'No hubo mala fe, sólo errores humanos'

No hubo falsedades, manipulaciones o actuación irregular en las actas del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ). Lo único que hubo, si es que lo hubo, fueron errores humanos. Esa es la tesis que quiere hacerle creer a la Fiscalía la secretaria del alto tribunal, Yira Lucía Olarte Ávila, investigada por el presunto fraude en el nombramiento de magistrados en esa corporación.

Olarte —abogada con 20 años de trayectoria profesional, dos especializaciones y una maestría, merecedora de la medalla al mérito José Ignacio de Márquez por su destacada labor— rindió interrogatorio hace una semana y durante casi cuatro horas ofreció su versión sobre el controvertido capítulo que le dio el tiro de gracia al CSJ. Según ella, todos los seres humanos tienen errores y ella no es la excepción, pero nada tiene que esconder porque en el manejo de las actas en las que se formalizaron los cuestionados nombramientos jamás hubo mala fe.

Lo primero que explicó es que su despacho maneja una carga laboral muy grande, que tiene bajo su responsabilidad el manejo de 22 personas, que se encarga de ejecutar las decisiones administrativas de nombramientos, traslados, permisos o licencias de magistrados seccionales, las novedades de la Sala Disciplinaria del CSJ, los informes que le debe rendir al presidente sobre el funcionamiento del tribunal, así como el reparto de expedientes y tutelas y la custodia de esos procesos.

En ese contexto, señaló que ella, más que una secretaria de un alto tribunal, parece una jefa de recursos humanos. Añadió que quien elabora las actas es un subalterno suyo llamado Alberto Barrera, pero que todas las actas se socializan con los magistrados para que puedan corregirse a tiempo. La magistrada denunciante, María Mercedes López, sostuvo al contrario que en siete casos fueron designados magistrados seccionales cuyas hojas de vida no fueron discutidas en Sala Plena, pero en las actas aprobadas misteriosamente terminaron figurando sus nombres.

Yira Lucía Olarte aseguró que no hay un reglamento ni un orden para el manejo de las actas, que ella se las dicta a Alberto Barrera cotejando la información que tiene en un cuaderno de apuntes en donde detalla todas las decisiones de la Sala. Sin embargo, aclaró que antes podía revisar exhaustivamente esos documentos, pero que ya no le queda tiempo por su excesiva carga laboral. El proceso de elaboración de estas actas es muy lento. Tanto así que las de 2011 apenas fueron aprobadas por el CSJ este año.

En el caso del nombramiento de la magistrada Teresa Isabel Tovar —quien se posesionó con 55 años—, Olarte explicó que hubo una omisión que le puede pasar a cualquiera, un error de anotación en el acta, pero no en el contenido, pues según ella, su nombramiento estaba en regla y fue la Sala la que la nombró. Por eso no entiende por qué sólo ahora sale la denuncia. Incluso dijo que los magistrados Bueno, Ortega o Lizcano, entre otros, estaban en esa Sala y pueden dar fe de ese nombramiento. En síntesis, le contó a la Fiscalía que ella no podría inventarse una designación, que todo constituía un error humano.

La secretaria del CSJ insistió en que en el caso de la magistrada Tovar se hizo la voluntad de la Sala y que el 26 de agosto de 2008 estuvo entre las 2:20 y las 2:27 de la tarde en los despachos de todos los magistrados para que firmaran el acta correspondiente, sin que nadie le hubiera hecho ninguna observación. La Fiscalía insistió en esas mismas coincidencias en otros seis casos aparentemente anómalos. Por ejemplo, el nombramiento del magistrado Mauricio Méyer.

En enero de 2009 se designó a ese magistrado, pero según María Mercedes López, su nombre tampoco fue discutido. Olarte reiteró que cuando se advirtió ese error se dejó una constancia y se enmendó el asunto, tal como se ha hecho siempre, pues esos errores suelen aparecer y por eso ella acude al visto bueno de los magistrados. Lo mismo ocurrió con el nombramiento del magistrado Víctor Polo Sanmiguel, designado en 2009 cuando tenía 60 años (léase ad portas de la pensión), y ella lo reconoció en la Fiscalía. No obstante, dijo que tampoco hubo mala fe en ese momento.

La funcionaria volvió a repetir que el hecho de que no se haya anotado un nombre en un acta no significa que ese acto estuviera viciado, pues nunca nadie ha hecho un nombramiento a escondidas. Olarte manifestó que su exceso de trabajo estaba representando un riesgo y así se lo hizo saber a los magistrados, ya que a ella humanamente no le alcanza el tiempo. Sobre la sospechosa designación de Marlén Espinosa Cardoso aparecieron varias perlas. Por ejemplo, que apenas ofició como magistrada durante cuatro días.

Un episodio del que dejó constancia el magistrado Jorge Armando Otálora. Pero hay más. En enero de 2012 fue nombrada como magistrada de Caquetá María del Socorro Jiménez. Sin embargo, ella avisó que sólo podía tomar posesión en febrero. Alegando que ese despacho no podía quedar acéfalo, se decidió designar como encargada a la magistrada Claudia García Leyva. Es decir, le dieron ‘una palomita’ de un mes. Yira Olarte aseveró que de todo este proceso supo la Sala Disciplinaria del CSJ y todo contó con su bendición.

Las diferencias entre las actas finales y los borradores de las actas —donde se descubrieron las irregularidades— fueron explicadas por la secretaria como algo normal, pues los despachos siempre suelen hacerle observaciones y todo se corrige. Algunas veces los magistrados llaman directamente a Alberto Barrero para hacer esos cambios. Es más, manifestó que muchas veces esos nombramientos se hacen ‘a mil’, porque le exigen que tienen que hacerse inmediatamente y a veces ni alcanza a mirar bien los requisitos.

La secretaria añadió en su versión que también pudieron haberse presentado errores en los casos de los magistrados Alaín Costa o Amparo Malagón, al tiempo que contó una modalidad que desde hace rato se practica en el CSJ: encargar al secretario del despacho del magistrado que se va como reemplazo mientras se define su sucesor. Pero la carga laboral de ella, sostuvo, no le permite estar al tanto de todo ni mirar folio por folio de los nombramientos. De acuerdo con su relato, ella trabaja como puede.

Por último, la funcionaria que hoy acapara las sospechas de un nuevo escándalo de corrupción en el CSJ señaló que en algunas ocasiones la Sala le pide, en el momento de los nombramientos, revisar la edad del postulado y que no esté próximo a pensionarse, pero eso ocurre muy pocas veces y, además, dentro de sus funciones no está revisar los requisitos para esas designaciones. De secretaria judicial pasó a ser secretaria general, manifestó. Todo esto para concluir que jamás obró mal y que la denuncia corresponde simple y llanamente a errores humanos.

Su testimonio dejó más interrogantes que respuestas. La Fiscalía busca aclarar este episodio oscuro. Son, en apariencia, demasiadas coincidencias para calificarlas como errores humanos, como dijo la denunciante, María Mercedes López.