"No existe la posibilidad de pedir perdón"

Desde el pasado lunes 30 de enero hay revuelo en las Fuerzas Militares. Pero más allá de los ataques de la guerrilla en Nariño o Cauca, el tema que tiene tensionado el ambiente es el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó la condena contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos en el Palacio de Justicia. Sobre todo, por la orden al Ejército de pedir perdón a la comunidad en un acto público en la Plaza de Bolívar. Una exhortación que ningún oficial puede debatir abiertamente, pero que nadie está dispuesto a acatar.

Aunque en el interior de las Fuerzas Militares existe la convicción de que los fallos de la justicia “tienen que respetarse y cumplirse”, como lo comentó un alto oficial a El Espectador, hoy prevalece la certeza de que “pase lo que pase, no hay posibilidad de que el Ejército pida perdón”. El asunto ha sido de tal magnitud que no cesan las reuniones de los altos mandos para evaluar lo sucedido, e incluso las consultas con los asesores han contemplado la posibilidad del desacato, bajo el entendido de que en este caso no existe viabilidad para pedir perdón.

“El país tiene que entender que la sentencia en su exigencia de perdón no sólo afecta al Ejército, sino que lesiona a las Fuerzas Militares y les impone una conducta deshonrosa de expiar culpas en una plaza pública como si se tratara de una organización ilegal”, comentó un general que pidió la reserva de su nombre. La idea es que el fallo pueda ser controvertido legalmente, pero no acceder a una exigencia de perdón que extiende la eventual sanción a un comportamiento individual, a una condena para toda la institución militar.

“Por eso el perdón está descartado y la posición es unánime”, agregó la fuente. Con una consideración adicional: no se trata únicamente de una postura de los miembros activos de las Fuerzas Armadas, sino que cuenta con el respaldo y la vocería de los militares retirados, quienes no tienen la prohibición constitucional de no deliberar. En este ámbito de discusión, el asunto es aún más radical. “Nunca va a suceder que el Ejército salga a pedir perdón por una decisión que tiene un trasfondo político demasiado fuerte”, es la voz dominante.

Sin mayores apremios ni mando de tropa, uno de los oficiales más representativos de las últimas décadas, el excomandante de las Fuerzas Militares, general Jorge Enrique Mora, no tiene reservas para expresar su opinión, que dice ser la de la totalidad de los militares: “Tengan la seguridad de que ninguno de los generales de la cúpula actual ni de la que viene van a pedir perdón por el Palacio de Justicia, como quiere el Tribunal de Bogotá. Los magistrados se van a quedar con las ganas porque es un fallo que ignora el mundo militar”.

Y en una irónica postura, el general (r) Jorge Enrique Mora agregó: “Si quieren que se haga efectivo ese perdón, que busca imponer el Tribunal de Bogotá, entonces que designen a un comandante ad hoc del Ejército, ojalá que salga del Palacio Liévano, y que sea él quien pida perdón”. El objetivo no es que prevalezca la impunidad, pero sí que se entienda que el Ejército no puede promover una acción de perdón por un hecho donde, en su criterio, no ha existido el mismo rasero para evaluar las conductas del Ejército y del M-19.

En síntesis, lo que hoy prevalece en las Fuerzas Militares y los oficiales retirados es unión en torno a una idea: justicia sí, pero petición de perdón institucional, de ninguna manera. Abogados consultados por El Espectador, quienes prefirieron el anonimato para no caer en los maniqueísmos del tema, sostienen que no se trata de una posición descabellada, sino de una convicción nacida del hecho de que en cualquier caso es el Estado el que pide perdón, pero no las Fuerzas Militares que acatan órdenes emanadas del poder civil.

Esta semana, a instancias de El Espectador, la exfiscal Ángela Buitrago, quien inició las investigaciones por los desaparecidos en el Palacio de Justicia, criticó duramente la reacción del presidente Juan Manuel Santos al manifestar que es el Ejército al que se le debe pedir perdón, lo mismo que al expresidente Belisario Betancur. La fiscal Buitrago consideró que la posición asumida por el jefe de Estado equivale a enseñarles a los niños a disentir de una manera absurda los fallos que produce la justicia en un Estado de Derecho.

“Esto no es contra el Ejército (...) y no sé si el presidente Santos quiera pedirle perdón, pero lo que hizo en tono de burlarse de los magistrados y de refutar la decisión judicial es generar el mensaje de que la justicia es ridícula”, insistió la exfiscal Ángela Buitrago. En últimas, el trasfondo de la discusión sigue siendo el perdón, que según el Tribunal de Bogotá debe hacer el Ejército, pero en el interior de las Fuerzas Militares se considera un exabrupto porque las somete a realizar un acto político en contra de su honor y su institucionalidad.

