No es cuestión de dinero, sino de principios

Imagen de archivo de los momentos posteriores al atentado en Medellín a mediados de los 80.

En la mañana del martes 2 de octubre de 1990, Luz Stella Céspedes recibió la peor noticia de su vida. Después de culminar una reunión de trabajo, su auxiliar le dijo que llamara a su casa o se fuera de inmediato, que “algo” había ocurrido. No fue capaz de decirle nada más. A las 11:00 a.m. salió de su oficina, ubicada en Bello, más o menos a 30 minutos de su residencia en el Estadio, un sector de clase media alta estrato 5, con una vecindad de buena posición social. El barrio era tranquilo, rara vez pasaba algo extraño en sus manzanas, urbanizadas en gran mayoría con casas unifamiliares de jardín y antejardín.

Era inconcebible que la violencia llegara a este lugar y nos golpeara.

Luz Stella intentó llamar. Nadie le contestaría. El trayecto de 25 minutos del trabajo a su casa fue una eternidad para ella: “Solo intentaba buscar una emisora para saber qué había pasado. Lo único que recuerdo es que en la radio dijeron que había explotado una bomba”. Por su mente pasaban miles de imágenes, pero nunca imaginó la magnitud de lo sucedido y menos las consecuencias que esa explosión le traería a su familia. Según la Policía Metropolitana, a las 9:45 de la mañana explotaron un laboratorio para el procesamiento de cocaína y una caleta que almacenaba aproximadamente cien kilos de dinamita. “Después del estruendo, inmediatamente se levantó un enorme hongo rojizo, era lo único que le faltaba a Medellín: ¡una casa bomba!”, afirma Paola Hernández, residente del sector desde aquella época.

Luz Stella llegó a la zona acordonada por las autoridades y logró cruzar a través de la multitud: “El olor era muy fuerte, como una mezcla de químicos entre acetona, éter y amoniaco. En el ambiente había una espesa nube gris de polvo, ambulancias alrededor con ese sonido aterrador de las sirenas, gritos, llantos y lamentos, era todo un clima de zozobra”. Entonces, comprendió la magnitud de los hechos: “Cuando logré ver mi casa, sentí algo de alivio porque no estaba destruida, la mitad de la cuadra estaba en ruinas, era una escena de guerra como de película. Di gracias a Dios y pensé: estamos vivos en medio de tantos muertos”.

Las consecuencias que esto trajo para Luz Stella, mi mamá, y el resto de mi familia fueron la muerte de mi hermano, Felipe Ignacio Valencia Céspedes (cuatro años), nuestro desplazamiento intraurbano y la ruptura familiar. Aunque mis padres no están divorciados, el hogar se acabó. Recuerdo que durante meses mi mamá vivía porque le tocaba, se limitaba a seguir trabajando y tratar de sobrevivir por mí: ya era su único hijo.

Todas las noches llegaba a la casa, comía, luego se sentaba a escuchar a Mercedes Sosa, a tomar tinto y a fumar. Las lágrimas mojaban el cigarrillo que, como su vida, se iba apagando; pero la rabia con la que aspiraba no lo dejaba apagar… así mismo era su vida. También caían lágrimas al tinto. Era el mismo sabor de sus días, entre amargo y dulce.

No olvido las canciones que más escuchaba: Canción de las simples cosas y Como un pájaro libre. Así transcurrieron algunos años. Mamá nunca volvió a ser la misma.

El proceso de reparación

Desde hacía 25 años en mi casa no se había vuelto a hablar de lo ocurrido, pero un tío, Eduardo Céspedes, abogado, nos sugirió que hiciéramos la reclamación a la que teníamos derecho como víctimas. Poco después de la explosión, el Estado le había ofrecido una indemnización a mi papá, Jairo Valencia, pero él la rechazó puesto que “nada compensaría el dolor causado por la pérdida de un hijo, y menos en una forma tan trágica”. El nuevo dilema familiar frente a la reparación despertó rechazo, frustración, rabia y tristeza. No obstante, llegamos a la conclusión de que era una compensación a la cual teníamos derecho.

Mi mamá inició el trámite consiguiendo los diferentes documentos que solicitaba la Fiscalía. Su esfuerzo fue en vano, porque tan pronto le preguntaron cómo habían sucedido los hechos, se deshizo en llanto, no fue capaz de seguir con su declaración. Ese día de octubre de 2014 me llamó para que la recogiera en la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, en Itagüí, la cual funcionaba en una bodega azul, con una puerta de garaje de color gris, similar a la entrada de una cárcel. Cuando un vigilante me abrió, al fondo observé a mi madre con la cabeza agachada. Salió con el bolso colgado en el hombro derecho y una servilleta arrugada en su mano izquierda. Seguramente con ella se había secado las lágrimas. Ya en el carro, me dijo: “Santi, hijo, yo todavía no estoy preparada para esto”.

