No hay avances en investigación del asesinato de don Guillermo Cano: abogada Baeyens

Han pasado 100 años del nacimiento de don Guillermo Cano, el director de El Espectador, asesinado el 17 de diciembre de 1986 por sicarios al servicio del cartel de Medellín. Un hecho que marcó la historia de este diario y de la libertad de prensa.

A pesar de que son casi cuatro décadas de ese crimen, declarado en 2010 como de lesa humanidad, sigue estancado el cumplimiento de los compromisos de reparación asumidos por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001 y la impunidad reina sobre el expediente.

La abogada Angelita Baeyens, quien hace parte del equipo del Robert F. Kennedy Human Rights y de la representación de las víctimas ante el organismo internacional, habló sobre las cuentas pendientes del Estado en este crimen que intentó silenciar a la prensa.

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Han pasado 38 años del asesinato de don Guillermo Cano, ¿por qué no avanza la investigación del crimen?

El problema central es que no hay realmente avances sustantivos. Si algo sabemos es que en la lucha contra la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, como es el asesinato don Guillermo Cano, si no se esclarece la responsabilidad intelectual, no se avanza y no se lucha de verdad contra la repetición de actos similares.

El país recientemente ha estado golpeado por otros actos de violencia política y vemos que, mientras no se investigue el fondo, no es suficiente dar con los autores materiales. En el caso de don Guillermo, en los primeros años no hubo investigación de nada; fue solo 22 años después que se reabrió el proceso, cuando se vinculó a algunos involucrados, todos ellos desde la autoría material.

La narrativa de atribuir la autoridad intelectual a Pablo Escobar únicamente, desde la teoría del caso, es insuficiente. Sabemos que una de las cosas que don Guillermo denunciaba era la infiltración del narcotráfico en la política colombiana, entonces hay mucho más que descubrir y desafortunadamente los obstáculos siguen.

El paso de los años no ayuda, porque cada vez es más difícil, hay muchas personas que podrían haber dado información, que ya no están vivas y se van perdiendo las pruebas, se va enfriando todo. Son casi 39 años de un caso que es emblemático de la violencia contra el periodismo, un mal que sigue afectando a Colombia de manera muy fuerte.

Es decir, la atribución solo a Pablo Escobar es un tanto simplista de parte de la justicia…

No es que haya una atribución, judicialmente hablando, específica a Pablo Escobar; pero es el lugar en el que la teoría del caso se quedó estancada. Hay que buscar mucho más y, sí, me parece una visión muy simplista. Por eso es necesario realmente esclarecer e identificar a todas las personas que jugaron un rol en este magnicidio.

Hay dos momentos importantes en el caso. El primero en 2001, cuando la CIDH señala la responsabilidad del Estado colombiano en el crimen. El segundo es en 2010, cuando la Fiscalía General de la Nación lo declara crimen de lesa humanidad. ¿Cómo entender su relevancia dentro de la investigación?

El reconocimiento de crimen de lesa humanidad es clave, por un lado, porque tiene implicaciones jurídicas, pues la prescripción no aplica y se podría, en principio, perseguir penalmente a los responsables a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido.

Además, tiene un valor simbólico importante, porque reconoce el carácter emblemático de los hechos y de lo que implica, no solo para don Guillermo y sus familiares, sino para el país, el haber asesinado a una persona como él. Es un hito que ojalá tuviera efectos prácticos en el avance de la investigación, lo cual no hemos visto.

El 2001 debería haber sido un momento clave, pero no lo fue porque el trámite que le dio la comisión al caso fue un poco atípico, pues se traspapeló. La decisión sobre el fondo que determinó que Colombia, como Estado, había incurrido en violaciones a los derechos humanos por la falta de prevención del asesinato de don Guillermo y por el no esclarecimiento de los hechos, además del sufrimiento ocasionado a su familia.

Esa decisión no se le comunicó a la familia ni a su representante, se traspapeló. No fue hasta el 2017, gracias a un derecho de petición que presentó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se logró descubrir que había un informe de fondo y tener acceso a él.

En 2017, junto a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Flip y el Robert F. Kennedy Human Rights, revivimos el proceso ante el sistema Interamericano. Pedro Vaca, el actual relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, ayudó a reabrir las cosas; nos unimos las tres organizaciones y la familia para revivir el proceso ante la Comisión y tratar de rescatar esa decisión.

El objetivo era ver si se podían corregir los errores procesales que se habían cometido, para eventualmente llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no fue posible, la Comisión decidió que no procedía, que se corregían los errores, notificando formalmente a las víctimas y sus representantes de la decisión. Lo quedó fue darle seguimiento a las recomendaciones que hizo la comisión.