A su vez, los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia reclamaron al presidente su posición frente a la sentencia, pidiéndole que no salga en defensa del expresidente Betancur o de los militares. “Yo lo único que quiero es que me digan dónde está mi hijo”, comentó Héctor Beltrán, padre de uno de los desaparecidos. “Nosotros llevamos 26 años esperando que haya verdad y justicia”, agregó César Rodríguez, hermano de Carlos Rodríguez, otro de los desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985.

Como una fórmula conciliatoria, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro —exmilitante del M-19—, ventiló otra idea: que todos pidan perdón. El expresidente Belisario Betancur, los militares y los exguerrilleros del M-19 que hoy incursionan en la vida pública. Una forma de emparejar responsabilidades y, de alguna manera, zanjar la polémica creada a partir del fallo del Tribunal Superior de Bogotá, en especial por la orden al Ejército de pedir perdón por los delitos ejecutados el 6 y 7 de noviembre de 1985, que llevaron a la desaparición de 12 personas.

La decisión impulsada por los magistrados Fernando Pareja y Alberto Poveda, además de confirmar la sentencia condenatoria contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas, ordenó al Ministerio de Defensa publicar la decisión durante un año en su página web para que sirva de ejemplo de lo que no debió hacer la Fuerza Pública y ordenar al Ministerio, al comando de las Fuerzas Militares y a los comandantes del Ejército, la Brigada 13 y la Escuela de Caballería, pedir perdón a la comunidad en un acto público realizado en la Plaza de Bolívar.

En opinión de los generales que no pueden deliberar, porque así se los prohíbe al artículo 219 de la Constitución Nacional, aunque los fallos son para respetar y cumplir, en el caso de la orden de pedir perdón descartan hacerlo. “Esa es nuestra posición hoy. Hace 26 años se actuó en cumplimiento de un mandato constitucional y hoy resulta deshonroso que se quiera condenar a toda una institución que en cualquier sociedad es la columna vertebral de la democracia”, insistió la fuente consultada, que admitió que el malestar impera entre las tropas.

Una posición que, sin tapujos, defienden los militares retirados, para quienes hacer justicia no puede significar fomentar el odio hacia la institución castrense. “Es que los magistrados no pueden ignorar cómo se ejerce el mando o cómo se maneja un ejército. Nosotros sabemos que el tema del Palacio de Justicia es un dolor para todos, que ese día hubo mucha confusión y errores, pero con un trasfondo político no puede hacer carrera que se piense que las Fuerzas Militares son un grupo de bandidos. Por eso nadie va a pedir perdón”, insistió el general (r) Jorge Enrique Mora.

Por ahora, las 968 páginas de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, incluyendo el salvamento de voto del magistrado Hermens Lara, siguen siendo examinadas frase por frase por los asesores jurídicos y los abogados de los militares. “Se están evaluando ejemplos internacionales y las consecuencias que podría generar un desacato porque el fallo da un plazo de tres meses para cumplir con la exigencia del perdón, pero por ahora hay una visión conjunta: no hay posibilidad de que se pida perdón y en cambio se va a acatar la justicia”, concluyó un alto mando.

Un tema que va para largo si se tiene en cuenta que la sentencia que condenó al coronel (r) Alfonso Plazas Vega va para casación en la Corte Suprema de Justicia, pero esperan su turno otros fallos contra oficiales investigados por los desaparecidos en el Palacio de Justicia. Eso sin tener en cuenta que ya avanzan nuevas pesquisas por la presunta ejecución extrajudicial del auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, e incluso existe un fallo pendiente que también busca que la acción del M-19, a la luz de las normas internacionales y contra la impunidad, tampoco prescriba.

“Dignidad de la justicia se respeta”

Esta semana, con ocasión de un acto de rendición de cuentas por sus primeros 18 meses de gobierno, el presidente Juan Manuel Santos recalcó que el hecho de que dé una opinión sobre una decisión judicial no implica irrespeto o desacato a esa sentencia.

El primer mandatario dejó en claro que sus observaciones sobre el fallo del Tribunal de Bogotá, en torno a la responsabilidad militar en la recuperación del Palacio de Justicia, no significan una indebida injerencia en la dignidad de la justicia que debe respetarse.

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena a 30 años de prisión contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, por el delito de desaparición forzada. El fallo deberá ser evaluado por la Corte Suprema de Justicia.

