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Adriana, pese a la gravedad de los hechos alrededor de la desaparición forzada de su padre, Ángel Quintero, hace más de 25 años, la mayoría de los colombianos no recuerda su historia ¿Cuántos años tenía usted en el año 2000, cuando se perdió cualquier rastro de él?
En ese entonces yo tenía 20 años. La última vez que hablé con él, fue cuando me llamó desde la oficina de ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), seccional Medellín. el miércoles 4 de octubre del año 2000. Después de esa llamada, nunca volví a escuchar su voz. El viernes 6 de octubre, papá salió de la casa temprano, con un miembro de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) que lo acompañaba desde cuando mi padre había sido clasificado, en un estudio de seguridad realizado en Bogotá, como persona en situación de riesgo. Ese día, él iba a ampliar su declaración en la fiscalía dentro del proceso judicial que se adelantaba por la desaparición forzada de mi primo Arbey Posso, y de mis tíos Wilson y Rubén Úsuga que había ocurrido el 25 de agosto de ese mismo año. Antes, mi tío Rubén también había declarado en la fiscalía, en otro caso: el del asesinato de su hermano Orlando, en Urabá. Cuando Rubén, mi otro tío y mi primo desaparecieron, papá se dedicó a recoger información sobre ese crimen que sucedió, como dije, un mes y 11 días antes de que mi papá fuera víctima del mismo delito: el de desaparición forzada.
¿Qué le dijo su papá en la última llamada?
Me dijo: “Tata, ¿qué piensa si le pido que nos mudemos de casa”? Le contesté: ¿“otra vez”? Él me respondió que nos viéramos el sábado siguiente y que hablaríamos. Nunca pudimos hacerlo.
¿Por qué usted le dijo: “otra vez”? ¿En cuántas oportunidades se habían trasladado de lugar de residencia?
Ya habíamos sido desplazados de Urabá y habíamos tenido que cambiar de residencia en nueve ocasiones.
¿Por qué cree que su primo, sus tíos y Ángel, su papá, eran el blanco de los criminales que los desaparecieron?
Por el contexto de los hechos, es seguro que los persiguieron porque eran miembros de la Unión Patriótica, en Urabá, en una época en que estaba en pleno desarrollo la operación criminal de exterminio en contra de sus integrantes. Además, mis tíos eran testigos, en varios procesos judiciales, contra miembros de la fuerza pública de la región.
Además de ellos, ¿es verdad que otras personas de su familia también sufrieron persecución?
Sí. En total, fuera de Orlando, ocho miembros de la familia fueron desaparecidos o asesinados: en Dabeiba (Ant.), en noviembre de 1997, mi tía Rosalba, su esposo Ananías y su hijo Joaquín; en enero del 98, en Santa Marta, adonde se había desplazado, mi abuelo Luis Fernando Rivera; en noviembre del 99, en Apartadó (Urabá antioq.), desaparecieron y asesinaron al único hijo que faltaba de la familia de Rosalba y Ananías: Orley; el 25 agosto del 2000, en Medellín, fueron desaparecidos los tres parientes que le mencioné antes: Wilson y Rubén Úsuga y mi primo Arbey Posso. Y, en octubre de ese mismo año, fue cuando retuvieron y desaparecieron, también en Medellín, a mi papá, Ángel José Quintero Mesa además de su colega Claudia Monsalve.
¿Cuándo se había vinculado su papá a la ONG ASFADDES y a qué se dedicaba en esos años?
Papá se vinculó a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, seccional Medellín, precisamente porque varios miembros de nuestra familia habían sido víctimas de ese crimen. En ASFADDES, brindaban acompañamiento jurídico y social a las familias que buscaban a sus seres queridos. Les hacían seguimiento a los casos judiciales, los impulsaban en las diferentes instancias y realizaban jornadas de pedagogía. Mi papá era un buscador y se unió a la seccional Medellín de esa asociación, en enero del 2000.
¿A qué le atribuye usted el ensañamiento contra sus parientes?
La justicia no ha podido o no ha tenido la voluntad de adelantar las investigaciones hasta llegar a juicios con pruebas contundentes para condenar a los responsables. Pero quienes sobrevivimos a la persecución oficial, sospechamos que el origen de este ensañamiento contra la familia, además de la pertenencia política de algunos de nuestros mayores a la UP, tuvo que ver con los rumores que circulaban sobre dos parientes que desde hacía muchos años no tenían contacto con nosotros, y de quienes se decía que pertenecían a un grupo armado.
