'No es mi deseo conciliar con Sigifredo López'

El pasado 25 de junio la fiscal 4 delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Lucía Zamora, denunció por injuria y calumnia al exdiputado del Valle, Sigifredo López, porque, supuestamente, estaba desprestigiando su nombre públicamente. En su deseo de continuar adelante con el proceso penal contra López, la fiscal manifestó que no tiene ningún interés en asistir a una audiencia de conciliación.

En un oficio dirigido el pasado 2 de julio al fiscal 265, José Bernardo Agreda Pérez, encargado de llevar adelante el proceso contra el exsecuestrado, la funcionaria puntualizó: “No es mi deseo llegar a ninguna clase de acuerdo conciliatorio con los querellados ni asistir a diligencia alguna relacionada con ese procedimiento pre-procesal, razón por la cual, comedidamente, le solicito se sirva continuar con el ejercicio de la acción penal”.

La discordia entre Zamora y López surgió después de que la fiscal no aguantara más que el exdiputado saliera a los medios de comunicación a decir que “ella era la directora de una fábrica de testigos” que le ha causado muchísimo daño al país, que “ella no tiene elementos de juicio para controvertir el pliego de cargos que le levantó el Consejo de la Judicatura”, o que fue la responsable de que terminara preso durante dos meses, entre abril y junio de 2012.

Por cuenta de este expediente en contra de Sigifredo López, el pasado 18 de junio el Consejo Superior de la Judicatura le formuló cargos a Zamora y la citó a una audiencia verbal. La Fiscalía había señalado al dirigente político de haber participado y planeado junto a la guerrilla de las Farc el secuestro de sus 11 compañeros de Asamblea en 2002. Por este episodio el mismo fiscal general, Eduardo Montealegre, pidió excusas públicas.

Sin embargo, la batalla jurídica entre la fiscal Zamora y el exdiputado tiene otro ingrediente. Zamora recusó al magistrado que le formuló cargos, Henry Villarraga, porque éste resultó vinculado a la investigación del carrusel de pensiones en el Consejo de la Judicatura, expediente que adelanta ella. Villarraga no aceptó la recusación pero indicó que se apartaría del caso.

Zamora fue quien solicitó que se abriera este proceso en contra de los magistrados porque resultaron evidenciándose la adulteración de unas actas en las que terminaron siendo nombrados como magistrados funcionarios que estaban a punto de pensionarse. Pero, en abril de este año, el representante investigador de la Comisión de Acusación Constantino Rodríguez archivó la investigación en favor de Villarraga y otros dos de sus colegas. Y quién dijo miedo: el pasado 24 de junio el fiscal Eduardo Montealegre denunció a Rodríguez ante la Corte Suprema por ese archivo. La pelea, como se ve, está al rojo vivo.

De vuelta al caso Sigifredo López, la fiscal Zamora señaló en su denuncia que el exdiputado “ha realizado desde hace varios días una serie de manifestaciones que atentan contra mi honra y buen nombre y que más recientemente han derivado en una campaña de desprestigio”. En su escrito de 15 páginas también indica que López en ningún momento la ha denunciado formalmente y que no hay demandas administrativas para reparación alguna por el proceso que se realizó en su contra. En la otra orilla Sigifredo López ha señalado que ahora “los pájaros están tirándole a las escopetas”, en clara referencia a que Zamora fue la responsable de detenerlo y procesarlo pues oficiaba como asesora del fiscal encargado de la investigación.

Ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer. Sin conciliación a la vista será un juez quien determine quién tiene la razón.