Desde el pasado lunes 30 de enero hay revuelo en las Fuerzas Militares. Pero más allá de los ataques de la guerrilla en Nariño o Cauca, el tema que tiene tensionado el ambiente es el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó la condena contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos en el Palacio de Justicia. Sobre todo, por la orden al Ejército de pedir perdón a la comunidad en un acto público en la Plaza de Bolívar. Una exhortación que ningún oficial puede debatir abiertamente, pero que nadie está dispuesto a acatar.

Aunque en el interior de las Fuerzas Militares existe la convicción de que los fallos de la justicia “tienen que respetarse y cumplirse”, como lo comentó un alto oficial a El Espectador, hoy prevalece la certeza de que “pase lo que pase, no hay posibilidad de que el Ejército pida perdón”. El asunto ha sido de tal magnitud que no cesan las reuniones de los altos mandos para evaluar lo sucedido, e incluso las consultas con los asesores han contemplado la posibilidad del desacato, bajo el entendido de que en este caso no existe viabilidad para pedir perdón.

“El país tiene que entender que la sentencia en su exigencia de perdón no sólo afecta al Ejército, sino que lesiona a las Fuerzas Militares y les impone una conducta deshonrosa de expiar culpas en una plaza pública como si se tratara de una organización ilegal”, comentó un general que pidió la reserva de su nombre. La idea es que el fallo pueda ser controvertido legalmente, pero no acceder a una exigencia de perdón que extiende la eventual sanción a un comportamiento individual, a una condena para toda la institución militar.

“Por eso el perdón está descartado y la posición es unánime”, agregó la fuente. Con una consideración adicional: no se trata únicamente de una postura de los miembros activos de las Fuerzas Armadas, sino que cuenta con el respaldo y la vocería de los militares retirados, quienes no tienen la prohibición constitucional de no deliberar. En este ámbito de discusión, el asunto es aún más radical. “Nunca va a suceder que el Ejército salga a pedir perdón por una decisión que tiene un trasfondo político demasiado fuerte”, es la voz dominante.

Sin mayores apremios ni mando de tropa, uno de los oficiales más representativos de las últimas décadas, el excomandante de las Fuerzas Militares, general Jorge Enrique Mora, no tiene reservas para expresar su opinión, que dice ser la de la totalidad de los militares: “Tengan la seguridad de que ninguno de los generales de la cúpula actual ni de la que viene van a pedir perdón por el Palacio de Justicia, como quiere el Tribunal de Bogotá. Los magistrados se van a quedar con las ganas porque es un fallo que ignora el mundo militar”.

Y en una irónica postura, el general (r) Jorge Enrique Mora agregó: “Si quieren que se haga efectivo ese perdón, que busca imponer el Tribunal de Bogotá, entonces que designen a un comandante ad hoc del Ejército, ojalá que salga del Palacio Liévano, y que sea él quien pida perdón”. El objetivo no es que prevalezca la impunidad, pero sí que se entienda que el Ejército no puede promover una acción de perdón por un hecho donde, en su criterio, no ha existido el mismo rasero para evaluar las conductas del Ejército y del M-19.

En síntesis, lo que hoy prevalece en las Fuerzas Militares y los oficiales retirados es unión en torno a una idea: justicia sí, pero petición de perdón institucional, de ninguna manera. Abogados consultados por El Espectador, quienes prefirieron el anonimato para no caer en los maniqueísmos del tema, sostienen que no se trata de una posición descabellada, sino de una convicción nacida del hecho de que en cualquier caso es el Estado el que pide perdón, pero no las Fuerzas Militares que acatan órdenes emanadas del poder civil.

Esta semana, a instancias de El Espectador, la exfiscal Ángela Buitrago, quien inició las investigaciones por los desaparecidos en el Palacio de Justicia, criticó duramente la reacción del presidente Juan Manuel Santos al manifestar que es el Ejército al que se le debe pedir perdón, lo mismo que al expresidente Belisario Betancur. La fiscal Buitrago consideró que la posición asumida por el jefe de Estado equivale a enseñarles a los niños a disentir de una manera absurda los fallos que produce la justicia en un Estado de Derecho.

“Esto no es contra el Ejército (...) y no sé si el presidente Santos quiera pedirle perdón, pero lo que hizo en tono de burlarse de los magistrados y de refutar la decisión judicial es generar el mensaje de que la justicia es ridícula”, insistió la exfiscal Ángela Buitrago. En últimas, el trasfondo de la discusión sigue siendo el perdón, que según el Tribunal de Bogotá debe hacer el Ejército, pero en el interior de las Fuerzas Militares se considera un exabrupto porque las somete a realizar un acto político en contra de su honor y su institucionalidad.

