En Colombia, cuando una mujer, niña, niño o adolescente desaparece cada minuto es vital. No hay que esperar 24 o 72 horas para empezar a buscar. Su hallazgo debe ser inmediato. Bajo esas premisas, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades se unieron para lanzar la Alerta Rosa, una herramienta que permitirá la localización de las personas reportadas como desaparecidas en el menor tiempo posible.
El mecanismo que entra en vigencia a partir de este miércoles 29 de abril, es activado a través de una alerta masiva multicanal de difusión inmediata. Posteriormente, las autoridades, organismos de socorro y ciudadanía en general se podrán articular para fortalecer las labores de búsqueda en todo el territorio nacional.
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“La desaparición forzada y las desapariciones en contextos de violencia estructural constituyen una grave violación a los derechos humanos. Aunque tradicionalmente se asocian al conflicto armado, los datos recientes muestran una afectación creciente sobre las mujeres y, en especial, sobre nuestras infancias y juventudes en escenarios marcados por la desigualdad y la impunidad”, afirmó la vicedefensora del Pueblo, Paula Aponte Urdaneta, en el evento del lanzamiento de la Alerta Rosa.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, seis de cada diez personas desaparecidas en el país son niñas y adolescentes; cuatro de cada diez son mujeres. En Bogotá, por cada diez mujeres, dos son menores de edad. En ese contexto, la Alerta Rosa se presenta principalmente como una garantía de enfoque diferencial al momento de la búsqueda. “La Alerta Rosa suma la movilización social y comunitaria, la difusión tecnológica masiva y un enfoque diferencial que reconoce los riesgos específicos que enfrentan estas poblaciones, sujetas de especial protección constitucional, con particular atención a la prevención de las violencias basadas en género”, agregó la entidad.
La desaparición de niñas y mujeres: una realidad desproporcionada
Durante 2025, en Colombia 5.397 personas fueron reportadas como desaparecidas ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De ellas, 3.169 eran niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y 2.041 eran mujeres. La Fiscalía General de la Nación registró 1.364 noticias criminales por desaparición forzada en el mismo periodo, de las cuales 401 corresponden a mujeres víctimas y 410 a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Este panorama demuestra una realidad desproporcionada.
Al lanzamiento de la herramienta asistieron organizaciones de derechos humanos, como la Fundación Nydia Érika Bautista, que se ha dedicado a lo largo de los años a la búsqueda de personas desaparecidas en el país. Andrea Torres Bautista, directora de la Fundación, explicó que se necesita un compromiso de responsabilidad para que la Alerta Rosa arroje los resultados esperados. “Este mecanismo no puede entenderse solo como una herramienta tecnológica, sino una respuesta urgente a una realidad dolorosa. La desaparición no empieza cuando se abre un expediente, empieza cuando una persona no vuelve”, señaló.
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Y agregó: “El Estado llega tarde cuando exige esperar o duda del relato de la familia. Esto minimiza la denuncia. Esta Alerta Rosa representa responsabilidad y una capacidad real para salvar vidas. La búsqueda debe ser inmediata. La implementación debe tener seguimiento y presupuesto. La búsqueda debe ser sin estigmatización. El deber es creer, activar y proteger. Buscar es una obligación del Estado”.
La Defensoría del Pueblo es una de las 17 entidades que conforman el Comité de Coordinación Nacional de la Alerta Rosa, instancia que dirige, planifica, coordina, impulsa y evalúa las acciones del mecanismo. La Secretaría Técnica del Comité es ejercida por la Fiscalía General de la Nación, entidad que ha liderado la consolidación del Protocolo de Actuación y la preparación del lanzamiento del mecanismo.
La búsqueda es inmediata
La desaparición se reporta de inmediato. No es necesario esperar 24 ni 72 horas, y el reporte puede y debe hacerse aunque falten datos. Los canales oficiales son:
• Riesgo inminente: Línea 123.
• Líneas telefónicas: 122, 155, 141 y 01 8000 91 97 84 (Fiscalía General de la Nación), 01 8000 91 80 80 (ICBF).
• Presencial: Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, ICBF, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia, Personerías Municipales, IPS y Casas de Justicia.
• Virtual: Denuncia Fácil (FGN).
“Apostarle a la Alerta Rosa no es solo una decisión institucional: es asumir, con firmeza, un compromiso real con la vida, la integridad personal y la igualdad de nuestros niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en sus diversidades. Implementar la Alerta Rosa significa que ninguna vida es prescindible, que ninguna ausencia es indiferente y que la justicia empieza por proteger a quienes más lo necesitan”, enfatizó el ministro Jorge Iván Cuervo durante el lanzamiento de la herramienta.
En contexto, esta estrategia responde a la necesidad de actuar con rapidez en casos donde el tiempo es un factor determinante. Una vez se reporte la desaparición de una persona perteneciente a estos grupos priorizados, se activará una alerta temprana a través de canales oficiales. Esto permitirá movilizar de manera articulada a autoridades locales, organismos de socorro, juntas de acción comunal, organizaciones sociales y religiosas, medios de comunicación y ciudadanía en general, fortaleciendo así las labores de búsqueda en todo el territorio, incluidas zonas de frontera y terminales aéreas, terrestres y marítimas.
“Desde la Fiscalía General de la Nación ejercemos el liderazgo de la Alerta Rosa con una convicción profunda: la búsqueda de personas desaparecidas no es solo una obligación legal, es una prioridad institucional. Como cabeza del Comité de Coordinación Nacional, nuestra responsabilidad es garantizar que este mecanismo funcione de forma articulada, rigurosa y eficaz, y que ninguna alerta se diluya entre competencias fragmentadas o respuestas tardías. La Fiscalía no coordina desde el escritorio; coordina desde la acción, desde el territorio y desde la urgencia que cada caso exige”, concluyó la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.
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