¿A qué o a quiénes se refiere cuando habla de “persecución oficial”?
A que, en todos los casos, los perpetradores actuaban a plena luz del día e iban uniformados y fuertemente armados, sin temor a las autoridades del lugar. Por ejemplo, en el caso de mi abuelo, presuntos miembros de la fiscalía se presentaron a su casa y se lo llevaron; a mis tíos los detuvieron en Medellín delante de todo el mundo, a la una de la tarde, los esposaron, los subieron a un vehículo y desde ese momento, fueron desaparecidos. En Dabeiba, gente uniformada y tropas combinadas, llegaron por mi tía Rosalba y su familia, incluso con helicópteros rondando en el sitio. Es parte de la historia de Colombia que ya está contada en numerosos libros e investigaciones, que, para ese momento, el Ejército hacía operativos con los paramilitares en contra de la población civil y que había campaña de persecución a muerte contra la UP.
Entonces, ¿la persecución a su familia está enlazada, por lo menos parcialmente, con la que sufrió el partido de la UP?
Claro que sí. La persecución a la UP, en todo el país, también está suficientemente documentada, en particular la que sufrieron sus miembros en Urabá. En la sentencia en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por el exterminio de los integrantes de ese partido (30 de enero de 2023), figuran como víctimas los nombres de mi papá y de mis otros familiares. Incluso yo estoy en esa sentencia relacionada como las víctimas de desplazamiento forzado. Allí se lee que “el Estado violó los derechos a la vida, honra, libertad de expresión, circulación y residencia…”, entre otros derechos, de todos nosotros.
¿Quién era Claudia Patricia Monsalve, la persona que iba con su papá cuando los dos fueron desaparecidos después de ser retenidos por un grupo de hombres fuertemente armados y sin identificar?
Claudia también trabajaba en ASFADDES porque buscaba a su hermano Augusto Monsalve, detenido por la Policía del corregimiento de San Antonio del Prado (Valle de Aburrá), y desaparecido el 6 de mayo de 1995. Ese viernes 6 de octubre del 2000, cuando se la llevaron junto con mi padre, ellos dos se encontraban departiendo en un lugar público del centro de Medellín, con otros miembros de la asociación. Hacia las 10 de la noche, Claudia decidió irse para su casa. Mi papá fue a acompañarla al paradero de transporte público. En ese trayecto, unos cinco hombres armados los retuvieron en el cruce de la avenida Bolívar con avenida Amador; los esposaron y se los llevaron en un automóvil Chevrolet color gris que iba escoltado por una moto negra (estos datos se determinaron, después, con un testigo). Eso ocurrió en uno de los sectores más custodiados de Medellín: al lado del metro, a una cuadra de la estación de Policía de San Antonio, y a menos de 200 metros de La Alpujarra. Pero nadie intervino para ayudarlos.
¿Es cierto que cerca del día en que Ángel, su papá, y Claudia fueron desaparecidos, la justicia descubrió que las líneas telefónicas de ASFFADES habían sido interceptadas por el GAULA de la Policía de esa ciudad, con órdenes judiciales falsas expedidas por una fiscal cercana a los uniformados?
Sí, es cierto. A raíz de la investigación que se abrió por la desaparición de papá y Claudia, se descubrió que la línea telefónica de ASFADDES había sido interceptada ilegalmente y que los responsables de esa operación eran agentes del GAULA. Tiempo después, varios de ellos fueron condenados por el delito de violación ilícita de comunicaciones privadas y otros, fueron asesinados en extrañas circunstancias. Es el caso del agente Carlos Arturo Ceballos quien fue asesinado en abril de 2001, antes de una cita judicial ante la Procuraduría, a la que iba a asistir para rendir declaración sobre esa operación. El trabajo del agente Ceballos consistía en escuchar y grabar las conversaciones telefónicas de los interceptados.
De otra parte, ¿también es verdad que en la propia Fiscalía General se presentaron obstáculos para el avance de la investigación por las interceptaciones ilegales y la conexión de ese hecho con la desaparición de su papá y de Claudia?