A su vez, los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia reclamaron al presidente su posición frente a la sentencia, pidiéndole que no salga en defensa del expresidente Betancur o de los militares. “Yo lo único que quiero es que me digan dónde está mi hijo”, comentó Héctor Beltrán, padre de uno de los desaparecidos. “Nosotros llevamos 26 años esperando que haya verdad y justicia”, agregó César Rodríguez, hermano de Carlos Rodríguez, otro de los desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985.

Como una fórmula conciliatoria, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro —exmilitante del M-19—, ventiló otra idea: que todos pidan perdón. El expresidente Belisario Betancur, los militares y los exguerrilleros del M-19 que hoy incursionan en la vida pública. Una forma de emparejar responsabilidades y, de alguna manera, zanjar la polémica creada a partir del fallo del Tribunal Superior de Bogotá, en especial por la orden al Ejército de pedir perdón por los delitos ejecutados el 6 y 7 de noviembre de 1985, que llevaron a la desaparición de 12 personas.

La decisión impulsada por los magistrados Fernando Pareja y Alberto Poveda, además de confirmar la sentencia condenatoria contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas, ordenó al Ministerio de Defensa publicar la decisión durante un año en su página web para que sirva de ejemplo de lo que no debió hacer la Fuerza Pública y ordenar al Ministerio, al comando de las Fuerzas Militares y a los comandantes del Ejército, la Brigada 13 y la Escuela de Caballería, pedir perdón a la comunidad en un acto público realizado en la Plaza de Bolívar.

En opinión de los generales que no pueden deliberar, porque así se los prohíbe al artículo 219 de la Constitución Nacional, aunque los fallos son para respetar y cumplir, en el caso de la orden de pedir perdón descartan hacerlo. “Esa es nuestra posición hoy. Hace 26 años se actuó en cumplimiento de un mandato constitucional y hoy resulta deshonroso que se quiera condenar a toda una institución que en cualquier sociedad es la columna vertebral de la democracia”, insistió la fuente consultada, que admitió que el malestar impera entre las tropas.

Una posición que, sin tapujos, defienden los militares retirados, para quienes hacer justicia no puede significar fomentar el odio hacia la institución castrense. “Es que los magistrados no pueden ignorar cómo se ejerce el mando o cómo se maneja un ejército. Nosotros sabemos que el tema del Palacio de Justicia es un dolor para todos, que ese día hubo mucha confusión y errores, pero con un trasfondo político no puede hacer carrera que se piense que las Fuerzas Militares son un grupo de bandidos. Por eso nadie va a pedir perdón”, insistió el general (r) Jorge Enrique Mora.

Por ahora, las 968 páginas de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, incluyendo el salvamento de voto del magistrado Hermens Lara, siguen siendo examinadas frase por frase por los asesores jurídicos y los abogados de los militares. “Se están evaluando ejemplos internacionales y las consecuencias que podría generar un desacato porque el fallo da un plazo de tres meses para cumplir con la exigencia del perdón, pero por ahora hay una visión conjunta: no hay posibilidad de que se pida perdón y en cambio se va a acatar la justicia”, concluyó un alto mando.

Un tema que va para largo si se tiene en cuenta que la sentencia que condenó al coronel (r) Alfonso Plazas Vega va para casación en la Corte Suprema de Justicia, pero esperan su turno otros fallos contra oficiales investigados por los desaparecidos en el Palacio de Justicia. Eso sin tener en cuenta que ya avanzan nuevas pesquisas por la presunta ejecución extrajudicial del auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, e incluso existe un fallo pendiente que también busca que la acción del M-19, a la luz de las normas internacionales y contra la impunidad, tampoco prescriba.

“Dignidad de la justicia se respeta”

Esta semana, con ocasión de un acto de rendición de cuentas por sus primeros 18 meses de gobierno, el presidente Juan Manuel Santos recalcó que el hecho de que dé una opinión sobre una decisión judicial no implica irrespeto o desacato a esa sentencia.

El primer mandatario dejó en claro que sus observaciones sobre el fallo del Tribunal de Bogotá, en torno a la responsabilidad militar en la recuperación del Palacio de Justicia, no significan una indebida injerencia en la dignidad de la justicia que debe respetarse.

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena a 30 años de prisión contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, por el delito de desaparición forzada. El fallo deberá ser evaluado por la Corte Suprema de Justicia.