Al día siguiente llegamos a la conclusión de que yo me haría cargo del proceso. Regresé a la Procuraduría. La funcionaria Patricia Ocampo me formuló una serie de preguntas sobre la muerte de mi hermano y entonces entendí por qué mi mamá se había puesto tan mal. Me mostró lo único que había sobre el caso de Felipe: un cuaderno verde foliado con una reseña escrita a mano. Ocampo me explicó que las indagatorias de la “casa bomba” estaban relacionadas con la investigación sobre Pablo Escobar y el cartel de Medellín, que la información estaba en Bogotá y que el paso siguiente era ir al búnker de la Fiscalía en Medellín. Recibí una copia del cuaderno.

Ese día supe cómo había quedado el cuerpo de mi hermanito.

Continué con el proceso de pedir el expediente. En el búnker, una edificación tan moderna como atemorizante, la gente hace filas esperando una respuesta positiva que tal vez no obtendrá; otros, como yo, vamos por un simple papel. Una joven secretaria me puso en contacto con un funcionario serio pero cordial, quien me formuló las mismas preguntas que en la Procuraduría. Sin buscar en sus cajones ni en un computador, me dijo:

–Aquí no hay nada de este caso, debe ir a Bogotá, porque ese expediente se encuentra allá.

–Pues ¿cómo? Mire que de la Fiscalía regional me mandaron para acá, revise este número de registro, le dije en tono fuerte.

–Las cosas son así. No puedo hacer nada más, respondió sin dudar.

–¡De aquí no me muevo hasta que me dé una respuesta!

El funcionario me exigió una carta de autorización, pero como yo iba preparado para la burocracia e inoperancia de las entidades del Estado, llevé todos los documentos. Me puso en contacto con Sandra Victoria Cuartas, asistente de La Fiscalía Especializada, quien me pidió los documentos y a su vez me entregó otro folio donde decía que el caso no estaba esclarecido, que la información estaría en Bogotá. Aseguró que el proceso sería reabierto, que tuviera “mucha pero mucha paciencia” porque esto se demoraría, “y eso sin contar que los jueces se encuentran en paro y como es víspera de diciembre, ya poco se podrá hacer porque el año está terminado”.

A comienzos de febrero de 2015 recibí una citación para los juzgados de La Alpujarra. El fiscal 33 me informó que el caso había sido reabierto, que la reconstrucción de los hechos se demoraría cuatro meses y necesitaba mi ayuda para esclarecer lo sucedido. De víctima pasé a ser investigador: me solicitó la copia de toda la información que yo había recolectado para facilitar su labor y así poder expedir un certificado para continuar con los trámites.

El 23 de julio recibí el certificado de la Fiscalía: mi familia tuvo que esperar 25 años para conocer la verdad. ¿Por qué habían “desaparecido” los registros? ¿Quiénes estaban interesados en su desaparición?

Tras el recuerdo de lo seres queridos

Las víctimas ocupan un lugar en la agenda nacional desde que el Congreso aprobó la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El Gobierno solo indemnizará a las personas que a partir del primero de enero de 1985 hayan sido afectadas de manera directa o indirecta por un daño psicológico, físico o económico en detrimento de sus derechos fundamentales por un hecho victimizante. No obstante, quedan dudas: ¿Qué sucede con las víctimas anteriores a 1985? ¿Qué acompañamiento les proporciona el Estado a las personas que aún no son “certificadas” como víctimas?

Por otra parte, los colombianos todavía desconocemos en qué consiste la Ley 1448; no es extraño que personas inescrupulosas busquen embaucar a las víctimas o suplantarlas. De acuerdo con los datos suministrados por la Unidad de Víctimas en Antioquia, las cifras de estafa son altas, se han presentado tres mil denuncias de reparación de víctimas por fraude, de ellas el 38% corresponden a este departamento (1.215 denuncias). Medellín, Turbo y Apartadó son los municipios más afectados.

La palabra “reparación” proviene del latín reparare, que significa enmendar, arreglar; es decir, la reparación implica medidas individuales o colectivas que cubran integralmente los daños sufridos por las víctimas. El proceso de acompañamiento a las víctimas debe considerar todo tipo de recursos que ayuden a una reparación íntegra, de manera que la ley no se convierta en otro discurso veintejuliero o de política electoral para ganar votos y conseguir reconocimiento individual.

Desde mi percepción, como víctima, considero que reparación es cuando te dan algo en compensación por algo que has perdido, tomando como prenda de cambio un objeto material (en este caso, dinero). El cuerpo de mi hermano era “material”, no así lo que su vida representó para quienes lo amamos. Por eso, en la realidad, en términos espirituales y sentimentales no habrá una verdadera reparación, porque los recuerdos y las huellas de la violencia siempre estarán ahí. Por más homenajes y reconocimientos que se hagan, ni el implacable tiempo que supuestamente todo lo cura sanará esas marcas imborrables que la guerra nos ha dejado, porque nunca volveremos a ser los mismos.