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7 Sep 2020 - 2:51 p. m.

“No existe vínculo alguno entre los recusados y el procesado”: fiscal Barbosa sobre el caso Uribe

El apoderado del senador Iván Cepeda había solicitado la recusación del fiscal general y su vicefiscal para conocer la investigación penal en contra de Álvaro Uribe. Los voceros de la fiscalía respondieron.
Fiscal General de la Nación, Francisco Roberto Barbosa Delgado.
Fiscal General de la Nación, Francisco Roberto Barbosa Delgado.
Foto: Jorge Londoño - Fiscalía

El fiscal general, Francisco Barbosa, y su vicefiscal, Martha Janeth Mancera, respondieron a la recusación que hizo en su contra el apoderado judicial del senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, para que ellos y los fiscales delegados no conozcan de la investigación que se adelantaba en el alto tribunal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno y fraude procesal, y que fue remitida el 31 de agosto a la Fiscalía General de la nación.

Los voceros de ente investigador emitieron su decisión al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quiroz y a la magistrada ponente, Patricia Salazar Cuéllar en la que se refirieron a la recusación en su contra y a la solicitud de designar un “fiscal Ad Hoc” para adelantar dicha investigación penal. En su pronunciamiento, le expusieron al alto tribunal las razones por las cuales desde la Fiscalía se niegan las peticiones del representante de la víctima para que sean consideradas por los magistrados de la Corte.

Para empezar, indicaron que el auto de recusación debió presentarse, en primer lugar, al fiscal general de la nación y a la vicefiscal, pero que el solicitante omitió tal procedimiento. Además argumentaron que “no es la apariencia, ni la ’percepción razonable de parcialidad’ aquello que, bajo postura subjetiva de alguna de las partes o intervinientes, debe definir la configuración de estas causales (de impedimento y recusación), sino la acreditación cierta, objetiva y sustentada de alguno de los eventos expresamente definidos por el Legislador para salvaguardar la imparcialidad del funcionario”.

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El segundo punto que expusieron los funcionarios y quizá más discutido por la opinión pública es el vínculo entre ellos y el expresidente. No obstante Barbosa y Mancera aseguraron que “no existe ningún vínculo de amistad, ni mucho menos de amistad íntima entre los funcionarios recusados y el señor Álvaro Uribe” y, en ese sentido, que los argumentos presentados por el apoderado de Cepeda obedecen a “conjeturas y descalificaciones personales sin ningún fundamento jurídico”

Agregaron que “ni el fiscal general de la nación, ni su vicefiscal, tienen vínculos personales de esta índole con el procesado, ni le han brindado su apoyo o colaboración personal, como lo sugiere el apoderado del senador Iván Cepeda”. Asimismo, que la afirmación según la cual “el fiscal Barbosa no ha demostrado actuar con independencia respecto al presidente (Iván Duque) y sus allegados”, carece de sustento porque, ni el sistema de elección del fiscal general, ni el comportamiento del presidente frente a la investigación penal contra Uribe son objeto de este proceso, ni del trámite de recusación.

En tercer lugar, califican de “irrazonable” le recusación contra la vicefiscal Martha Mancera porque desconoce que ella es una fiscal de carrera con más de 27 años en la institución y se soporta en suponer que el fiscal general ejercerá presiones indebidas sobre la vicefiscal y el resto de su equipo de trabajo. Por consiguiente, que es igual de irrazonable la “recusación genérica” en contra de los fiscales delegados pues, según la postura del peticionario, todo fiscal del país carece de imparcialidad por pertenecer a la Fiscalía.

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“El apoderado de la víctima, de antemano, da por sentado el impedimento de todos nuestros funcionarios, sin saber ni siquiera quienes son, ni bajo qué causales estarían incursos. Esto, bajo la sospecha de nuevo infundada, de que el jefe del ente acusador ejercerá sobre ellos una presión indebida, en procura de un supuesto interés indeterminado. El régimen legal de impedimentos y recusaciones se predica de servidores públicos específicos. Lo que el solicitante propone es, por el contrario, una suerte de recusación institucional, por completo improcedente en el estatuto adjetivo penal colombiano”, explicaron los funcionarios en la misiva dirigida a la Corte.

El cuarto punto que expusieron el fiscal y la vicefiscal está relacionado con la actuación del fiscal Daniel Hernández, quien actúa dentro del proceso que se adelanta en contra del abogado Diego Cadena, por los mismos delitos y hechos por los que se investiga al expresidente. Indican, entonces, que no es cierto que Hernández, dentro de la actuación penal (la de Cadena), se hubiera manifestado “exculpando de participación al exsenador Uribe”, como lo afirmó el apoderado de Cepeda pues, por el contrario, el fiscal no emitió valoración de ningún tipo acerca de la responsabilidad penal de Uribe en los hechos que investiga.

Además, según los voceros de la Fiscalía, este alegato “atenta contra toda lógica” porque significaría que los conceptos del fiscal Hernández comprometerían la opinión de toda la entidad y que, en ese sentido, toda expresión de un fiscal dentro de un proceso penal inhabilitaría a todos los integrantes del órgano para conocer de alguna actuación relacionada con esa expresión. Finalmente, Barbosa y Mancera se refirieron a la solicitud de designar un “fiscal Ad Hoc” que maneje este proceso, para indicar que la petición es improcedente.

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“Si cada suspicacia, expresión o coyuntura política minara la independencia e imparcialidad del órgano persecutor y tuviera que convocarse, bajo las sospechas o percepciones de los opinadores de turno, la designación de un fiscal Ad Hoc, el cumplimiento de la misión constitucional de la Fiscalía y de sus delegados se tornaría imposible y carecería de sentido”, argumentaron. Por dichas razones, la Fiscalía rechazó la solicitud del apoderado de Iván Cepeda y remitió su decisión a la Corte Suprema de Justicia. Ahora el asunto está en manos de la Corte Suprema de Justicia que deberá evaluar los argumentos de parte y parte, para decidir en manos de quién quedará la investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez.

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