“No es posible concluir que existe un 'roscograma'”

La magistrada María Victora Calle, actual presidenta de la Corte Constitucional. / Archivo - El Espectador

En medio de la crisis que vive la Corte Constitucional por los escándalos que salpican al magistrado Jorge Pretelt, El Espectador entrevistó a la presidenta encargada del alto tribunal, María Victoria Calle. Al cuestionarla sobre por qué votó por Pretelt para que fuera presidente de la corporación, Calle respondió que lo hizo “respetando una regla convencional que existe en la Corte (...) Esta regla plantea que los magistrados que llegan a la Corporación asuman su presidencia por orden de llegada”. Agregó que no es posible concluir que existe un “roscograma” en las cortes por los nombramientos de familiares de magistrados en entidades como la Fiscalía y la Procuraduría.

Hubo muchas críticas por la rendición de cuentas atípica que hizo la Corte el jueves pasado. ¿Por qué fue reservada, a puerta cerrada, con preguntas vía correo electrónico y divulgadas 12 horas después a la opinión pública?

Las críticas hacen parte del escrutinio ciudadano y, por lo tanto, de la democracia. Sin embargo, no considero que el informe haya sido “atípico” por el hecho de no haber sido acompañado de una rueda de prensa. La remisión de preguntas por correo obedece a que el enorme interés que despierta la Corte actualmente hace probable que el volumen de cuestionamientos o inquietudes sea demasiado alto para responderlo adecuadamente por otro medio. El resultado de la gestión se hizo público, de manera que no es reservado, pues ello implicaría que las personas no pudieran conocer este informe. El programa fue transmitido en televisión a las 6:30 pm y luego a las 10:30 pm.

Fueron ustedes los de la idea de la rendición de cuentas ¿Por qué no la hicieron abierta al público, con participación de la ciudadanía, como cuando ustedes le piden cuentas al gobierno sobre sentencias proferidas por la Corte?

Debo comenzar con dos aclaraciones. La Corporación anunció el 23 de marzo que realizaría una rendición pública de cuentas, y lo hizo a través de un informe de gestión divulgado por el canal “señal institucional” el 26 de marzo. En ese comunicado no se habló de la realización de una audiencia. En segundo lugar, no es adecuado comparar un informe de gestión institucional, con una sesión técnica o una audiencia que se realiza dentro de un proceso judicial. Estas últimas se ubican en el contexto de amenazas o violaciones masivas a distintos derechos, y ante una instancia judicial. Requieren el esfuerzo conjunto de un amplio número de instituciones para su superación, y del desarrollo de políticas públicas que respeten estándares constitucionales e indicadores sobre el goce efectivo de cada derecho. Por eso, al decidir estos asuntos la Corte dicta órdenes complejas y propicia la participación de las partes, los actores sociales y las autoridades para evaluar si se han cumplido adecuadamente. Como son dos escenarios que no guardan similitud no existe una razón para pensar que deben hacerse bajo la misma metodología. Finalmente, el informe no es reservado. Se hizo público mediante el medio de divulgación institucional y se abrió un espacio para preguntas y respuestas, con un tiempo prudencial para que sean estudiadas adecuadamente.

En el último mes han salido a relucir muchas cosas feas en la Corte: denuncias sobre tutelas ‘fletadas’, exmagistrados haciendo lobby, tráfico de influencias, familiares de magistrados en la Fiscalía, y la lista sigue. ¿A qué horas llegamos a este punto?

Cada magistrado responde por sus actos, y no toda la información presenta la misma seriedad o relata hechos de igual gravedad. La Corte ha insistido en que cualquier hecho que puede resultar delictivo sea investigado y juzgado; ha decidido reforzar el control interno mediante una revisión de su reglamento, y ha destacado la necesidad de un compromiso absoluto con los estándares éticos de la profesión. No comprendo la expresión “tutelas fletadas”. El trámite de selección de las que son revisadas en la Corte fue explicado ampliamente en el informe de gestión presentado al público el 26 de marzo. En ese procedimiento, el verbo “fletar” carece de sentido.

¿Por qué le dio su voto a Jorge Pretelt para la presidencia de la Corte si sabía de la versión del abogado Pacheco sobre el supuesto soborno de $500 millones?

