El general (r) Iván Ramírez ya está en libertad. Salió de su centro de reclusión horas después de que la jueza penal especializada María Cristina Trejos ordenara su absolución, la del mayor (r) Fernando Blanco y el sargento Gustavo Arévalo en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Los tres eran miembros del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici) cuando el M-19 se tomó la máxima sede de la justicia. La Fiscalía y los abogados de las víctimas le aseguraron a este diario que apelarán el fallo.
¿Hubo desaparecidos?
Como es usual, la justicia abordó este interrogante para afirmar que, “inequívocamente”, un grupo de personas salió del Palacio de Justicia con vida, bajo la tutela de los militares. El juzgado halló que la fuerza pública ya había etiquetado a ciertos trabajadores del Palacio como colaboradores del M-19, lo que “sin duda les impidió recobrar su libertad”. El Ejército no sólo tuvo control de la salida del Palacio, también de los lugares a donde fueron remitidos los heridos. El juzgado culpó además al Ejército por su falta de rigurosidad al remover los cuerpos después del Holocausto, lo que impidió la identificación de muchas víctimas.
¿Qué pruebas se descartaron?
El despacho de la jueza María Cristina Trejos no dio validez a los testimonios de José Yesid Cardona y Édgar Villarreal Espinel (el mismo testigo del proceso del coronel (r) Alfonso Plazas Vega). Según la jueza, el primero presentaba inconsistencias y el segundo no cumplía con los requisitos formales de una declaración, y tampoco fue posible obtener una ratificación de su parte, ya que nunca volvió a asistir a las audiencias. Así mismo, la jueza lamentó que unos casetes recuperados por la Procuraduría, en los que al parecer agentes del B-2 revelaban la participación del Coici en la desaparición de los detenidos, ya no se encuentran dentro del acervo probatorio. Agregó que no era posible concluir que el ‘Iván’ de las grabaciones de los días 6 y 7 de noviembre fuera el general (r) Iván Ramírez.
Quedan dudas
Varios indicios, sin embargo, no fueron descartados por el Juzgado. En primer lugar, que el Coici sí participó en las actividades militares de recuperación del Palacio de Justicia. Ramírez, Blanco y Arévalo lo negaron inicialmente, pero la justicia encontró que sus versiones no eran ciertas. El Coici era una de las entidades del Ejército que sabían que la toma del M-19 tendría lugar y se reiteró que la Fuerza Pública actuó irresponsablemente al retirar del Palacio su esquema de seguridad. Ramírez lo negó, pero para la Justicia quedó claro que, como lo afirmó la Fiscalía, él comandó a varios de sus hombres, entre ellos Fernando Blanco y Gustavo Arévalo, para ir al Palacio de Justicia y hacer actividades de inteligencia, tomar fotografías y reconocer a la gente que saliera del Palacio. Trabajaron principalmente con el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano (en juicio por los desaparecidos del Palacio también). Para la justicia siguen siendo claves los testimonios de los estudiantes del Externado Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, ambos trasladados al Batallón Charry Solano —en donde estaba el Coici—, interrogados y torturados. La Fiscalía sostiene que esta misma suerte corrió Irma Franco, integrante del M-19, con la diferencia de que Blanco habría muerto. El testimonio del sargento Bernardo Garzón, refutado por la defensa, siguió teniendo validez para el juzgado también.
El caso Irma Franco
Para la Fiscalía, había plena certeza de que Ramírez, Blanco y Arévalo eran responsables de la desaparición forzada de la guerrillera Irma Franco quien, según comprobó la justicia, fue trasladada a la Casa del Florero, interrogada y puesta en poder de inteligencia militar. Desde entonces nunca más se supo de su paradero.
Para el Juzgado Penal Especializado 51, sin duda Franco ya había sido identificada como miembro del M-19, razón por la cual habría sido desaparecida. El sargento de inteligencia Bernardo Garzón aseguró que a Franco la llevaron al Charry Solano, donde había sido sometida a interrogatorios y torturas.