'No hay un verdadero compromiso del Estado contra la tortura'

Andrea Meraz Sepúlveda. /Oscar Pérez

La encargada de Derechos Humanos de esa entidad sostuvo un diálogo con este diario en el que se refirió, entre otras, a la falta de información sobre torturas en Colombia y a la crisis carcelaria.

Tras una visita que realizó la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) durante el 20 y el 27 de junio para verificar la situación que actualmente se vive Colombia en cuanto a las denuncias y casos de tortura que, al parecer, se han presentado en el país, los delegados de la ONG concluyeron que en Colombia no existe una voluntad para cumplir con las recomendaciones que el Comité Contra la Tortura hizo en 2009.

Hoy, en el marco de la celebración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, El Espectador habló con la mexicana Andrea Meraz Sepúlveda, encargada de DD.HH. en la OMCT, quien manifestó su preocupación porque no se han presentado avances significativos en lo que a políticas contra este flagelo se refiere. Agregó que todavía existen vacíos jurídicos que no permiten identificar en qué casos se comete o no el delito de tortura e indicó, además, que la crisis carcelaria –las cárceles es uno de los lugares de donde más denuncias por presuntas torturas recibieron– no es un tema prioritario para el Gobierno. Esta afirmación se produce mientras en el Congreso de la República se debate un nuevo Código Penitenciario y Carcelario.

¿Cuáles son los hechos que llevan a considerar un caso de violación de derechos humanos como tortura?

La definición de tortura exige un sufrimiento grande, que sea causado de manera intencional, que el responsable tenga la complicidad de un agente del Estado o es su defecto, sea éste mismo, y que tenga un objetivo que puede ser castigar, discriminar, obtener información. Sin embargo, denuncias por falta de medicamentos, la falta de acceso a la salud o las condiciones dignas de reclusión en las cárceles del país, no necesariamente son una práctica de tortura sistemática. Pero estas condiciones cuando son muy graves pueden equivaler a malos tratos, y si el umbral de gravedad llega a ser muy alto si llega a ser tortura.

¿Qué casos pueden llegar a ser tipificados como tortura?

Habría que examinar caso por caso porque tipificar el crimen no sólo se ve el hecho sino las características de las víctimas, como edad, género, situación de vulnerabilidad y condición sexual. No es fácil decir esto es tortura y aquello no. Por eso mismo el Comité Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas no ha hecho una lista de hechos que se identifiquen con este crimen.

¿Tienen cifras de Colombia en casos de tortura?

Este es uno de los principales problemas porque no se están registrando estas cifras. Ni Procuraduría, ni Fiscalía y Defensoría del Pueblo las tienen. Esta es una de las recomendaciones que hizo el CAT en el 2009, porque cuando Colombia fue en el 2009 a ser examinado por este comité, el país no pudo responder por el número de casos que se han presentado. El Comité recomendó la creación de un sistema centralizado que pueda dar cuenta del número de denuncias, de investigaciones abiertas y de condenas.

¿Tienen conocimiento de laguna condena en Colombia por tortura?

No. No logramos obtener las cifras. Algunas autoridades regionales, como las fiscalías locales, nos lograron dar algunos datos sobre los procesos que llevan adelante. Pero ni siquiera lo que nos dieron están sistematizadas, sino que como sabían que íbamos se pusieron a contar los casos. Otros ni se preocuparon.

En la visita que realizaron en Colombia les negaron el acceso a las cárceles de La Tramacua (Valledupar), La Modelo y el Buen Pastor (Bogotá). ¿Cuál es la conclusión entonces de la misión internacional?

Nos vamos es con información que nos dio la sociedad civil, las víctimas y lo poco que nos dieron las autoridades. De esto sacamos que el Gobierno reconoce que existe un problema carcelario pero que no es su prioridad. Nos queda claro que no es un tema que les interese.

¿Creen que la crisis carcelaria no es un tema prioritario en Colombia?

Sí, porque cuando les preguntamos sobre lo que están haciendo para mejorar no dan respuestas concretas. No se ven claras las acciones con las que quieren resolver el problema porque nos hablaron de la creación de nuevas cárceles y más cupos, pero ésta no es la solución. Creemos que debe existir una reforma completa a la política criminal porque en la legislación hay muchos delitos que tienen pena de prisión cuando se pueden buscar penas alternativas. También que los procesos ante los jueces de ejecución de temas son muy lentos.

¿El problema va a continuar por muchos años más?

Pues sí, yo no veo que el problema tenga una solución pronta. Si bien se habla de la reforma penitenciaria, que tiene problemas de fondo, no se va a solucionar la crisis carcelaria. Por otra parte, Colombia no quiere ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura que permitiría visitas del Sub-Comité para la Prevención Contra la Tortura y la creación del mecanismo nacional de prevención de la tortura para que vayan a las cárceles de manera regular.

En qué casos de Colombia se puede presentar tortura

El tema central de preocupación está en los casos de ejecución es extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y violaciones sexuales que generalmente son cometidas por agentes del Estado. Estos delitos están relacionados. Una personas que es desaparecida en muchas ocasiones sufrió de tortura física y sino de tortura sicológica, sin embargo, esta situación no está siendo reconocida por el Gobierno colombiano. Este crimen no se está investigando dentro de los mismos hechos que implican los delitos anteriormente mencionados.

¿En Colombia no se reconoce que existe tortura?

No a los niveles que permitan dimensionar cuáles son las cifras e indicies, porque no se considera que exista tortura en Colombia. Algo que le repetimos constantemente a la Fiscalía es que cuando ellos se enfrenten a estos casos es que tiene considerar la posible comisión del delito de tortura y realizar las correspondientes investigaciones y especialmente en los delitos conexos (detención arbitraria, desplazamiento forzado, maltrato, ejecución extrajudicial, violencia sexual, desaparición forzada, amenaza).

¿Cuál es la conclusión general?

No hay un verdadero compromiso y voluntad del Estado colombiano para cumplir con las recomendaciones del CAT. A pesar de que reconocemos algunos avances, creemos que no son suficientes.