Voté por el magistrado Pretelt respetando una regla convencional que existe en la Corte, prácticamente, desde que comenzó a ejercer sus funciones. Esta regla plantea que los magistrados que llegan a la Corporación asuman su presidencia por orden de llegada. Por esa vía satisface una finalidad que me parece importante: evita el proselitismo interno. En segundo lugar, cuando se efectuó la votación, contrario a lo que se ha afirmado, no conocía directamente la versión del abogado Pacheco sobre el presunto pago de una suma de dinero para la escogencia de una tutela. Tuve noticia del hecho a través de una versión indirecta y con muy pocas especificaciones. Quiero agregar además una reflexión que me parece relevante. Dejar de lado la convención implicaba además de saltarse “la fila”, votar por mí y ello no se ajusta a la visión que tengo acerca de mi participación en los procesos que implican elegir a alguien.

¿No le parece que Gabriel Mendoza tuvo un silencio cómplice en este caso? ¡Pacheco le contó todo el 26 de diciembre y Mendoza vino a contarles a ustedes un mes después!

No me corresponde juzgar al doctor Mendoza. Debo reiterar que el deber de denuncia envuelve también un deber de verificación inicial sobre la seriedad de los hechos narrados, para evitar incurrir en otro delito, conocido como falsa denuncia. Entiendo que las actuaciones del doctor Mendoza consultaron esos dos deberes. Sobre la fecha en que supuestamente el señor Pacheco le narró los hechos al doctor Mendoza no puedo pronunciarme, porque no la conozco con exactitud.

Dijo el exmagistrado Rodrigo Escobar, abogado de Fidupetrol y amigo de Jorge Pretelt, que le comentó al magistrado Mauricio González sobre la tutela durante un almuerzo. Que lo hizo con carácter informativo. Y que eso no era indebido. ¿Está de acuerdo con él?

No escuché ni leí entrevistas del doctor Rodrigo Escobar.

Mejor dicho ¿Si usted hubiera sido González, qué le habría contestado a ese abogado interesado en un fallo de la Corte?

El doctor González ha indicado que no le pareció apropiada la mención del caso y que, por lo tanto, no la respondió. Yo comparto esa posición.

Por lo que ha salido en los últimos 30 días, da la sensación de que se acabó entre los magistrados aquello de “hagámonos pasito”.

Los ataques personales no deben hacer parte de la deliberación de un tribunal constitucional, básicamente, porque no constituyen buenos argumentos. Pero, tanto en lo pasado como hoy, la deliberación de los procesos es intensa y profunda, y las opiniones disidentes se suelen expresar con mucho vigor. En cuanto tribunal, la Corte funciona con un esquema de control ciudadano externo y también intraorgánico, en el cual cada magistrado controla en el campo jurídico las actaciones de los demás, dentro de las competencias que le da la Constitución.

La estrategia de Pretelt parece ser la de un hombre que decide levantar el tapete de muchas cosas indeseables que ocurren en la justicia ¿Cree que el fiscal está comprando las conciencias de los magistrados dándoles puestos a familiares de los juristas?

Es algo que no me consta y no pienso que las conciencias se compren, pues esa posibilidad desconoce la dignidad humana.

Pretelt afirmó que el fiscal hizo lobby para que en el Marco Jurídico para la Paz los guerrilleros de las Farc no pagaran cárcel ¿Qué hace un fiscal en esos menesteres? ¿Tiene eso presentación alguna?

Nada me consta sobre ese particular. Para contextualizar un poco aclaro que la Corte se ha pronunciado en dos ocasiones sobre el Marco para la Paz, en asuntos relacionados con criterios de priorización y selección de casos y la eventual participación en política de los desmovilizados. En esas dos sentencias se produjo una amplia participación de los ciudadanos y en ambas se realizaron audiencias públicas en las que el fiscal general (entre muchas otras personas, organizaciones y funcionarios) expuso su punto de vista.

¿Cómo acabar con ese odioso roscograma que parece imperar en las cortes? Magistrados que tienen a sus esposas en la Procuraduría, a hermanos en la Fiscalía, a hijos de exmagistrados en sus despachos…

No creo que sin un análisis serio y ponderado de la manera en que cada persona ha ingresado a un cargo sea posible concluir que existe un “roscograma” o un sistema de nombramientos ilegítimo.

La directora de RCN la Radio Yolanda Ruiz, en reciente columna en El Espectador, señaló que si bien todos tienen derecho a la presunción de inocencia, la sociedad también debe exigir la presunción de “decencia” de sus juristas ¿No es este suficiente argumento para que varios magistrados renuncien a la Corte?

Rescataré de esa afirmación una idea para señalar que el concepto de “juez” presupone la decencia y la expectativa legítima de la sociedad en que sus actuaciones se ajustarán siempre a los estándares éticos de la profesión. Podría concluirse entonces que los ciudadanos tienen derecho a la decencia de los jueces. Pero también debo advertir que la ausencia de esa condición no se demuestra mediante generalizaciones injustificadas, por lo que no creo que exista un “deber de renuncia” de todos los magistrados.