A lo largo de estos años, no solo el sistema judicial colombiano ha protegido y apoyado a Mauricio Santoyo (hoy, general ® de la Policía) sino, también, el establecimiento político. El fiscal Alfonso Gómez Méndez abrió investigación, en 2001, en contra de Santoyo quien en ese momento era coronel y comandaba el GAULA de Medellín, y contra otros oficiales. Según un anónimo que llegó al despacho del fiscal general, cuando Santoyo dirigía el GAULA de Medellín, hizo acuerdos con la banda de sicarios La Terraza y con grupos paramilitares, entre otras acciones, para interceptar líneas telefónicas de guerrilleros o de personas de las ONG que ellos consideraran sospechosas. en 2003, el fiscal Luis Camilo Osorio cerró rápidamente la investigación.
¿Con cuáles argumentos? ¿Lo recuerda?
No, pero lo que llamó la atención en ese momento, fue la rapidez con que Osorio ordené el cierre de las pesquisas contra Santoyo. Por su parte, el procurador Edgardo Maya lo destituyó e inhabilitó por cinco años. Pero Alejandro Ordóñez, entonces magistrado del Consejo de Estado, ayudó a anular esa destitución. En el campo político, siendo ministro de Defensa de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos ordenó el reintegro provisional de Santoyo a la fuerza pública. No solo eso: a petición del partido de la U, el Congreso lo ascendió al grado de general. Entre quienes apoyaron su ascenso estaba la exsenadora en ese momento, exministra de Defensa y exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. En 2008, Santoyo recibió otro premio del gobierno Uribe cuando lo nombró agregado policial en la embajada de Colombia en Italia. En el periodo del fiscal Néstor Humberto Martínez, este eliminó la unidad que investigaba el caso, y lo trasladó a otros despachos sin asignarle fiscal para dirigir la investigación durante más de seis meses. Con la llegada de Francisco Barbosa no hubo ningún avance. Y ahí vamos.
¡Qué listado! ¿Significa que la justicia nunca ha condenado a Santoyo o a otros participantes por los hechos relacionados con la retención ilegal y desaparición forzada de su padre Ángel José Quintero y de Claudia Monsalve?
Hasta el momento no hay nadie condenado por las desapariciones de mi padre y Claudia. Llevamos más de 25 años luchando para conocer la verdad de lo que les sucedió y aún no hay respuestas. Contra Mauricio Santoyo está abierto el proceso por el escándalo de las interceptaciones ilegales del GAULA Medellín que, según entiendo, alcanzó más de 1.800 líneas telefónicas, la mayoría de ONGs de derechos humanos. Después, aparecieron pistas sobre sus vínculos con los paramilitares. Fue cuando lo extraditaron a Estados Unidos en donde lo condenaron porque se declaró culpable de asociarse con paramilitares y de colaborar con narcotraficantes. Al regresar a Colombia, en 2019, fue vinculado a la investigación por las desapariciones de papá y Claudia pero no hay avances todavía.
¿Por qué estaría vinculado Santoyo, exjefe de seguridad de Uribe Vélez durante varios años, a las desapariciones de Ángel y Claudia?
Porque fue comandante del GAULA en la época de varias desapariciones similares a las de mi papá, es decir, entre 1996 y1999; y porque dirigió el Cuerpo Élite Antiterrorista de la Policía en Medellín, entre 2000 y 2002. Fue en 2001 cuando le llegó la denuncia anónima al fiscal Gómez Méndez, que ya le mencioné, en donde relacionaba las supuestas responsabilidades de Santoyo. La carta provenía de un policía que hizo parte del GAULA. Él mencionaba a Santoyo y al capitán Harvey Grijalva Suárez como autores de muchas irregularidades, entre ellas, las interceptaciones ilícitas. También hablaba de la colaboración directa de esos dos oficiales con grupos paramilitares. Con el pasar del tiempo, esa denuncia fue corroborada por varios jefes del paramilitarismo, después de su desmovilización, en versiones que rindieron ante los tribunales de Justicia y Paz.
En particular, ¿por qué su padre podía ser objetivo militar de agentes del Estado y de los paramilitares?