Fue en ese marco que, en representación de la familia, empezamos un proceso de negociación con el Estado para tener un acuerdo de cumplimiento en el que Colombia se comprometiera a cumplir con las recomendaciones, incluyendo el reconocimiento de responsabilidad internacional.

Por eso, si hablamos de un momento importante en cuanto al caso ante el Sistema Interamericano, lo es más el año pasado, el 9 de febrero de 2024. Fue cuando en el propio acto de reconocimiento de responsabilidad en los hechos relacionados con el asesinato de don Guillermo, el Estado y las partes, los representantes y la propia familia, doña Ana María Busquets de Cano, firmamos el acuerdo de cumplimiento.

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Sobre el acuerdo de reparación, ¿cuáles son los puntos claves y cómo va su cumplimiento por parte del Estado?

Todavía está pendiente el cumplimiento sustantivo de ese acuerdo. Fuera del acto del 9 de febrero de 2024, que fue muy hermoso, se valora el reconocimiento que hizo el Estado el año pasado de su responsabilidad. Pero el punto clave, lo que más le importa a la familia, es la investigación, que sigue sin avances sustantivos.

Luego hay un punto que también tiene un valor simbólico y de lo que llamamos carácter de no repetición, que busca preservar la memoria de don Guillermo, educar al público y concientizar a la nación: la producción de un documental sobre él y sobre la violencia que sufrió El Espectador.

Algo que ha sido muy importante es que, si bien el caso ante el Sistema Interamericano solo se refería específicamente a Guillermo Cano, la familia siempre insistió en que es importante que no se analice ese caso en el vacío, sino que se tenga en cuenta toda la violencia que sufrió El Espectador.

Este documental es un punto clave que ha sido objeto de mucho esfuerzo de la familia, que ya ha avanzado bastante en dar los parámetros de cómo debería hacerse el documental. Estamos en este momento en un “tire y afloje” con el Estado, donde parece haber muy buena voluntad, pero en la práctica, no hemos visto realmente avances concretos. Esperamos que no pase mucho más tiempo, antes de que podamos verlos reflejados.

Estamos a la espera de la decisión, entre otras cosas, del Ministerio de Hacienda, para que designe los recursos que son necesarios para la producción del documental y la resolución de otros detalles que permitan arrancar con la producción del mismo. Es una respuesta que, además, ha sido elaborada con la familia y con la Fundación Guillermo Cano. Y está el punto de la reparación, que es algo estándar en cualquier caso de violaciones de derechos humanos, pues las víctimas tienen derecho a ser reparadas integralmente. Si bien no es la prioridad para la familia, es parte del acuerdo y respecto a ello tampoco hay ningún avance.

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¿Dónde está el centro de ese “tire y afloje” con el Estado?

Está, sobre todo, en los requisitos administrativos, de contratación y asignación de recursos. No es en el punto de la elaboración del documental ni en la propuesta; ha sido más en obtener, a nivel interno de las distintas instancias que tienen que estar involucradas, el visto bueno para que se pueda hacer la asignación de recursos.

No es que no haya apertura; hemos tenido muchas reuniones, pero el tiempo va pasando y la idea era que, incluso para esta ocasión tan importante del centenario del nacimiento de Guillermo Cano, se hubiera podido, como mínimo, anunciar una fecha de lanzamiento del documental. Todavía estamos muy lejos de ese punto, desafortunadamente.

¿Había plazos para cumplir con las medidas?

En el tema del documental no nos pusimos una meta, pero el Estado no solo se comprometió a la realización y producción de un documental sobre la violencia que sufrieron El Espectador y sus periodistas, en consulta y completa participación de los familiares y sus representantes, sino a que cuando se tenga este documental, se tiene que hacer un acto público de lanzamiento.

En general, esperaríamos que esto hubiera avanzado mucho más. El acuerdo se firmó en febrero de 2024 y desde el principio de las conversaciones la idea era que teníamos un año y medio hasta el momento del centenario del natalicio. Teníamos esperanza de que, aunque no se hubiera terminado de producir el documental, que por lo menos ya estuviéramos mucho más avanzados.

En este momento todavía estamos esperando la aprobación, que se pueda dar luz verde para la producción y se designen los recursos necesarios para hacerlo. Es un proyecto, además, que sí tiene muy entusiasmada a la familia y que es muy bonito que la historia de don Guillermo Cano y de la violencia contra El Espectador es la historia de Colombia en un período muy difícil.