Los ocho magistrados de la Corte le pidieron la renuncia a Pretelt por el escándalo Fidupetrol. Él ya dijo que no se iba a ir ¿Cómo seguir administrando justicia con alguien a quien ustedes le han perdido la confianza?

Es nuestro deber seguir cumpliendo nuestras funciones. Tenemos un compromiso con la vigencia de los derechos fundamentales y el control del poder. Los ocho magistrados restantes sentamos en un comunicado nuestra posición sobre la situación del doctor Pretelt. Ahora debemos esperar el resultado de los cauces institucionales.

El gobierno Santos, los presidentes de las altas cortes, el fiscal y el Congreso le dijeron a Pretelt sin rodeos que se fuera ¿No resulta indigno quedarse cuando la institucionalidad en pleno exige su renuncia? ¿O comparte la idea de que irse sería entregarle su cabeza en bandeja de plata a sus contradictores?

Insisto en que los magistrados restantes declaramos nuestra posición a través de un comunicado de prensa, pero también deseo recordar que la renuncia es una decisión autónoma que debe partir de una reflexión personal acerca de la gravedad y seriedad de las denuncias, y de la importancia de proteger el bienestar de la Corporación.

Como presidente de la Corte Constitucional, ¿está satisfecha con las explicaciones dadas por el fiscal con respecto a las denuncias por persecución elevadas por el magistrado Pretelt?

Aclaro que ejerzo la Presidencia en encargo. Respeto la autonomía e independencia de los órganos del poder judicial, y la fiscalía hace parte de ellos. Por ello, no me corresponde juzgar sus declaraciones en cuanto a los hechos de coyuntura.

El abogado del magistrado Pretelt, Abelardo de la Espriella, dijo que la ética nada tenía que ver con el derecho. ¿Comparte esa posición?

La ética y el derecho comparten la aspiración de regular la conducta humana. Un sistema jurídico que no tenga nada que ver con la ética tendría la capacidad de incurrir en graves violaciones a los derechos humanos. Tal vez el abogado pretendió referirse a una tesis de teoría del derecho que propone que los estándares morales pueden hallarse presentes o no en el derecho. En el ámbito de las escuelas del derecho prefiero otras teorías, como las que afirman que a través de los derechos humanos —y precisamente en respuesta al Holocausto—el derecho adquirió una sustancia moral; o aquellas que señalan que los derechos humanos no son comprensibles sin acudir a la filosofía moral. La ética, o los estándares que definen lo que es un comportamiento correcto en el ejercicio de la profesión, hacen parte del concepto de juez (quien aplica la justicia) y son una condición legal para el ejercicio de la función judicial.

¿Cómo puede volver a restaurar el ciudadano la confianza en la Corte cuando ve a diario que sus magistrados se están despellejando por dentro? El viernes Pretelt le pidió la renuncia al magistrado Luis Ernesto Vargas, a quien no baja de “chuzador”, por la selección de la tutela en el caso Colmenares…

No comparto la estrategia basada en los ataques personales; estimo que frente a graves denuncias las personas deben responder de forma seria y suficiente y no intentar desacreditar a otros, máxime si con ello se le hace daño a la institucionalidad. La confianza del ciudadano en la Corte solo puede construirse a partir de sentencias en las que el tribunal asuma la defensa de los derechos y su papel como órgano de control del poder.

¿Una renuncia masiva de todos los magistrados de la Corte Constitucional y de las demás cortes es la salida más democrática a esta crisis o, al contrario, el remedio resultaría peor que la enfermedad?

La respuesta se encuentra inmersa en su pregunta. La democracia exige la separación de poderes, el control interinstitucional (o un sistema de frenos y contrapesos que evite la acumulación de poder) y la vigencia de los derechos humanos. En ese sentido, puede afirmarse que sin jueces no hay democracia. Ninguna de esas condiciones puede garantizarse sin cortes, mediante cortes nombradas interinamente o por tribunales integrados por decisiones políticas coyunturales, como ocurriría en caso de acoger esa propuesta.

¿Le gusta la idea de una supercorte que juzgue a los magistrados de las altas cortes?

Actualmente se discute una reforma a la estructura de la administración de justicia y en caso de que esta se produzca por la vía de un acto legislativo, la Corte tendría competencia para pronunciarse sobre su constitucionalidad. Opinar al respecto afectaría mi imparcialidad al momento de participar en ese debate.

jlaverde@elespectador.com