a la JEP. Y el Gobierno cumplió. Así que la JEP vivió otro momento durante el mismo cuatrienio. Y la actual administración respalda el Acuerdo y su sistema. En resumen, hoy la JEP tiene un respaldo muy amplio.

Las conclusiones finales del informe de la experta de la ONU, ¿fortalecen el órgano de justicia transicional que usted preside o, por el contrario, ponen a la JEP, otra vez, en la mira de los contradictores del Acuerdo de Paz?

Sabemos que nuestra tarea está llena de dificultades y que hay muchas discusiones que se deben dar en un país que intenta transitar hacia la reconciliación. Los debates son necesarios y para eso están las instituciones: para tramitar las diferencias y exponer las preocupaciones. Nosotros valoramos el informe realizado por la experta Antonia Urrejola, y esperamos los avances de la Fiscalía. Es lo que puedo afirmar.

Denuncia penal de la JEP que termina en informe de la ONU

El 6 de marzo del 2023, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, anunció que había interpuesto una denuncia penal en contra de antiguos servidores de la Fiscalía General de la Nación. En el texto de la denuncia elaborada por el apoderado de la JEP, abogado Gerardo Barbosa, hoy magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, se afirma que “la Sección de Revisión (de la jurisdicción especial de justicia transicional), requirió en varias ocasiones a la fiscalía (de Martínez Neira) para que remitiera la documentación pertinente: solicitudes de asistencia judicial, solicitud de extradición, así como los elementos materiales probatorios a su disposición...” en el caso Santrich. Añadió que “no obstante, la respuesta recurrente de funcionarios (de esa fiscalía) fue la negación de la existencia de solicitudes de asistencia judicial provenientes de las autoridades de los Estados Unidos y la negación de la existencia de elementos probatorios relacionados con los hechos que motivaron la captura y trámite de extradición de alias Jesús Santrich”. Ese lío entre instituciones, es el que termina en el informe, conocido esta semana, de la experta internacional Antonia Urrejola.

¿Llamado de atención o de respaldo?

La experta de la ONU, en su informe en que avala la denuncia penal que la JEP interpuso, también recomendó que su jurisdicción acelere la definición judicial de los firmantes del Acuerdo, sobre amnistías y sanciones restaurativas ¿Lo considera un llamado de atención por falta de resultados?

Las Naciones Unidas acompañan el Acuerdo de Paz con sus distintas dependencias. Sus funcionarios, como nadie, conocen las realidades y dificultades para cumplir con nuestro mandato constitucional. Conscientes de su urgencia, impulsamos, de manera autónoma, un proceso de investigación en que la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, en coordinación con varias oficinas gubernamentales y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha logrado recopilar los nueve decretos presidenciales que conceden la amnistía de iure a 9.600 exintegrantes de las FARC-EP por delitos políticos. En un acto público la JEP se los comunicó a los beneficiarios y los magistrados van a viajar a todo el país para entregarlos personalmente. Además, esa misma sala otorgó 693 amnistías adicionales. La JEP está comprometida con la seguridad jurídica de todos los comparecientes.