La prestigiosa revista alemana Der Spiegel fue la que publicó en abril de 2010 un informe sobre una posible cadena internacional de sobornos en la cual las firmas alemanas aliadas Fassmer y Ferrostaal resultaron involucradas en un enredado capítulo colombiano que tenía como telón de fondo la compra de dos buques de vigilancia oceánica para la Armada. En su momento, según se divulgó, ambas multinacionales reconocieron la existencia de comisiones, pero negaron actos de corrupción en los procesos de licitación.
No era la primera vez que se advertían posibles escándalos relacionados con esta compañía europea. De hecho, bajo el título “El expediente Ferrostaal”, El Espectador publicó también en 2010 un extenso reportaje en el que se contaba la vida del oficial (r) Marceliano Corrales Larrarte, quien desde hace casi dos décadas ha venido denunciando supuestas irregularidades en contratación. El nombre de la empresa alemana ha salido a relucir en varios expedientes. No obstante, jamás se han probado responsabilidades.
En esta oportunidad, un fiscal de la Unidad Anticorrupción volvió a refrendar esa tesis. En el caso denunciado, el organismo investigador constató que no existen contratos firmados para el año 2006 con Ferrostaal, como señalaban las denuncias, y que no se hallaron evidencias de pagos de sobornos o dádivas a funcionarios de Ministerio de Defensa, la Armada Nacional o la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar).
La resolución fue proferida el pasado 22 de agosto y notificada de inmediato al Ministerio de Defensa, que divulgó la información en un extenso comunicado. En esencia, la justicia comprobó que los contratos firmados con la empresa Fassmer para la construcción y dotación de dos buques en 2008 y 2009 se ajustaron a la ley.
De acuerdo con su portal de internet, la empresa Ferrostaal es una multinacional con casi 6.000 empleados y presencia en 60 países. Su especialidad es la construcción de barcos de guerra y plantas industriales, y también la energía solar.
Por Redacción Judicial