Es de interés para todo el país; incluso fuera de Colombia es un referente muy importante. Por eso tantas tanta expectativa y estamos muy ansiosos de ver avances concretos en materia de medidas de reparación simbólica.

El otro punto clave de los compromisos es la investigación penal, en manos de la Fiscalía. ¿Qué tanto se ha avanzado en su cumplimiento?

Realmente no se ha movido. Parte de lo que se había acordado también es que hubiera reuniones periódicas para conversar sobre los avances. La última que tuvimos fue el año pasado y no hemos vuelto a tener comunicación con la Fiscalía. En esa reunión que tuvimos no se reportaron avances significativos de ningún tipo.

Estamos en el mismo punto muerto en el que estábamos antes, incluso, de que se firmara el acuerdo de cumplimiento. Esa era la razón principal por la cual se había incluido, como un compromiso clave en este acuerdo, el avanzar con la investigación y el esclarecimiento de los hechos que rodearon el asesinato de don Guillermo Cano.

¿Pero han tenido algún tipo de comunicación con la Fiscalía con el ánimo de agendar una reunión de seguimiento?

Cuando los casos están en la órbita del Sistema Interamericano, el punto de enlace es la Cancillería, que está encargada de promover las reuniones y coordinaciones que sean necesarias. Nos ayudaron mucho el año pasado; pero este año nosotros nos hemos enfocado también mucho en el seguimiento al punto relacionado con el documental.

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Se están cumpliendo 100 años del natalicio de don Guillermo Cano y en diciembre de 2025 serán 39 años de su magnicidio, ¿de qué tamaño es la deuda del Estado frente a este crimen?

La deuda es enorme porque también es con Colombia. Un país que no conoce su pasado ni sus errores, que no esclarece graves violaciones de derechos humanos como el magnicidio de don Guillermo Cano, es un país que está condenado a repetir los hechos. Y que los repite, porque la libertad de prensa sigue siendo atacada, los periodistas en Colombia siguen sufriendo un riesgo enorme por ejercer su trabajo y hablar con la verdad al poder y a los sectores que tienen el poder, sigue siendo un ejercicio de alto riesgo. No es solo una deuda moral y simbólica, es una deuda concreta, cuyo cumplimiento tiene efectos prácticos muy graves.

En un caso tan emblemático para el país y la libertad de expresión, ¿qué mensaje deja el hecho de que el Estado y sus instituciones sigan sin ningún avance en la investigación y que los mecanismos de reparación estén estancados?

Que no se priorice un caso tan emblemático como este y el de los demás ataques que sufrieron El Espectador y sus periodistas envía un mensaje sobre dónde está en la escala de importancia la lucha contra la impunidad en cuanto a ataques a la libertad de prensa en Colombia. Es un mensaje grave y es algo que tiene que cambiar. Sabemos que las necesidades son muchas y que los recursos son limitados, pero hay decisiones de priorización que se tienen que tomar.

En un caso como este significaría mucho que esa decisión se tomara y que se viera reflejada en la designación de los recursos humanos y la atención necesaria para que realmente se pueda avanzar de una vez por todas en el esclarecimiento de los hechos. Probablemente, muchos de los involucrados ya no estén vivos por todos los años que han pasado, pero incluso en esa circunstancia es fundamental que se esclarezcan los hechos.

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Pero también es un cuestionamiento sobre el lugar que le da el Estado colombiano a este tipo de acciones de organismos internacionales, ¿no?

No debería ser necesario llegar a instancias internacionales para que se le pusiera atención a un caso, sobre todo a uno tan emblemático. Eso es muy desafortunado, también es un trasegar muy largo y difícil. Es muy diciente que no tenga la atención, a pesar de que haya una decisión internacional.

En medio de la coyuntura que vive Colombia, con un reciente magnicidio en contra de un líder político y la violencia a la prensa que no se detiene, ¿cuál es el mensaje que quisieran enviarle al Estado, a sus instituciones y al país respecto a la importancia de defender los derechos humanos y la libertad de prensa?

Este centenario es una ocasión muy linda y tampoco queremos enfocarnos solamente en lo que va mal, sino recordar el legado tan importante de don Guillermo. Una de las cosas que tratamos de resaltar es que sí es necesario avanzar de manera sustancial en la lucha contra la impunidad. Ese es el punto central, más que cualquier otra cosa.

Incluso más que el acuerdo de cumplimiento en sí, el punto central, como organizaciones que acompañamos y que escuchamos a la familia, al fin al cabo las estamos representando, es la lucha contra la impunidad. La mejor forma de conmemorar la vida de don Guillermo Cano es vencer este manto de impunidad.

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