Todo empezó cuando mi tío Orlando fue asesinado por miembros de la XVII Brigada del Ejército, ubicada en Carepa, Urabá, que era comandada por el general Rito Alejo del Río, condenado, después, por homicidio, genocidio y desplazamiento forzado, aunque, al igual que Santoyo, se acogió a la JEP, seguramente para ganar tiempo en libertad. Cuando mataron a mi tío Orlando, el Ejército lo presentó como un guerrillero dado de baja en combate. Los pocos testigos que hubo de ese homicidio, fueron obligados a permanecer callados y ni siquiera se les permitió retirar el cuerpo para sepultarlo. Entre ellos estaba mi tío Rubén Úsuga, asesinado después como le conté, y mi abuela Dioselina Higuita. Ese crimen generó varios desplazamientos forzados en todos nuestros núcleos familiares. Antes, en 1997, mi papá se salvó de un atentado que le hicieron en Apartadó. Nos desplazamos en la zona y después en Medellín. Mi padre, entonces, se vincula a diferentes organizaciones de derechos humanos en donde obtiene información sobre diversos hechos violentos en contra de la población y de la familia. Él decide denunciar lo que sabe ante la fiscalía, al igual que mis tíos que se habían convertido en investigadores por cuenta propia. Creo que por todas estas circunstancias, se convirtieron en objetivo de los criminales.
Santoyo acaba de ser expulsado de la JEP por no cumplir con lo que prometió en cuanto a aportar verdad sobre lo ocurrido en esos años y por, el contrario, negó sus responsabilidades ¿Usted y el resto de la familia de su papá Ángel Quintero, todavía esperan que este oficial retirado de la Policía revele lo que sucedió?
Siempre dudamos de su compromiso con la verdad y con la JEP. Reitero que Santoyo solo buscaba quedar en libertad y evadir la prisión. Fue su estrategia, también, para escapar de la acción de la justicia ordinaria.
Usted y su familia, ¿se hicieron acreditar como víctimas, en el proceso de Santoyo ante la JEP? ¿Han asistido a las audiencias y participaron en ellas? ¿Usted pudo confrontarlo, cara a cara?
Me acredité como víctima ante la JEP y el 20 de noviembre de 2025 tuve la oportunidad de preguntarle a Santoyo, a través de una pantalla, en dónde estaba mi papá. Era la primera vez, en 25 años, que podía confrontarlo en una audiencia de la justicia y que podía mirarlo a la cara. Me contestó que él también era “víctima” y que no tenía nada que ver con los hechos de mi pregunta. Pero usted misma lo ha dicho: fue expulsado de la JEP por no contribuir con la verdad.
La justicia ordinaria tendrá que reasumir los procesos contra él. Después de tantos años, ¿usted todavía espera justicia por las desapariciones de su padre y Claudia, más los otros graves casos de los que ha hablado?
Sí. No nos rendimos: esperamos que la justicia y la verdad lleguen. Han pasado muchos años y mi papá y Claudia merecen justicia. Las familias tenemos todo el derecho a llegar a la verdad, a saber qué sucedió con ellos y a lograr que nos los entreguen. Recientemente, han salido a la luz casos que estaban olvidados. Por eso, todavía guardo la esperanza.
Usted no vive en el país hace mucho tiempo ¿Cuántos hace que se fue al exterior?
Llevo exiliada 20 años. Somos sobrevivientes del exterminio de nuestra familia. No nos quedó otra opción que asilarnos. No había otra opción: teníamos que salir o morir.
“Mi cuerpo se encuentra aquí, pero que mi mente está allá”: hija de desaparecido
Adriana, usted vive hace muchos años fuera de Colombia ¿Nunca volverá? Después de 25 años, ¿cree que todavía subsisten los enemigos de su padre y demás parientes?
No descarto del todo esa posibilidad. Pero aún no creo que hay garantías para dar ese paso. Los criminales que persiguieron a mi padre, abuelo, tíos y primos todavía pueden tener poder o alguien que los proteja.
¿Cómo ha sido su vida en lugar tan lejano de su país y tan extraño a su cultura?
En Colombia viví, en carne propia, nueve desplazamientos forzados. El décimo fue el del exilio. No ha sido fácil pero aquí, en donde estoy, volví a caminar por las calles sin temor. Pude retomar la búsqueda de los desaparecidos puesto que, en Colombia, no había ninguna garantía para mí. Cuando me subí al avión sabía que emprendía un vuelo sin regreso. Y pensé: “esto va para largo”. Si me preguntara cómo me encuentro ahora, le contestaría que mi cuerpo se encuentra aquí, pero que mi mente está allá.
